La legislatura concluyó y con ella se apagó, otra vez, la expectativa de una reforma a la Seguridad Social que el Poder Ejecutivo prometió y no cumplió. El proyecto de modificación a la Ley 87-01 nunca llegó al Congreso Nacional.
No se trata de un olvido menor. Es la segunda vez que el actual gobierno posterga un compromiso que el propio presidente calificó como prioritario para millones de dominicanos que dependen del sistema.
El compromiso que no se sostuvo
El 16 de agosto de 2024, al juramentar su segundo período presidencial, Abinader anunció que su gobierno presentaría ese mismo año la propuesta de reforma a la Seguridad Social. La legislatura terminó sin que el texto llegara al hemiciclo.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el superintendente Miguel Ceara Hatton, habían asegurado en mayo que la propuesta estaba «casi lista». Meses después, la comisión bicameral que estudiaba el tema suspendió sus trabajos a la espera de un documento que nunca llegó.
La Ley 87-01, vigente desde 2001, regula pensiones, el Seguro Familiar de Salud y el funcionamiento de las AFP y las ARS. Actualizarla es una demanda sostenida por sindicatos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil desde hace más de una década.
Cuando un gobierno anuncia una fecha concreta —no una intención vaga, sino un año específico— y esa fecha pasa sin explicación pública, la pregunta no es si hubo incumplimiento, sino por qué no se ha rendido cuentas al respecto. El silencio institucional sustituye al informe técnico que la ciudadanía merecería recibir.
El segundo elemento crítico es el patrón de repetición. En 2021, el mandatario ya había planteado la necesidad de un pacto social que incluyera la revisión del sistema. Tres años después, en 2024, convirtió esa intención en promesa formal con fecha límite. El resultado, en ambos momentos, fue el mismo: nada depositado ante el Congreso. Un gobierno que reincide en el mismo aplazamiento no puede exhibirlo como imprevisto aislado.
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El tercer eje es la opacidad del dato mismo. No existe un cronograma público, ni un informe de avance, ni una explicación oficial sobre qué frenó el sometimiento del proyecto tras meses de anunciarlo como inminente. La ciudadanía no tiene forma de verificar si el texto existe, en qué etapa quedó, o qué actores lo bloquearon dentro del propio Ejecutivo.
Según lo declarado públicamente por el ministro de Trabajo y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, la propuesta de reforma a la Seguridad Social se encontraba en fase avanzada hacia mayo. No existe, sin embargo, documento oficial depositado ante el Congreso Nacional que sustente el estado real del proyecto ni una explicación formal del Poder Ejecutivo sobre las razones del aplazamiento. Este medio no afirma la existencia de un texto oculto ni atribuye intencionalidad; señala, con base en fuentes oficiales y ausencia de depósito legislativo, un vacío de información que corresponde al Estado esclarecer.
La comparación con administraciones anteriores tampoco favorece al oficialismo. Otros gobiernos también postergaron reformas estructurales al sistema de pensiones y salud, pero pocas veces un presidente fijó una fecha tan específica —»este mismo año 2024″— para luego dejarla vencer sin comunicado alguno. La especificidad del compromiso agrava, no atenúa, el incumplimiento.
Prometer una reforma con fecha exacta y dejarla vencer sin explicación no es un retraso técnico: es una promesa que el propio gobierno decidió no sostener.
Para los más de cinco millones de afiliados al régimen contributivo, la reforma no es un tecnicismo legislativo: implica pensiones, calidad del Seguro Familiar de Salud y la regulación de las AFP y ARS que administran sus aportes. Cada año sin actualización de la Ley 87-01 es un año más de reclamos sin respuesta estructural.
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El gobierno tiene la palabra pendiente desde hace dos años. La pregunta ya no es cuándo llegará la reforma, sino si alguna vez estuvo dispuesto a presentarla.
¿Puede un gobierno seguir hablando de récords y avances si ni siquiera cumple los plazos que él mismo se fija para sus propias reformas?
