Miles de ciudadanos que marchaban contra la explotación minera en la cordillera Central fueron dispersados la tarde del domingo con gases lacrimógenos y cañones de agua, según registros en video difundidos en redes sociales y confirmados por fuentes presentes en la zona. Las fuerzas desplegadas —Policía Nacional y Ejército de la República Dominicana— utilizaron equipos antidisturbios raramente vistos fuera de los desfiles militares del 27 de febrero.
La marcha, convocada en rechazo a las operaciones de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp. en la zona de Romero, había partido desde el arco del triunfo de la ciudad y se dirigía al muro de la presa de Sabaneta, donde las fuerzas del orden estaban apostadas desde la víspera. Según testigos, la concentración reunió no solo a residentes sanjuaneros, sino también a cientos de personas llegadas desde Santo Domingo y otras provincias del país.
El pueblo de San Juan de la Maguana no quiere conceder la licencia social a la minera pic.twitter.com/cwg1FuzyU1
— Fernando Soto (@Fernandosotop) May 3, 2026
De acuerdo con un comunicado de la Jefatura de la Policía Nacional, la intervención se produjo en respuesta a una agresión con piedras por parte de manifestantes. La institución reportó como heridos a dos agentes femeninas, un agente masculino y un capitán del Ejército. En cuanto a los manifestantes, la Policía informó, «hasta el momento», de un único lesionado en una mano.
La versión oficial señala además que la violencia fue instigada por «personas infiltradas en la manifestación» y descarta el uso de armas letales. Sin embargo, la narrativa institucional contrasta con los videos que circularon en tiempo real: las imágenes muestran los chorros de agua impactando directamente sobre la multitud y detonaciones de gases disparados desde lo alto del muro de la presa, antes de que se registrara resistencia visible por parte de los manifestantes. La secuencia de los hechos, según esos registros, no ha sido explicada por las autoridades.
«Lanzar bombas lacrimógenas, lanzar rayos de agua es inaceptable. No había ningún desorden, todo estaba en paz.»
— Félix Bautista, senador por San Juan, Fuerza del Pueblo
Una protesta que incomoda más que a GoldQuest
Se hizo una protesta en contra de la explotación minera en San Juan y el gobierno respondió con bombas lacrimógenas pic.twitter.com/iAPq7p5t6Y
— Abel Vlogs (@AbelVlogsRD) May 3, 2026
La magnitud de la movilización obliga a una lectura política más amplia. Durante los casi cinco años del gobierno del presidente Luis Abinader, la narrativa oficial en materia ambiental y minera ha apostado por un discurso de «regulación responsable» y transparencia institucional. Sin embargo, el manejo del expediente GoldQuest muestra tensiones con ese relato: el Gobierno autorizó una licencia de exploración —no de explotación, según precisa el Ejecutivo— sin que mediara un proceso de consulta pública amplia con las comunidades directamente afectadas.
El argumento gubernamental de que «solo es exploración» choca con la percepción de los sanjuaneros, que ven en esa fase inicial el umbral real de entrada a una explotación posterior. La historia regional latinoamericana documenta que la transición de exploración a extracción tiende a ocurrir una vez que el capital ya está instalado en el territorio. La población, en ese marco, no espera: actúa antes.
No es un fenómeno aislado. La protesta de San Juan evoca, en escala y composición social, las grandes movilizaciones ciudadanas de años recientes: la Cadena Humana, la Marcha Verde, las concentraciones en la Plaza de la Bandera. Sin embargo, varios de los protagonistas de aquellas jornadas brillaron por su ausencia esta vez, un dato que los propios manifestantes señalaron con amargura y que plantea interrogantes sobre la instrumentalización política de las causas sociales en el país.
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El «Granero del Sur» en juego
San Juan de la Maguana es históricamente la principal zona productora de alimentos del sur dominicano. Sus ríos y la presa de Sabaneta irrigan cultivos que abastecen mercados en todo el país. Los opositores a la minería argumentan que la extracción afectaría la calidad del agua y, con ello, la viabilidad de la agricultura regional a largo plazo. No se trata de un temor abstracto: es una preocupación documentada en estudios sobre minería a cielo abierto en cuencas hídricas similares de América Latina.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha presentado públicamente los resultados completos de los estudios de impacto ambiental de la fase exploratoria ni ha establecido mecanismos de participación ciudadana vinculantes para las comunidades del entorno. Esa opacidad, más que la presencia de la minera, es lo que alimenta la desconfianza.
Se armó el lío en San Juan pic.twitter.com/3mXkGAeNWO
— Dominicano1621 (@Dominicano1621) May 3, 2026
Este domingo en San Juan quedaron más preguntas que respuestas. ¿Por qué el Ejército desplegó equipos antidisturbios antes de que hubiera disturbios? ¿En qué momento una licencia de exploración se convierte, en la práctica, en una autorización tácita de explotación? ¿Qué proceso de consulta ciudadana legitima una decisión que afecta el agua y la tierra de miles de familias? El gas se disipa; las preguntas, no.
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