SANTO DOMINGO. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) del Distrito Nacional denunció este fin de semana el maltrato sufrido por el reportero del Listín Diario Sauro Scalella cuando intentaba cumplir su labor periodística en un evento presidencial. El hecho ocurrió el viernes pasado en el Polideportivo Club San Carlos, donde el presidente Luis Abinader compartía un almuerzo navideño con motoconchistas de la capital.
Scalella, quien cuenta con acreditación oficial para cubrir la agenda del jefe de Estado, fue interceptado físicamente por el mayor del Ejército Manuel Alejandro Fernández Tavares, subdirector de Seguridad Estática de la Dirección de Avanzada Presidencial del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), cuando se disponía a formular preguntas al mandatario.
El gremio periodístico calificó el episodio como un acto de censura indirecta que envía un mensaje preocupante a los trabajadores de la prensa y exigió una investigación inmediata sobre los hechos.
Un patrón que se repite
Este no es un caso aislado en el panorama mediático dominicano. Organizaciones internacionales de prensa han documentado episodios similares protagonizados por escoltas de altos funcionarios del gobierno durante 2025, incluyendo incidentes con la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra Faride Raful.
«La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y es esencial que se respeten los derechos de los periodistas para que puedan cumplir su función de informar a la sociedad de manera imparcial y objetiva», declaró Mario Antonio Lara Valdez, secretario general del SNTP Distrito Nacional.
El dirigente gremial enfatizó que el sindicato «condena enérgicamente» el maltrato al reportero Scalella y advirtió que estos hechos «no deben volver a ocurrir» porque comprometen el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados.
¿Dónde están los límites del CUSEP?
El incidente plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad presidencial y hasta dónde llegan sus atribuciones. El CUSEP, cuerpo de élite encargado de proteger al presidente, tiene entre sus funciones organizar la seguridad en actividades oficiales, pero su marco normativo no contempla expresamente la restricción del acceso periodístico en eventos abiertos al público.
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Fuentes del sector periodístico consultadas señalaron que en los últimos meses se ha observado un incremento en los intentos de limitar las preguntas de reporteros, especialmente en eventos no controlados directamente por el equipo de comunicaciones de la Presidencia.
El contexto nacional e internacional
República Dominicana ha sido reconocida internacionalmente por su ambiente relativamente favorable para el ejercicio periodístico. El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión ubicó al país como líder regional, destacando la ausencia de restricciones gubernamentales directas.
Sin embargo, organismos como Reporteros Sin Fronteras señalan que persiste cierto temor entre periodistas respecto a posibles vigilancias o represalias, tanto de actores gubernamentales como de grandes empresas.
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Las implicaciones para el oficio
El caso Scalella ilustra una tensión creciente entre la seguridad presidencial y el derecho ciudadano a la información. Si un reportero oficialmente acreditado no puede ejercer su profesión en un acto público, surge la pregunta: ¿qué mensaje se envía al resto del gremio periodístico?
Expertos en libertad de prensa advierten que estos episodios pueden fomentar la autocensura, ese fenómeno silencioso que hace que los comunicadores duden antes de formular una pregunta incómoda al poder.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia de la República ni el CUSEP habían emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, lo que ha generado más cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de estos protocolos de seguridad.
La voz del gremio
Las organizaciones de comunicadores han dejado claro que no tolerarán retrocesos en materia de libertad de expresión. El SNTP insistió en que el país necesita marcos legales robustos que garanticen el ejercicio del periodismo responsable y protejan a los medios frente a presiones de cualquier naturaleza.
La Constitución dominicana consagra la libertad de prensa como un derecho fundamental, y el gremio periodístico ha sido históricamente uno de los más activos de la región en la defensa de este principio democrático.
El derecho a preguntar no es un privilegio que se concede: es una garantía constitucional que ninguna credencial de seguridad debería silenciar en democracia.
