Delcy Rodríguez anunció oficialmente que hoy se concretará la liberación de 131 presos políticos venezolanosun hecho que se interpreta en el plano Internacional como un retroceso estratégico del chavismo. Este anuncio representa una de las medidas más significativas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrerodiseñada bajo una fachada de distensión política.
La histórica noticia fue celebrada inmediatamente por el secretario de Estado de la administración de Triunfo, Marco Rubioquien a través de su cuenta en la plataforma incógnita emitió una contundente declaración: «La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación. Desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos».
Este proceso de excarcelaciones ocurre inmediatamente después del primer encuentro formal celebrado entre representantes del régimen chavista y un sector de la oposición venezolana, encabezado en la mesa de diálogo por la representante Dinorah Figuera.
En esta ronda inicial de negociaciones, las partes acordaron avanzar en reformas clave, tales como la renovación de la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de valiosos activos financieros retenidos en Inglaterra.
Desde el punto de vista institucional, el anuncio fue canalizado a través del Programa para la Paz y la Convivencia Democráticael cual atribuyó la ejecución de las medidas a los tribunales del país tras las solicitudes procesales del Ministerio Público.
No obstante, los expedientes revisados corresponden a ciudadanos que el interinato vinculó con supuestos ataques contra la institucionalidad y la estabilidad nacional, una etiqueta recurrente de la justicia oficialista.
Aunque el régimen intenta instrumentalizar políticamente este hecho, las organizaciones de derechos humanos han sido enfáticas al alertar que una excarcelación bajo medidas cautelares de ninguna manera equivale al reconocimiento de la inocencia de las víctimas. Muchos de los que hoy salen de prisión seguirán sometidos a rigurosas restricciones judiciales fuera de las celdas.
Yendo a las historias particulares de esta persecución, el caso de Emirlendris Benítez destaca como uno de los ejemplos más inhumanos y crueles de la dictadura. Benítez fue detenida en agosto 2018 mientras cursaba cuatro meses de embarazotras ser falsamente vinculada con un atentado con drones ejecutado en Caracas durante un acto militar en el que participaba el ex dictador Nicolás Maduro.
La justicia chavista la sometió a una condena desproporcionada de 30 años de prisión bajo cargos de terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración.
Durante su injusto encarcelamiento, Benítez sufrió severas torturas físicas bajo custodia que le provocaron la pérdida de su embarazo y graves problemas de movilidadal punto de quedar confinada a una silla de ruedas por dolores crónicos y lesiones permanentes.
Su situación de extrema vulnerabilidad movilizó a la comunidad internacional; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en su beneficio en 2020.
Asimismo, en el año 2022el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió su liberación inmediata tras catalogar su detención como completamente arbitraria.
La salida de Benítez se efectuó junto con la de otras cinco mujeres. Al cierre de la jornada, la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó un total de 17 excarcelaciones efectivas y recomendó prudencia para consolidar una cifra final.
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró la excarcelación de Benítez pero recordó a la opinión pública internacional que la opresión no ha cesado por completo, declarando firmemente: “La lucha no termina aquí”.
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