JERUSALÉN — Los legisladores israelíes aprobaron el lunes un proyecto de ley que crea un tribunal especial que intentaría tener autoridad para sentenciar a muerte a los palestinos condenados por participar en el ataque liderado por Hamás en 2023 y que desencadenó la guerra en Gaza.
La medida fue aprobada por 93-0 en la Knesset (parlamento) de 120 escaños, lo que refleja un amplio apoyo a castigar a los responsables de lo que fue el ataque más mortífero en la historia de Israel. Los 27 legisladores restantes estuvieron ausentes o se abstuvieron de votar.
Grupos de derechos humanos han criticado la medida, diciendo que hace que la pena de muerte sea demasiado fácil de imponer y al mismo tiempo elimina los procedimientos que salvaguardan el derecho a un juicio justo. Los acusados pueden apelar sus sentencias, pero las apelaciones deben ser escuchadas por un tribunal de apelaciones especial separado en lugar de los tribunales de apelaciones regulares.
Debido a que el proyecto de ley faculta a un panel de jueces para dictar la pena de muerte por mayoría de votos (y requiere que los juicios se lleven a cabo en una sala de audiencias transmitida en vivo en Jerusalén), ha generado comparaciones con el juicio de 1962 del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, que fue transmitido en vivo por televisión.
Eichmann fue ejecutado en la horca, la última vez que se aplicó la pena de muerte en Israel, aunque técnicamente la pena capital sigue vigente para actos de genocidio, espionaje durante tiempos de guerra y ciertos delitos terroristas.
Quienes se oponen al proyecto de ley también dicen que transmitir en vivo los procedimientos antes de que se establezca la culpabilidad corre el riesgo de convertir los juicios en un espectáculo. Han planteado dudas sobre la confiabilidad de las pruebas que puedan presentarse, diciendo que podrían haber sido extraídas mediante duros métodos de interrogatorio.
La guerra comenzó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes. La posterior ofensiva de Israel contra Gaza ha matado a más de 72.628 palestinos, incluidos al menos 846 muertos desde que entró en vigor un alto el fuego en octubre pasado.
Eso es según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños. Las agencias de la ONU y los expertos independientes consideran que las cifras del ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamas, son generalmente confiables.
Las fuerzas israelíes también mataron a cientos de militantes en batallas en el enclave costero y detuvieron a un número indeterminado de sospechosos bajo custodia israelí, donde ahora esperan juicio.
Simcha Rothman, uno de los patrocinadores del proyecto de ley y parte de la coalición gobernante del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, dijo que el abrumador consenso para el proyecto de ley en la Knesset muestra que los legisladores israelíes pueden unirse «en torno a una misión común».
Varios grupos israelíes de derechos humanos, incluidos Hamoked, Adalah y el Comité Público Contra la Tortura en Israel, dijeron el lunes que si bien “la justicia para las víctimas del 7 de octubre es un imperativo legítimo y urgente”, cualquier responsabilidad por los crímenes “debe perseguirse a través de un proceso que incluya, en lugar de abandonar, los principios de justicia”.
El proyecto de ley es independiente de una ley aprobada en marzo que aprobó la pena de muerte para los palestinos condenados por asesinar a israelíes, una medida duramente condenada por la comunidad internacional y grupos de derechos humanos como discriminatoria e inhumana.
Esa ley se aplica a casos futuros y no es retroactiva, por lo que no podría aplicarse a los sospechosos de octubre de 2023.
Según el Comité Público Contra la Tortura en Israel, el país todavía retiene a unos 1.300 palestinos de Gaza sin cargos en sus centros de detención. Al menos 7.000 palestinos de Gaza habían estado bajo custodia israelí desde octubre de 2023, y 5.000 de ellos fueron liberados posteriormente.
La cifra de 1.300 no incluye a los detenidos bajo sospecha de atacar a Israel el 7 de octubre o de estar involucrados en la retención de rehenes.
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