Hay promesas que se graban en el asfalto y promesas que se diluyen en el presupuesto. El tramo carretero Baní–Azua, una de las arterias viales más deterioradas del sur de República Dominicana, pertenece al segundo grupo. Anunciado, comprometido y aplaudido en 2024, el proyecto de rehabilitación de esta vía no encontró en el presupuesto de 2025 la asignación efectiva que el presidente Luis Abinader prometió. El resultado es predecible: kilómetros de abandono, accidentes documentados y comunidades que siguen esperando que el Estado cumpla su palabra.
Contexto: el tramo Baní–Azua y su historia de abandono
El tramo Baní–Azua forma parte de la carretera Sánchez, uno de los corredores viales históricos que conecta el sur con la capital. De acuerdo con informes de organizaciones comunitarias y registros periodísticos locales, el deterioro de esta vía se ha profundizado durante más de una década, con parches temporales que no resuelven el problema estructural de fondo. Baches, derrumbes parciales en taludes, señalización ausente y tramos sin iluminación caracterizan el recorrido.
En el año 2024, según fuentes que documentaron el evento, el presidente Luis Abinader hizo referencia pública a la necesidad de intervenir este corredor vial, vinculando su rehabilitación al ciclo presupuestario de 2025. Este tipo de anuncio presidencial, aunque no constituye por sí mismo un compromiso jurídico vinculante, sí genera una expectativa institucional legítima frente a la ciudadanía y ante los municipios afectados.
«Según fuentes del sector vial consultadas por Despertar Matinal, la asignación presupuestaria para la rehabilitación del tramo Baní–Azua no fue incluida de forma específica y ejecutable en el Presupuesto General del Estado 2025, lo que imposibilitó el inicio de obras durante ese año fiscal.»
Esta brecha entre el anuncio y la acción no es un fenómeno aislado. De acuerdo con análisis del Observatorio de Gasto Público y reportes del Ministerio de Hacienda, la ejecución presupuestaria en infraestructura vial del país presenta históricamente desviaciones significativas entre lo presupuestado y lo efectivamente invertido, particularmente en provincias del sur.
Análisis crítico: cuando el anuncio sustituye a la obra
El caso Baní–Azua ilustra con precisión quirúrgica un patrón que se repite en la gestión pública dominicana: el anuncio como acto de gobierno. En el ecosistema político nacional, anunciar una obra tiene el mismo valor mediático que ejecutarla, pero sin el costo ni el tiempo que esta última requiere. El problema es que los ciudadanos de Baní y Azua no circulan sobre conferencias de prensa; circulan sobre asfalto.
Presuntamente, la decisión de no incluir el tramo en la planificación ejecutable de 2025 respondería a una reordenación de prioridades presupuestarias que, de acuerdo con fuentes del sector, privilegió corredores con mayor rentabilidad política y visibilidad mediática. Esta afirmación no puede verificarse en su totalidad sin acceso a los documentos internos de planificación del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), acceso que este medio ha solicitado sin respuesta al cierre de esta edición.
Blindaje jurídico: las afirmaciones sobre la no ejecución presupuestaria se basan en fuentes documentales e institucionales consultadas. Ante la ausencia de respuesta oficial del MOPC, Despertar Matinal mantiene abierta la posibilidad de rectificación con documentación que acredite lo contrario.
Lo que sí puede afirmarse, sin especulación, es que el tramo Baní–Azua no fue rehabilitado durante 2025. Conductores, transportistas de carga y habitantes de comunidades rurales que dependen de esta vía son testigos de esa omisión. Cada accidente documentado en ese corredor durante el año pasado es, en alguna medida, una consecuencia de una promesa incumplida.
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El abandono del tramo Baní–Azua no puede leerse de forma aislada. Forma parte de una tendencia estructural que afecta al sur dominicano: menor inversión en infraestructura vial per cápita en comparación con el Gran Santo Domingo y la región norte. Esta disparidad, documentada en informes de planificación del Ministerio de Economía, reproduce ciclos de pobreza y limita el acceso a servicios básicos para poblaciones que dependen de movilidad terrestre para trabajo, salud y educación.
La carretera no es solo asfalto. Es acceso. Y cuando el Estado promete ese acceso y no lo entrega, no se trata de un simple retraso administrativo: se trata de una deuda social cuya factura pagan quienes menos poder tienen para cobrarla.
Un gobierno que anuncia para titular y presupuesta para olvidar no gobierna: administra la apariencia. El tramo Baní–Azua es hoy el símbolo más concreto de esa distancia entre el micrófono y el martillo neumático. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el Estado tiene los recursos para rehabilitar esta vía. La pregunta es si tiene la voluntad política de hacerlo antes de que otro anuncio sea necesario para tapar el silencio de una obra que nunca llegó.
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