En la República Dominicana, cada ciclo electoral suele venir acompañado de una promesa que se repite con distinto tono y el mismo entusiasmo: ahora sí, el cambio. Se presenta como una ruptura moral, como el inicio de una etapa distinta, casi como una redención colectiva frente a los abusos del pasado. Ese discurso no solo apela al hartazgo ciudadano; también construye una expectativa ética superior. Y es precisamente ahí donde comienza el problema cuando el poder llega a manos de quienes se autoproclamaron distintos.
El daño más profundo no lo provoca únicamente la corrupción en sí misma, sino la traición a la confianza edificada sobre la idea de superioridad moral. Gobernar desde el relato de la pureza y terminar reproduciendo —o perfeccionando— las mismas prácticas que se juró erradicar no es una simple falla administrativa. Es una quiebra ética. Una estafa política que deja al ciudadano no solo indignado, sino profundamente desencantado.
El discurso del cambio fue eficaz. Se habló de transparencia, de romper con viejas mañas, de poner fin a la impunidad como norma. Se prometió una forma distinta de ejercer el poder, ajena a los pactos bajo la mesa y al uso patrimonial del Estado. Ese relato no solo ganó elecciones; ganó credibilidad. Y la credibilidad, cuando se administra mal, se convierte en el pasivo más costoso de cualquier gestión.
Con el ejercicio del poder comenzaron a aparecer señales demasiado familiares. Licitaciones cuestionadas, contrataciones opacas, vínculos incómodos entre funcionarios y proveedores, decisiones administrativas difíciles de justificar. No se trató de episodios aislados ni de errores menores. La repetición convirtió la excepción en regla. Y cuando la regla se impone, deja de hablarse de fallas para hablarse de sistema.
Más preocupante aún fue la respuesta institucional. Las explicaciones se refugiaron en tecnicismos; las investigaciones avanzaron con una lentitud selectiva; las responsabilidades se desplazaron hacia niveles secundarios, cuidadosamente alejados de los centros reales de decisión. El mensaje fue claro, aunque nunca se expresara de forma explícita: la corrupción es condenable, siempre que no incomode al poder.
La impunidad no siempre se manifiesta en absoluciones formales. A veces basta con el desgaste del tiempo, con expedientes que se enfrían y procesos que se prolongan hasta perder relevancia pública. En ese terreno fértil, la corrupción no solo sobrevive: se normaliza. Y cuando se normaliza, termina convirtiéndose en cultura política.
Quienes hoy gobiernan heredaron instituciones, pero también asumieron una deuda moral con una ciudadanía que creyó en la promesa del cambio. Esa deuda se profundiza cada vez que un caso queda sin consecuencias, cada vez que la rendición de cuentas es sustituida por discursos y comunicados cuidadosamente redactados. No basta con afirmar que se actúa distinto; hay que demostrarlo, incluso cuando resulta incómodo.
Los defensores de la gestión suelen recurrir a un argumento tan conocido como insuficiente: antes era peor. Que ahora se habla de corrupción, que existen procesos abiertos, que hay voluntad política. Comparar hacia abajo no redime; apenas disimula. La vara no puede ser el pasado más oscuro, sino el estándar que se prometió alcanzar. Y ese estándar, hoy, sigue lejos.
Poco se discute sobre el impacto profundo de esta decepción reiterada. Cuando un gobierno que se presenta como distinto termina actuando igual, el daño trasciende la coyuntura. Se erosiona la fe en la política, se fortalece el cinismo y se instala la peligrosa idea de que todos son iguales. Esa conclusión, aunque comprensible, resulta funcional a quienes se benefician del desinterés ciudadano.
La historia dominicana está marcada por ciclos de esperanza y desencanto. No es un fenómeno nuevo. Lo verdaderamente preocupante es la sofisticación del discurso anticorrupción utilizado como escudo, mientras las prácticas se reproducen por otras vías. Cambian los rostros, cambian los eslóganes, pero el fondo permanece intacto cuando no se toca la estructura del poder ni se asume una rendición de cuentas real.
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Tal vez el problema no sea que se haya prometido demasiado, sino que se haya gobernado sin la coherencia mínima que exige la ética pública. Porque cuando quienes se vendieron como salvadores terminan gobernando como campeones de la corrupción, no solo fracasa un proyecto político: fracasa una oportunidad histórica. Y queda una pregunta inevitable, tan incómoda como necesaria: ¿cuántas veces más puede el país permitirse creer en relatos que no resisten el tamiz de la realidad?
