Política. El Partido de la Liberación Dominicana denuncia ante el país el abandono que enfrenta la provincia Montecristi, donde el Gobierno del PRM ha sustituido la buena gestión por una cadena de anuncios incumplidos: promete inversiones, fija fechas y anuncia obras que nunca llegan.
Estos seis años de Gobierno del PRM, han sido de pérdidas y abandono. Esta desatención ya no constituye únicamente un problema territorial: deteriora la calidad de vida de las familias, devalúa la inversión pública y amenaza la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
Cuando en una misma provincia fallan simultáneamente el agua potable, la atención hospitalaria, la infraestructura educativa, la continuidad de las obras públicas y el respaldo a la producción agropecuaria, no estamos frente a dificultades aisladas.
Estamos frente al abandono de un territorio estratégico para el desarrollo nacional.
Montecristi aporta cerca del 10% de la producción nacional de arroz. Esto significa que aproximadamente uno de cada diez quintales producidos en el país tiene su origen en esta provincia. Por tanto, su deterioro no perjudica únicamente a quienes viven allí: afecta la capacidad productiva, el empleo rural y el abastecimiento de alimentos de toda la nación.
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La primera evidencia de esta desatención es la crisis del agua potable.
En comunidades de la zona costera y en otros puntos de la provincia, las familias pasan hasta un mes sin recibir agua. Para cocinar, bañarse, lavar la ropa y mantener condiciones básicas de higiene, deben esperar camiones tanqueros o destinar parte de sus ingresos a comprar un servicio que el Estado tiene la obligación de garantizar.
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En septiembre de 2021, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) anunció que en 45 días tendría un informe y que, en un plazo de ocho meses, ofrecería una respuesta definitiva a las comunidades de la zona costera. La institución presentó públicamente aquella intervención como la solución a los problemas de agua potable y saneamiento de Montecristi.
Los plazos vencieron. La solución no llegó. La falta de agua aumenta los gastos de los hogares, eleva los riesgos sanitarios, afecta las escuelas, paraliza pequeños negocios y limita el desarrollo agrícola, turístico y comercial de las comunidades. La segunda expresión de este abandono es el Hospital Municipal de Villa Vásquez.
El 29 de noviembre de 2021, el Gobierno anunció oficialmente su construcción, con una inversión estimada de RD$2,500 millones, y estableció como fecha de terminación el primer trimestre de 2023. Ese plazo venció. Posteriormente, volvió a anunciarse su entrega para noviembre de 2025, pero hoy la población continúa sin recibir una respuesta definitiva.
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En el área de la salud, una promesa incumplida no se mide únicamente en meses. Se mide en pacientes obligados a desplazarse, familias que incurren en gastos adicionales y emergencias que deben ser atendidas lejos de la comunidad. Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción anunciado, sino por las vidas que puede proteger y los servicios que ofrece a la población.
La falta de continuidad también alcanza la educación y la infraestructura técnica.
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El levantamiento realizado en la provincia identifica centros educativos que fueron dejados con niveles de ejecución entre 60% y 95%, y que casi seis años después todavía no han sido concluidos.
También sigue pendiente el edificio regional del Indhri en Las Matas de Santa Cruz, dejado con cerca de un 80% de avance y concebido para apoyar la administración del riego en Montecristi, Dajabón y Santiago Rodriguez.
Desde el punto de vista de la inversión pública, esta paralización genera un doble perjuicio. Por un lado, estudiantes, maestros, productores y comunidades no reciben los servicios para los cuales se destinaron los recursos. Por otro, las estructuras se deterioran, pierden valor y requieren mayores inversiones para ser terminadas.
Cuando una obra tan avanzada queda abandonada, la población no obtiene el servicio para el cual fue construida, la inversión realizada pierde valor y concluirla termina costándole más al país. En el caso de las escuelas, el daño es aún mayor: niños y jóvenes continúan recibiendo docencia en condiciones inadecuadas mientras las aulas que necesitan permanecen inconclusas.
La situación más preocupante se encuentra en el campo.
Los productores de tabaco de la zona costera mantienen parte de su cosecha almacenada porque no encuentran mercado suficiente para comercializarla.
Detrás de cada cosecha que no se vende hay préstamos, inversiones, empleos y familias cuyo sustento depende de esa actividad.
En el caso del arroz, los productores reportan que el costo de sembrar una tarea pasó de aproximadamente RD$5,000 y RD$6,000 a cerca de RD$11,000, un incremento superior al 100%.
También señalan que una funda de abono que costaba alrededor de RD$1,600 puede alcanzar actualmente los RD$3,600.
En la producción de leche, el es igualmente grave: producir un litro puede costar cerca de RD$30, mientras algunos ganaderos reciben aproximadamente RD$26 por su venta. Eso significa producir con pérdidas.
Ninguna actividad económica puede sostenerse cuando el precio recibido no cubre los costos. De continuar esta situación, agricultores y ganaderos reducirán sus operaciones o abandonarán la producción, con consecuencias directas sobre el empleo, la economía local y el abastecimiento nacional.
A los elevados costos se suma un serio problema de comercialización.
En mayo de 2025, el Gobierno proyectó una cosecha nacional superior a 15 millones de quintales de arroz y afirmó que la producción nacional superaba el consumo interno. Sin embargo, apenas dos meses después, más de 7,000 productores de Montecristi denunciaron que habían ingresado al país más de 4 millones de quintales de arroz importado, que las factorías se encontraban saturadas y que no existía capacidad suficiente para recibir la cosecha local.
Las importaciones pueden ser necesarias cuando existe un déficit real, pero no pueden autorizarse sin considerar los inventarios disponibles, el calendario de cosecha, la capacidad de almacenamiento y el volumen de la producción nacional. Cuando el arroz importado entra mientras el agricultor dominicano intenta vender, desplazan la producción local, presionan los precios y compromete la próxima siembra.
Importar mientras la cosecha nacional no encuentra mercado no es seguridad alimentaria: es dependencia alimentaria.
El Gobierno conoce cada uno de estos problemas. Lo que falta no es información, sino voluntad política, visión y capacidad de gestión. Después de tantos anuncios incumplidos, resulta evidente que ha perdido el control de la respuesta institucional y no ha atendido a Montecristi con la urgencia que su situación exige.
