En los hospitales públicos dominicanos se ha producido un cambio presupuestario silencioso pero masivo: las bolsas de nutrición clínica y los kits de diálisis peritoneal se han convertido en protagonistas del gasto sanitario. Desde 2020, estos renglones han absorbido más de RD$13,000 millones a través de contratos adjudicados bajo la figura de «exclusividad», evitando licitaciones abiertas.
Detrás de estos contratos aparecen nombres recurrentes: Macrotech Farmacéutica, SRL, propiedad de Guillermo Sención, con adjudicaciones superiores a RD$9,100 millones; Hospifar, SRL, cuyo accionista principal es Rafael Tomás Pérez Barroso, con RD$1,125 millones; y el Consorcio CIMAC, integrado por Macrotech y el Centro Integral de Medicina Renal (CIMER), con RD$1,500 millones adicionales.
De renglón marginal a eje presupuestario
A partir de 2020, bajo la dirección del doctor Mario Lama al frente del Servicio Nacional de Salud (SNS), la nutrición clínica y la diálisis peritoneal dejaron de ser gastos secundarios para convertirse en piezas centrales del presupuesto sanitario. La premisa clínica era válida: una mejor nutrición reduce complicaciones hospitalarias y acorta estancias; la diálisis peritoneal domiciliaria ofrece autonomía a pacientes renales.
En noviembre de 2020, el SNS adjudicó por excepción un contrato de RD$1,416 millones para diálisis peritoneal domiciliaria. Un mes después, otorgó otro contrato exclusivo de RD$732 millones para nutrición parenteral y enteral. Eran montos sin precedentes que colocaron ambos renglones en el centro del nuevo gasto sanitario.
La dinámica se repitió sistemáticamente: en 2022 se adjudicaron RD$1,050 millones adicionales en nutrición y RD$2,833 millones para diálisis; en 2024, otros RD$750 millones en nutrición y RD$1,500 millones para el programa renal, nuevamente bajo esquemas de excepción. En cinco años, ambos renglones concentraron miles de millones en compras centralizadas del sistema público.
Alta concentración contractual en Macrotech
Todos los contratos fueron adjudicados bajo la figura de «exclusividad», una modalidad excepcional que evita licitación abierta argumentando que solo un proveedor puede suministrar determinado bien o servicio. En teoría, se usa cuando existen derechos exclusivos o un único distribuidor autorizado. En la práctica, el SNS la ha invocado repetidamente para contratar paquetes integrales.
Macrotech Farmacéutica, SRL pasó de no tener presencia significativa en estos renglones antes de 2020 a concentrar la mayoría de las adjudicaciones en ese renglón. La revisión del historial de contrataciones del SNS no muestra procesos relevantes donde Macrotech figure como proveedor recurrente en nutrición o diálisis antes de finales de 2020, marcando un punto de inflexión con la administración del doctor Lama.
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Cuando el menor precio no gana
En octubre de 2020, el SNS lanzó el procedimiento de excepción SNS-CCC-PEEX-2020-0007 para contratar diálisis peritoneal domiciliaria con carácter de urgencia. Tres empresas presentaron ofertas: Macrotech Farmacéutica, Bio-Nuclear, S.A., y Fresenius Medical Care Dominicana.
Las propuestas de Bio-Nuclear y Fresenius resultaron más económicas: RD$1,190 millones y RD$1,129 millones respectivamente. Sin embargo, el SNS adjudicó el contrato a Macrotech por RD$1,416 millones, mediante el Acta Núm. 53-2020, es decir, casi RD$300 millones más que la oferta más baja.
Bio-Nuclear impugnó la decisión, cuestionando la validez de la exclusividad declarada, los plazos reducidos, los requisitos técnicos restrictivos, la ambigüedad entre «menor precio» y «mejor precio» como criterio, y la apertura simultánea de ofertas técnicas y económicas en violación del reglamento. También denunció que la propuesta de Macrotech excedía la certificación presupuestaria y fue ajustada posteriormente.
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La respuesta de Contrataciones Públicas
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), bajo Carlos Pimentel, emitió la Resolución RIC-103-2021 el 17 de mayo de 2021. Tras analizar el expediente, confirmó varias inobservancias normativas por parte del SNS: identificó contradicciones en el pliego sobre criterios de evaluación, corroboró la apertura simultánea de ofertas sin evaluación previa, y constató que el acta de adjudicación no incluía plazos ni vías de recurso.
Sin embargo, la DGCP concluyó que ninguna falta afectó el fondo del proceso: Macrotech fue el único oferente técnicamente habilitado y Bio-Nuclear pudo ejercer su derecho a impugnar. La contratación no fue anulada, pero quedó sujeta a observaciones formales y una exhortación al SNS de corregir errores y capacitar a su personal. El contrato siguió su curso.
Cuestionamientos sobre condiciones de competencia
En la contratación de nutrición de 2022, la empresa Centro de Nutrición Clínica, SRL (CNC) intentó competir y luego apeló las bases, señalando que el pliego hacía «imposible una oferta eficiente» para cualquiera que no fuera el proveedor favorecido, según consta en la Resolución RIC-202-2022 de la DGCP.
El SNS defendió la exclusión argumentando que requería experiencia comprobada en nutrición especializada —oral, enteral y parenteral— pero además: personal clínico capacitado, equipos propios de mezclado, red logística con cobertura nacional, protocolos de bioseguridad certificados, sistemas de trazabilidad en tiempo real y soporte nutricional continuo.
