La Consulta Nacional de la Educación se expande a Europa sin rendir cuentas de sus resultados

Un foro virtual. Siete países. Tres altos funcionarios del Estado hablando en representación del gobierno. Y una pregunta que ninguno de ellos respondió: si la Consulta Nacional de la Educación es, como se afirma, un ejercicio genuinamente participativo, ¿por qué se expande sin que exista todavía un solo informe público que muestre qué se hizo con lo recogido hasta ahora en las 31 provincias y el Distrito Nacional? Escuchar a la diáspora no exige necesariamente movilizar a un ministro, un viceministro y una viceministra en un mismo evento. Exige, sobre todo, que el Estado muestre resultados antes de anunciar la siguiente fase.

El contexto que el comunicado no ofrece

La actividad, encabezada por el ministro Rafael Santos Badía junto al viceministro de Planificación Ayacx Mercedes y la viceministra de Relaciones Exteriores Celiné Toribio, reunió a representantes de comunidades dominicanas en España, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Según la información oficial, el encuentro se suma a un recorrido que ya cubrió todo el territorio nacional y antecede a una jornada similar prevista para el continente americano el 14 de julio.

Lo que el comunicado no precisa —y que Despertar Matinal ha buscado sin éxito en los canales oficiales de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa— es cuántas personas participaron realmente en las 31 provincias antes de saltar a la fase internacional, bajo qué metodología se sistematizan las respuestas, ni qué presupuesto ha demandado el operativo diplomático desplegado simultáneamente en siete países. Tampoco se ha explicado si estos foros generan un documento técnico con valor vinculante para el proyecto de ley de educación, o si constituyen, ante todo, un ejercicio de comunicación institucional que se expande geográficamente sin cerrar ningún ciclo de rendición de cuentas.

Esta ausencia de transparencia no es un detalle menor. Un proceso que se presenta como insumo para una nueva ley educativa debería, por rigor democrático, publicar su ficha técnica completa: universo de participantes por fase, criterios de selección, y forma en que las opiniones recogidas —incluidas las de la diáspora— serán ponderadas frente a las de la ciudadanía residente en el país.

Lo que sí se explicó, y lo que quedó sin respuesta

Durante el foro, el viceministro Mercedes vinculó la Consulta Nacional de la Educación con la meta presidencial de duplicar el tamaño de la economía dominicana para 2036, presentando la educación como uno de los pilares de ese objetivo. Es una meta legítima de plantear, pero conviene distinguir entre el anuncio de una aspiración macroeconómica y la evidencia de que existe una ruta metodológica clara que conecte estos foros con decisiones legislativas concretas. Anunciar un objetivo no es lo mismo que mostrar el mecanismo —y los resultados parciales— que lo hacen alcanzable.

La viceministra Toribio, por su parte, subrayó el aporte de la diáspora más allá de las remesas: inversión, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de redes internacionales. Es un argumento válido. Pero ese reconocimiento discursivo contrasta con la ausencia de un canal permanente y verificable —y no solo una gira puntual— mediante el cual la diáspora pueda comprobar que sus propuestas fueron efectivamente incorporadas.

Aquí es donde el cuestionamiento se vuelve ineludible: si el objetivo es genuinamente recoger propuestas, ¿por qué el proceso se expande sin antes cerrar y publicar los resultados de la fase nacional? La respuesta más plausible —aunque no la única posible— es que el componente de visibilidad institucional pesa, en la práctica, tanto como el componente de rendición de cuentas. Eso no convierte al ejercicio en ilegítimo, pero sí obliga a preguntarse por qué se prioriza la expansión geográfica sobre la transparencia de resultados.

Nada de lo dicho por los funcionarios es objetable en su contenido. El problema no está en las palabras pronunciadas, sino en lo que no se acompaña de evidencia verificable: cifras de participación por fase, costo del operativo internacional y garantía institucional de que las propuestas de la diáspora tendrán un peso concreto en el articulado de la futura ley de educación. Sin esos tres elementos, la Consulta Nacional de la Educación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de legitimación simbólica que se expande sin rendir cuentas de lo ya recogido, sin que ello implique necesariamente mala fe por parte de quienes la ejecutan.

Vale precisar que ninguna de las afirmaciones aquí planteadas atribuye responsabilidad penal ni administrativa a los funcionarios mencionados; se trata de un cuestionamiento sobre transparencia de proceso y rendición pública de cuentas, no de una imputación de irregularidad. Corresponde a las autoridades del MESCyT y del MINERD —si lo consideran pertinente— hacer público el desglose de costos y los resultados parciales, información que, hasta la fecha de esta publicación, no figura en sus canales oficiales.

El próximo capítulo del proceso se desarrolla con las comunidades dominicanas en América. Antes de que se repita el mismo formato, cabe preguntarse si la sociedad dominicana merece, más que otra fase geográfica, un informe público con cifras verificables sobre lo que ya se consultó.