Cinco países europeos anunciaron que buscan alcanzar este año acuerdos con naciones externas a la Unión Europea para establecer centros destinados a recibir a migrantes que no cuentan con residencia legal en territorio comunitario, en una nueva iniciativa para acelerar los retornos y reducir la inmigración irregular.
Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Países Bajos, agrupados bajo el denominado »Grupo de los Cinco», anunciaron el viernes avances concretos durante una reunión celebrada en Copenhague y organizada por el gobierno danés. Los cinco países aseguraron que están trabajando para alcanzar un acuerdo con al menos un país no perteneciente a la Unión Europea que permita establecer instalaciones para gestionar los retornos.
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó que el objetivo es cerrar un acuerdo durante 2026 que permita crear los llamados »centros de retorno». Sin embargo, los gobiernos involucrados no revelaron qué países podrían acoger estas instalaciones ni ofrecieron detalles sobre las posibles ubicaciones.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de varios gobiernos europeos por endurecer y hacer más eficiente su política migratoria. Los países participantes consideran que agilizar la devolución de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE puede contribuir a reducir la presión sobre sus sistemas de asilo y reforzar el control de las fronteras.
El Grupo de los Cinco ha mantenido varias reuniones durante este año para coordinar políticas migratorias y avanzar hacia mecanismos comunes de retorno. Los ministros acordaron continuar las conversaciones y volver a reunirse a finales de septiembre en Múnich, Alemania, con el objetivo de evaluar los progresos y avanzar hacia acuerdos concretos con terceros países.
El proyecto también se desarrolla en paralelo a una reforma más amplia de las normas migratorias de la Unión Europea. En junio, el Parlamento Europeo aprobó una modificación de la política comunitaria destinada a acelerar los procedimientos de deportación y facilitar que los estados miembros puedan establecer centros de retorno fuera del territorio de la UE.
La reforma busca abordar una de las principales dificultades que enfrentan los gobiernos europeos: la ejecución efectiva de las órdenes de salida contra personas cuya solicitud de residencia o asilo ha sido rechazada. Las autoridades sostienen que un sistema de retornos más rápido y organizado puede fortalecer la credibilidad de las políticas migratorias y desalentar nuevos ingresos irregulares.
El plan, no obstante, ha generado críticas de organizaciones izquierdistas defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten que los centros ubicados fuera de la UE podrían reducir las garantías disponibles para los solicitantes de asilo y plantear interrogantes sobre las condiciones de las personas trasladadas.
A pesar de las críticas, Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Países Bajos mantienen su apuesta por avanzar hacia acuerdos externos. Los gobiernos consideran que la cooperación con terceros países puede convertirse en una herramienta adicional para gestionar los retornos y hacer frente a los desafíos derivados de la inmigración irregular.
La reunión de Copenhague representa un nuevo paso hacia una política europea de migración más coordinada, con énfasis en acelerar las devoluciones y establecer mecanismos que permitan a los estados miembros hacer cumplir sus decisiones migratorias.
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