La DGCP declaró inadmisible el recurso por no cumplir exigencias procesales mínimas, sin evaluar el fondo de las alegaciones ni pronunciarse sobre si el proceso favorecía a un proveedor específico. En los hechos, Macrotech volvió a quedarse con la adjudicación, ampliando su participación en ese renglón con Hospifar como actor complementario para una fracción del servicio.
Del papel a la práctica: hospitales sin programa
Para verificar cómo funciona en la realidad el programa de diálisis peritoneal que el Estado contrata por miles de millones, este medio realizó visitas a distintos centros hospitalarios del Distrito Nacional y del interior, simulando el recorrido de cualquier familiar que busca acceso al servicio.
Hospital Infantil Robert Reid Cabral: Una enfermera explicó que el acceso dependía de un referimiento a Nefrología, preferiblemente por emergencia. No habló de cupos ni confirmó que la diálisis peritoneal estuviera operando activamente. La respuesta fue neutra, como si el programa existiera en teoría pero su disponibilidad dependiera de evaluación posterior.
Hospital Padre Billini: Una empleada derivó la consulta a un médico del área, quien fue directo: el programa estaba cerrado. Llamó al psicólogo del programa, quien ratificó la información y añadió que solo podían atender la necesidad a través de una empresa privada. Facilitó un contacto específico: del Centro CIMER. Se informó que el programa no estaba recibiendo nuevos pacientes y se indicó como alternativa acudir a un centro privado.
Hospital Francisco Moscoso Puello: En el área destinada a diálisis peritoneal, varios empleados estaban identificados con el nombre Macrotech. Un joven en recepción afirmó que el servicio era gratuito. Una señora relató que su esposo recibía diálisis en casa con insumos del Estado, pero agregó que había escuchado que ya no aceptaban nuevos pacientes.
La doctora encargada confirmó: el programa estaba cerrado por decisión del SNS, alegando falta de presupuesto. Frente a un caso urgente, indicó que podía «ayudar» a gestionar atención en el sector privado, aclarando que el paciente asumiría 20% del costo si contaba con Senasa.
La misma historia en el interior
Centro Regional Taiwán, Azua: El doctor a cargo fue claro: «la diálisis peritoneal no está vigente por falta de recursos y por el impacto del escándalo de Senasa». No recomendó prestador privado, sino trasladar al paciente a hemodiálisis pública sin costo, lo que evidencia un cambio en el esquema de prestación del servicio.
Hospital San Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís: La unidad de diálisis peritoneal es amplia, pero desde la entrada informaron que no había cupo. La doctora confirmó cancelación por falta de recursos. Al salir, un médico recomendó un centro privado: el de los doctores García, socios regionales del Centro CIMER.
Hospital Antonio Musa, San Pedro de Macorís: Respuesta seca: el programa estaba cerrado y no existían alternativas en la región este. Las únicas opciones estaban en Santo Domingo.
Participación de prestadores privados en la ejecución del servicio público
Las visitas dejaron una constante: el programa público de diálisis peritoneal está prácticamente cerrado para nuevos ingresos, mientras desde los propios hospitales se derivan casos hacia una red privada que funciona con el mismo seguro público como base de pago.
El paciente que llega al hospital encuentra una puerta cerrada y otra abierta, pero con tarifa. En los hechos, el Estado sigue pagando, pero el acceso ya no es público ni automático. Es un servicio financiado con fondos públicos pero administrado como si fuera propio.
Seguimiento insuficiente, preguntas abiertas
El volumen de recursos plantea un desafío central: cómo asegurar que estas inversiones se traduzcan en mejores resultados de salud. No existen hoy herramientas públicas que permitan evaluar el impacto real de estos programas.
En nutrición clínica, no hay informes que detallen cuántos pacientes han salido de la desnutrición con los RD$4,482 millones invertidos desde 2020, ni cuánto se ha reducido la estancia hospitalaria. En diálisis, no hay forma de verificar públicamente cuántos pacientes reciben efectivamente el tratamiento, con qué frecuencia, en qué condiciones clínicas y bajo qué estándares de cumplimiento.
El SNS no publica listados nominales, no informa sobre periodicidad ni evolución de beneficiarios. Las auditorías dependen de la misma institución que contrata y ejecuta el servicio.
El riesgo de repetir escenarios problemáticos
Cuando el Estado compromete RD$13,000 millones en nutrición y diálisis bajo esquemas de excepción y con mecanismos de seguimiento que no están públicamente detallados, la experiencia de Senasa obliga a mirar con atención. El riesgo no está solo en el contrato, sino en la ausencia de verificación oportuna de su impacto real.
Las instituciones de control tienen el compromiso de actuar con la misma urgencia con que se aprueban estas compras, garantizando que inversiones de esta magnitud lleguen a quienes las necesitan. Mientras el sistema hospitalario arrastra carencias estructurales, priorizar renglones de alto costo no es decisión neutra: define qué se atiende y qué se posterga.
Cuando miles de millones se canalizan hacia programas que funcionan bajo excepción permanente, con hospitales que cierran servicios públicos mientras derivan pacientes hacia prestadores privados del mismo circuito contractual, surge una dinámica que amerita mayor supervisión institucional: contratos adjudicados y procesos de supervisión que dependen de instancias posteriores, sin evidencia clara de acceso, continuidad ni resultados reales para quienes más los necesitan.
Nota editorial: Este reportaje se basa en documentos públicos de contratación, resoluciones oficiales de la DGCP, y visitas de verificación a centros hospitalarios. Las cifras contractuales fueron verificadas mediante el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas. Este medio respeta el derecho de réplica de todas las entidades y personas mencionadas.
