Este miércoles el Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció, junto al Ministerio de Salud Pública (MSP), la llegada de dos equipos GeneXpert destinados a fortalecer el diagnóstico de tuberculosis y la detección de resistencia a medicamentos. La pregunta que el comunicado institucional no responde es sencilla: si la tuberculosis es una enfermedad de vigilancia epidemiológica prioritaria desde hace décadas, ¿por qué la ampliación de capacidad diagnóstica llega vía donación y no como resultado de una inversión presupuestada y planificada por el propio Estado? La administración que gobierna desde agosto de 2020, y que inició su segundo período en agosto de 2024, presenta el anuncio como un logro de gestión, pero omite explicar por qué, a esta altura del actual mandato, la Red Pública de Servicios de Salud sigue supliendo vacíos estructurales con equipamiento aportado por terceros.
Lo que dicen los números oficiales
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón. Según la información institucional, el programa nacional de tuberculosis alcanza una cobertura superior al 92%, mediante una red de más de 1,523 establecimientos de salud. Las autoridades reportaron más de 2,254 nuevos casos de tuberculosis diagnosticados durante el presente año, cifra que el ministro atribuyó al «fortalecimiento de las estrategias de búsqueda activa» y no a un incremento real de la enfermedad.
El SNS también informó que en 2025 más de 1,150 pacientes recibieron acompañamiento bajo la estrategia de Tratamiento Directamente Observado (TDO), con apoyo de 400 promotores de salud, y que en lo que va de 2026 se han realizado 12,295 consultas de apoyo psicológico. Landrón añadió que durante los primeros seis meses de 2026 se ofrecieron 25,365,650 servicios de salud en la Red Pública, una cifra que las autoridades presentan como superior a la de igual período de 2025 y a los niveles previos a la pandemia.
Ninguna de estas cifras viene acompañada de una ficha técnica pública, fuente de verificación independiente o desagregación territorial que permita a la ciudadanía o a organismos de control contrastar la información entregada por las propias instituciones que se autoevalúan.
Lo que el anuncio celebra y lo que no explica
El primer problema del anuncio es la dependencia estructural. Un equipo de diagnóstico molecular como GeneXpert no es tecnología nueva ni experimental: existe hace más de una década y su ausencia o escasez en la red pública dominicana no es un hallazgo reciente. Que su llegada se presente como donación, y no como resultado de una partida presupuestaria planificada dentro del gasto ordinario en salud, plantea una pregunta legítima sobre las prioridades reales de inversión sanitaria durante el actual período de gobierno, que ya acumula seis años en el poder repartidos en dos mandatos distintos.
El segundo problema es la narrativa del «récord». El ministro Atallah explicó que el aumento en los casos detectados responde al fortalecimiento de la búsqueda activa y no a un repunte de la enfermedad. Esa explicación puede ser cierta, pero no está respaldada por una metodología pública verificable. Sin ficha técnica, sin comparativo histórico auditado por un organismo externo y sin acceso a la data desagregada, la ciudadanía debe aceptar la interpretación oficial únicamente porque proviene de quien la produce. Un Estado que se evalúa a sí mismo, con sus propias cifras y sin contraste independiente, no está ofreciendo transparencia: está ofreciendo un comunicado de prensa con apariencia de reporte técnico.
El tercer problema es la opacidad comparativa. El SNS afirma haber superado los niveles de servicios de salud «antes de la pandemia», pero no precisa contra qué año exacto se compara, ni bajo qué criterios de medición. Comparar cifras absolutas de servicios prestados, sin ajustar por población, inflación de la demanda o cambios en la forma de contabilizar consultas, no constituye evidencia de mejora estructural del sistema; constituye, en el mejor de los casos, un dato incompleto presentado como logro consolidado.
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Es importante precisar que ninguna de estas observaciones implica una acusación de manipulación de cifras: se trata de un señalamiento sobre la ausencia de mecanismos de verificación independiente, un vacío que corresponde subsanar a las propias instituciones si buscan que sus anuncios sean recibidos como algo más que propaganda de gestión.
«Un Estado que se evalúa a sí mismo, con sus propias cifras y sin contraste independiente, no está ofreciendo transparencia: está ofreciendo un comunicado de prensa con apariencia de reporte técnico.»
La incorporación de nuevos equipos de diagnóstico molecular es, en sí misma, una noticia positiva para la Red Pública de Servicios de Salud y para los pacientes que hoy dependen de una detección más rápida de la tuberculosis. Pero una noticia positiva no exime al gobierno de responder preguntas básicas: por qué la ampliación de capacidad diagnóstica llegó por donación y no por inversión presupuestada, bajo qué metodología se sostiene el llamado fortalecimiento de la búsqueda activa, y quién audita externamente las cifras que el propio Estado utiliza para medir su propia gestión.
¿Puede un gobierno declararse exitoso en el manejo de una enfermedad prioritaria si las cifras que lo respaldan no han sido verificadas por nadie fuera de las instituciones que las producen?
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