BAGDAD — Un tribunal iraquí condenó el lunes a cuatro personas a seis años de prisión acusadas de promover las ideas del proscrito Partido Baath liderado por el ex líder Saddam Hussein.
El Tribunal Penal de Karkh dijo en un comunicado que los condenados fueron encontrados en posesión de materiales prohibidos en sus teléfonos móviles en la provincia de Kirkuk durante 2025 y 2026.
Después de que la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003 derrocara el gobierno autocrático de Saddam, el país implementó una amplia política de desbaazificación destinada a eliminar la influencia del Partido Baaz de las instituciones estatales.
La política estaba dirigida a ex miembros del partido, en particular a aquellos que ocupaban altos cargos durante el gobierno anterior, y provocó despidos a gran escala en todo el sector público, incluidos el ejército, la educación y la administración pública.
Sin embargo, en los últimos años estas condenas han sido raras. A algunos exfuncionarios se les permitió regresar al servicio si no estaban involucrados en delitos graves.
Aun así, las investigaciones han conducido a la descalificación de algunos candidatos en las últimas elecciones. Las personas con sentencias de desbaazificación en su contra no son elegibles para ser nominadas a puestos ministeriales, altos cargos gubernamentales y funciones de seguridad de alto nivel.
El legado de la desbaazificación sigue siendo política y socialmente sensible en Irak, particularmente entre la población minoritaria sunita del país.
Saddam era sunita y los miembros de la secta ocuparon desproporcionadamente altos cargos de liderazgo durante su época. Tras su derrocamiento, los suníes fueron los más afectados por las purgas de instituciones públicas, lo que generó resentimiento y un sentimiento de privación de derechos que en algunos casos se manifestó en el surgimiento de grupos extremistas suníes.
La Comisión de Responsabilidad y Justicia sigue siendo el organismo oficial responsable de supervisar los esfuerzos de desbaazificación. Los líderes políticos suníes en sucesivos parlamentos han pedido la disolución de la comisión, argumentando que su mandato debería reconsiderarse o ponerse fin como parte de esfuerzos más amplios de reconciliación nacional.
Los partidarios de la comisión sostienen que sigue siendo un marco legal necesario para impedir el retorno de la influencia baazista dentro de las instituciones estatales.
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