La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la investigación por presunto lavado de activos sobre la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares —y otros bienes de lujo vinculados a posibles testaferros de dirigentes de la AFA— debe abandonar el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y regresar al Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
El máximo tribunal penal federal del país dispuso que la pesquisa continúe en la justicia federal criminal y correccional, “en resguardo de la garantía constitucional del juez natural y de una buena y pronta administración de justicia”. Ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo remita otra vez al juzgado federal “de oportuna y previa intervención”.
La decisión la tomaron los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia formal de Alejandro Slokar, quien consideró el recurso “inadmisible” por no tratarse de una sentencia definitiva. Aun así, coincidió en el fondo: el lavado de activos es competencia federal y no del Penal Económico.
El fallo de 83 carillas, al que tuvo acceso el sitio Infobaellega justo después de la audiencia del miércoles, donde el abogado Mariano Morán —defensor de los acusados Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la sociedad “Real Central”— reclamó el regreso a Campana por una cuestión territorial. La fiscalía de Mario Villar se opuso, argumentando que la causa es más amplia y tiene hechos originados en la Ciudad de Buenos Aires. Casación le dio la razón a la defensa.
El mes pasado, por orden de la Cámara en lo Penal Económico, González Charvay había girado el expediente al Juzgado Penal Económico 10 de CABA (subrogado por Verónica Straccia), que lo delegó en la fiscalía de Claudio Navas Rial. Ahora el expediente hace el camino de vuelta. Y no es un detalle menor: el regreso a Campana es exactamente lo que pedían los imputados y, en la práctica, les otorga un beneficio procesal evidente al devolverles el juez de origen que la propia defensa reclamaba.
El fuero del posible delito y el favor a los investigados
En el fallo, los magistrados recordaron que el Penal Económico no tiene competencia sobre lavado de activos, según precedentes de la Corte Suprema y de Casación. Borinsky y Barroetaveña subrayaron que ese fuero tiene una competencia especializada fijada por ley y que no puede extenderse a delitos no previstos: no existe norma que le atribuya el artículo 303 del Código Penal, “que es de competencia estrictamente federal”.
La sentencia aclara que lo resuelto no implica retrotraer la pesquisa, demorar la investigación ni invalidar lo actuado. Casación convalidó las actuaciones previas y pidió continuar. Pero el efecto concreto es otro: el caso vuelve al ámbito que reclamó la defensa de los supuestos testaferros, en una causa que apunta a bienes de lujo vinculados a la AFA y a objetos hallados que pertenecerían al tesorero Pablo Toviggino.
Cómo empezó la causa
La investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte. Según la acusación, quienes figuran como dueños de la casaquinta de Villa Rosa, Pilar, no tendrían ingresos que justifiquen semejante inversión. Se los investiga como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. En un allanamiento se encontraron objetos que, según la pesquisa, pertenecerían a Toviggino. También se vinculó una flota de 54 vehículos de colección y alta gama valuada en casi 4 millones de dólares hallada en un galpón.
El primer juez, Daniel Rafecas, había enviado el expediente al Penal Económico, que rechazó la competencia. Tras sucesivos planteos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió en junio que la causa quedara radicada en el Juzgado Penal Económico 10. La defensa apeló y el asunto llegó a Casación, que ahora, por primera vez, examinó el fondo y resolvió a favor del regreso a Campana.
La justicia que se mueve pero a favor de quién
La decisión de Casación se presenta como un ordenamiento técnico de competencias. En los hechos, beneficia a los imputados: les devuelve el juez que su abogado reclamó, mueve el expediente una vez más y genera el típico vaivén de la justicia argentina que dilata y confunde más de lo que aclara. Mientras la causa sigue apuntando a posibles testaferros de la dirigencia de la AFA y a un patrimonio de lujo difícil de justificar, el máximo tribunal penal federal les entrega a los investigados el escenario procesal que pedían.
Chiqui Tapia y la cúpula de la AFA no figuran como imputados en este tramo, pero la investigación los rodea de manera permanente: la quinta millonaria, los objetos de Toviggino, los vehículos de alta gama y la sospecha de testaferros. Cada movimiento judicial que favorece a los acusados —aunque sea por razones de “juez natural”— alimenta la sensación de que el sistema sigue ofreciendo respiros a quienes están bajo la lupa de una de las causas más sensibles del fútbol argentino.
La pesquisa continúa. Casación ordenó avanzar “sin dilaciones”. Resta ver si esta vez el expediente deja de circular entre fueros y empieza a producir resultados concretos, o si el regreso a Campana termina siendo otro capítulo más de una historia que, por ahora, sigue favoreciendo a los investigados.
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