El ministro De Camps declaró que la visión del presidente es convertir las escuelas en «verdaderos centros de desarrollo comunitario». Es una frase políticamente impecable. Pero la retórica de la transformación educativa choca con una realidad que los propios datos del sector público exponen: según informes del Banco Mundial y diagnósticos del MINERD, una parte significativa de los planteles escolares del país todavía carece de condiciones básicas de infraestructura.
El hecho de que un alumno de cuarto grado agradezca públicamente al presidente por «una obra esperada por generaciones» no es un elogio al gobierno: es un testimonio involuntario de cuánto tiempo lleva el Estado sin responder a esa comunidad educativa.
Cada acto de inauguración escolar tiene dos lecturas posibles: la del gobierno que entrega una obra y la de la comunidad que llevaba años esperándola. Este domingo, en el municipio de Boca Chica, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega del techado deportivo escolar multiusos del Centro Educativo Elvira de Mendoza. La obra llegó. La pregunta que el discurso oficial no responde es cuántas obras similares siguen pendientes en los patios sin techo, en los baños inhabitables y en las aulas sin ventilación de las escuelas públicas dominicanas.
Contexto: lo que se entregó y lo que representa
Según informó el Ministerio de Educación, la infraestructura fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), bajo la dirección del ingeniero Roberto Herrera, en el marco del denominado Plan 24/7-365. La obra contempla una cancha mixta techada con graderías, cubierta en estructura metálica y aluzinc, además de baños, vestidores, salón de reuniones, rampa de acceso para personas con discapacidad, sistema hidráulico, electricidad general y trabajos de paisajismo.
De acuerdo con la información oficial, la infraestructura permitirá a los alumnos del plantel desarrollar actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias en condiciones adecuadas. En ese sentido, es innegable que una cancha techada representa una mejora tangible para los estudiantes del centro educativo, especialmente en un municipio costero donde el calor extremo y las lluvias comprometen cualquier actividad al aire libre.
En el acto estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Educación Luis Miguel De Camps, la gobernadora provincial Lucrecia Santana Leyba, el alcalde de Boca Chica Ramón Candelaria y el exfuncionario deportivo Luisín Mejía.
Cuando se invierte en espacios como este, también se invierte en la formación integral de los ciudadanos.
— Ministro Luis Miguel De Camps, acto inaugural, Boca Chica
El techado deportivo escolar multiusos de Boca Chica es una obra concreta, ejecutada y entregada. Eso merece reconocimiento. Pero el análisis responsable exige no confundir una acción puntual con una política educativa sostenida. El Plan 24/7-365, según fuentes del sector educativo, ha sido presentado como una iniciativa de amplio alcance, aunque los informes de avance públicamente disponibles no permiten verificar de forma independiente el porcentaje de escuelas beneficiadas ni los criterios de priorización territorial.
Surge entonces una pregunta estructural: ¿bajo qué metodología se seleccionan los centros que reciben obras de infraestructura? ¿Existe un mapa de necesidades escolares actualizado y de acceso público? La transparencia en la ejecución del presupuesto educativo —que representa el 4% del PIB comprometido por ley— es una exigencia democrática, no una gentileza del gobierno de turno.
El techado de Boca Chica existirá cuando las cámaras se vayan. Eso es real y eso importa. Pero la sociedad dominicana merece más que inauguraciones bien fotografiadas: merece un Estado que rinda cuentas sobre cuántas escuelas siguen esperando, cuánto dinero se ejecutó, y bajo qué criterios se decide qué comunidad espera y cuál no. La transformación educativa no se mide en actos de inauguración; se mide en la calidad del aula donde un niño aprende todos los días, con o sin presidente presente.
La afirmación del ministro De Camps es correcta en su principio: el entorno físico incide en el proceso de aprendizaje. La neurociencia educativa lo confirma. Pero esa misma lógica obliga al Estado a acelerar la agenda pendiente con las escuelas que aún no tienen techos dignos, servicios sanitarios en condiciones, ni aulas suficientes para albergar a sus matrícula real. La dignificación del espacio escolar no puede ser un privilegio de las comunidades donde llega una cámara de televisión.
Desde una perspectiva jurídica, la Constitución dominicana en su artículo 63 garantiza el derecho a la educación de calidad. Ese derecho no se agota en el currículo: incluye condiciones materiales adecuadas. Presuntamente, miles de estudiantes dominicanos asisten cada día a planteles que incumplen esa garantía constitucional, sin que el Estado haya publicado un plan de remediación con fechas y presupuestos verificables.
¿Cuántas escuelas públicas dominicanas carecen hoy de infraestructura básica y en cuántas de ellas el Estado tiene previsto intervenir antes de que terminen sus «generaciones de espera»?
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