Melitón Cordero recibió en 2024 la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella por su lucha contra el narcotráfico. Hoy enfrenta cargos por presunto fraude de visas y soborno en Washington.
El contraste no podría ser más dramático. En septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader firmó el decreto 520-24 otorgando la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Melitón Cordero, supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana. Este viernes, ese mismo funcionario fue arrestado en Washington D.C. acusado de presuntamente conspirar para cometer soborno y fraude de visas.
La detención de Cordero, de 47 años, ha generado una crisis diplomática que llevó a la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, a anunciar el cierre inmediato de la oficina de la DEA en Santo Domingo «hasta nuevo aviso». El caso expone las tensiones inherentes en la cooperación bilateral antinarcóticos y plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de funcionarios extranjeros que operan en territorio dominicano.
El decreto presidencial y sus considerandos
El decreto 520-24, que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, fue emitido el 11 de septiembre de 2024. En su artículo primero establece: «Se concede la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, al señor Melitón Cordero, supervisor de la DEA en la República Dominicana».
Los considerandos del decreto destacaban que Cordero se había convertido en «el primer dominicano en ser supervisor de la DEA en la República Dominicana», un hito presentado como significativo para la cooperación bilateral. El documento oficial elogiaba su «compromiso excepcional e inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico».
Un segundo considerando especificaba: «Los altos merecimientos del señor Melitón Cordero, en reconocimiento a sus aportes realizados en el combate contra el narcotráfico y sus delitos conexos, fortaleciendo la cooperación e integración de las agencias dominicanas». No existen reportes oficiales de una ceremonia pública de entrega de la condecoración.
Las acusaciones: 119 visas bajo escrutinio
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso Listín Diario, Cordero presuntamente agilizó al menos 119 solicitudes de visa, una de las cuales habría sido fraudulenta. Las autoridades estadounidenses alegan que el funcionario se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa para viajar a Estados Unidos presuntamente a cambio de dinero.
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La acusación también señala que Cordero habría asesorado habitualmente a personas en la preparación de sus entrevistas de visa con funcionarios consulares estadounidenses. Este presunto uso indebido de su posición oficial para facilitar el proceso de visado constituye el núcleo de los cargos de fraude y soborno que enfrenta.
El caso está siendo investigado por múltiples agencias: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, y la propia DEA. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, está a cargo del proceso.
El cierre de la oficina de la DEA
La embajadora Leah Campos anunció el jueves el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo con una declaración contundente: «La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro». Su mensaje en la red social X no dejó margen para interpretaciones ambiguas.
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«Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo», escribió Campos. La decisión de cerrar una oficina con décadas de operación en el país subraya la gravedad con que Washington toma estas acusaciones.
The Associated Press confirmó posteriormente que el arresto de Cordero forma parte de una investigación más amplia sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidenses destinado a informantes confidenciales. Este programa, diseñado para proteger a colaboradores en casos de narcotráfico, habría sido presuntamente instrumentalizado para fines personales.
La cooperación bilateral en entredicho
República Dominicana y Estados Unidos mantienen una relación de cooperación antinarcóticos que data de décadas. La DEA ha operado en el país como parte de esfuerzos regionales para combatir el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El cierre de su oficina local representa un revés significativo para esta colaboración.
El caso plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión de funcionarios extranjeros que ejercen autoridad en territorio dominicano. Cordero, como supervisor de la DEA, tenía acceso privilegiado a información sensible y capacidad para influir en procesos administrativos relacionados con visas y cooperación judicial.
La condecoración presidencial, otorgada apenas cinco meses antes del arresto, también genera interrogantes sobre los procesos de verificación previos a estos reconocimientos oficiales. ¿Se realizaron consultas con las autoridades estadounidenses? ¿Existían señales de alerta que no fueron detectadas o que fueron ignoradas?
El impacto en la lucha contra el narcotráfico
El cierre de la oficina de la DEA tiene implicaciones operativas inmediatas. República Dominicana se encuentra en una ruta crítica del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa, con el país sirviendo como punto de tránsito para cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica.
La ausencia de presencia permanente de la DEA podría crear vacíos en la coordinación de operaciones conjuntas, el intercambio de inteligencia y la capacitación de personal dominicano. Organizaciones dedicadas al tráfico de drogas podrían interpretar este cierre como una oportunidad para intensificar sus operaciones.
Funcionarios dominicanos consultados off the record expresaron preocupación por el impacto que esta crisis tendrá en la cooperación bilateral. «Estamos pagando por las presuntas acciones de una persona», señaló una fuente que solicitó anonimato. «Pero entendemos la firmeza de Estados Unidos en estos temas».
Presunción de inocencia y debido proceso
Es fundamental recordar que Melitón Cordero goza de presunción de inocencia hasta que un tribunal emita sentencia firme. Las acusaciones presentadas por el Ministerio Público estadounidense deberán ser probadas más allá de duda razonable en un proceso judicial que respete todas las garantías procesales.
El acusado tendrá derecho a presentar su defensa, cuestionar la evidencia en su contra, llamar testigos y solicitar peritajes. La severidad de las acusaciones no elimina la necesidad de que el Estado pruebe cada elemento del cargo mediante evidencia admisible y concluyente.
Las preguntas sin respuesta
El caso Cordero deja múltiples interrogantes sin resolver. ¿Cuándo comenzaron las presuntas irregularidades? ¿Existen otros funcionarios involucrados? ¿Cuántas personas obtuvieron visas mediante este presunto esquema? ¿Qué tipo de perfiles tenían estos beneficiarios? ¿Alguno representaba riesgo para la seguridad nacional?
También queda por determinar si autoridades dominicanas tenían conocimiento de estas presuntas actividades o si existen sistemas de alerta temprana que fallaron. La investigación estadounidense podría eventualmente expandirse si se descubren conexiones con funcionarios locales.
El gobierno dominicano no ha emitido declaraciones oficiales sobre el arresto ni sobre las implicaciones del cierre de la oficina de la DEA. Esta ausencia de posicionamiento público contrasta con la rapidez con que la embajadora Campos tomó acción y comunicó su decisión.
Del reconocimiento presidencial al arresto federal en cinco meses: el caso Melitón Cordero evidencia que ninguna condecoración, por prestigiosa que sea, puede sustituir la integridad personal, y que la cooperación internacional antinarcóticos exige no solo resultados operativos, sino funcionarios que respeten los principios que dicen defender.
Nota editorial: Este medio respeta el principio de presunción de inocencia. Las acusaciones contra Melitón Cordero deberán ser probadas en un proceso judicial con plenas garantías procesales. La información contenida en este artículo se basa en documentos judiciales públicos y declaraciones oficiales verificables.
