A cuatro días de iniciar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, el presidente Luis Abinader recorrió el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para inaugurar los pabellones de voleibol y taekwondo. El acto, cargado de simbolismo institucional, presentó como una dádiva gubernamental lo que en realidad constituye una obligación contractual asumida por el Estado dominicano al comprometerse como sede de estos juegos. Nadie construye una casa y luego se atribuye el mérito de haber cumplido con la hipoteca que firmó. Sin embargo, ese es exactamente el ejercicio narrativo que se repite cada vez que este gobierno inaugura una obra que estaba obligado a entregar. La pregunta que Despertar Matinal plantea no es si las instalaciones existen —existen—, sino a qué costo real, bajo qué mecanismos de fiscalización y con qué nivel de transparencia se manejaron los RD$9,000 millones que, según cifras oficiales, se invirtieron en el acondicionamiento del complejo.
Una obligación presentada como regalo
La República Dominicana asumió formalmente la sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 años atrás, lo que implicó un compromiso vinculante ante Centro Caribe Sports para garantizar instalaciones deportivas conforme a estándares internacionales. Ese compromiso no fue una iniciativa espontánea del actual gobierno, sino una responsabilidad de Estado heredada y ratificada en el tiempo. Según lo informado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, 16 pabellones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y del Parque del Este fueron intervenidos, mientras uno fue construido en su totalidad, con una inversión que las autoridades cifran en RD$9,000
El ministro Ito Bisonó afirmó que «construir infraestructuras siempre será relevante», y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció RD$70 millones en incentivos para atletas medallistas. Ambas cifras fueron presentadas sin desglose público detallado, sin licitaciones referenciadas por acto y sin un mecanismo claro de contraloría ciudadana que permita verificar si el monto invertido corresponde efectivamente al valor de mercado de las obras entregadas. En un país donde el gasto público en infraestructura deportiva ha sido históricamente un terreno fértil para el sobrecosto, la ausencia de esa trazabilidad no es un detalle menor.
Inaugurar lo obligatorio, ocultar lo cuestionable
El uso político del verbo «inaugurar» merece un análisis serio. Cuando un gobierno inaugura una obra que estaba jurídicamente obligado a entregar como condición de sede de unos juegos internacionales, no está regalando nada: está cumpliendo. La diferencia entre cumplir una obligación y otorgar un beneficio no es semántica, es política. Presentar el cumplimiento contractual como generosidad gubernamental es una estrategia narrativa que diluye la rendición de cuentas y traslada el centro de atención del «cuánto costó y por qué» hacia el «miren lo que les dimos».
Esto se vuelve más relevante si se considera que este gobierno, en su segundo período (desde agosto de 2024, tras el primero de agosto 2020 a 2024), ha profundizado un nivel de endeudamiento público que las propias cifras del Ministerio de Hacienda han reconocido como significativo. Presuntamente, según fuentes del sector económico que han seguido el comportamiento de la deuda pública dominicana, buena parte del financiamiento de obras vinculadas a Santo Domingo 2026 se ha canalizado a través de deuda externa e interna, cuyo servicio recae sobre las finanzas públicas de los próximos gobiernos, sean del signo político que sean.
Nadie cuestiona que la infraestructura deportiva sea necesaria ni que los atletas merezcan espacios dignos. El cuestionamiento editorial de Despertar Matinal es otro: ¿quién audita el costo real de RD$9,000 millones? ¿Existe un desglose público, obra por obra, contratista por contratista, que permita a la ciudadanía verificar que no hubo sobreprecio? Mientras esa información no se publique de forma abierta y verificable, cualquier cifra oficial debe leerse con reserva metodológica, no como un hecho consumado.
Esa es precisamente la trampa retórica del «récord histórico» aplicado a cualquier magnitud de inversión: sin un punto de comparación auditado —¿cuánto costaron pabellones similares en otras sedes centroamericanas?, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado frente a estándares regionales?—, la cifra se convierte en un ejercicio de autoelogio estatal que se valida a sí mismo. Un gobierno que se aplaude por gastar no es automáticamente un gobierno que gastó bien.
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El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte lucirá remozado para recibir a las delegaciones centroamericanas y caribeñas, y eso, en sí mismo, es positivo para el deporte nacional. Pero la ciudadanía dominicana tiene derecho a separar dos cosas que el discurso oficial insiste en fusionar: la existencia de la obra y la legitimidad del relato sobre su costo. Mientras el gobierno no publique el desglose auditado de los RD$9,000 millones invertidos, ¿con qué autoridad puede exigírsele a la población que celebre una cifra que ni siquiera ha sido sometida a escrutinio independiente?
¿Con qué autoridad puede exigírsele a la población que celebre una cifra de inversión que ni siquiera ha sido sometida a auditoría independiente?
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