En un firme acto de autoridad y cumplimiento del protocolo de orden públicoefectivos de la Gendarmería Nacional frustraron este martes un intento de toma ilegal en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)ubicadas en el barrio porteño de nuñez.
El episodio, protagonizado por activistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) liderado por Rodolfo Aguiarescaló cuando un grupo de personas cuyos contratos no fueron renovados ingresó de manera ilegal al edificio, generando graves disturbios en un área declarada como institución estratégica. Ante el desborde inicial de los manifestantes, la Gendarmería Nacional solicitó refuerzos inmediatos, que incluyeron el despliegue de vehículos blindados para asegurar el perímetro y desalojar a los intrusos.
La intervención fue necesaria para restablecer la seguridad en una planta donde se maneja el desarrollo nuclear argentinoun sector que el gremio pretende utilizar como rehén de sus intereses políticos.
Pese al relato de «despidos masivos» difundido por la izquierda, la realidad técnica del organismo muestra un necesario reordenamiento del Estado. Según datos oficiales, no se produjeron despidos arbitrarios, sino que se trata de 61 contratos no renovados. Es fundamental destacar que:
El 100% de los desvinculados ingresó bajo la modalidad de contrato de plazo fijo durante el año 2023bajo la gestión kirchnerista de Adriana Serquisen un claro intento de sobredimensionar la plantilla antes del cambio de gobierno.
De esos 61 agentes, 42 contaban únicamente con nivel secundario o primario y desempeñaban tareas de analistas o asistentes administrativosdesmintiendo la versión sindical de un ataque a la ciencia.
«No hubo despidos de ingenieros nucleares ni personal técnico-especializado»lo que garantiza que la operatividad técnica de la CNEA permanece intacta bajo la actual administración de Martín Porro.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó que la estructura del organismo se redujo un 57,83%pasando de 645 a 272 cargoseliminando la grasa militante que asfixiaba el presupuesto nacional.
Esta medida se enmarca en un plan de saneamiento donde ya se han registrado 3.983 personas acogidas a planes de retiro voluntario y un ritmo de egresos en la Administración Pública Nacional de 3.000 bajas mensuales.
A pesar de las amenazas de Rodolfo Aguiarquien advirtió que las autoridades «van a terminar todos presos» invocando la estabilidad laboral, el Ejecutivo mantiene su rumbo de austeridad.
Los datos presentados por la oposición, representados por la diputada Julia Stradaque denuncian una caída real del 32,9% en el presupuesto y una baja salarial acumulada del 32,1%solo confirman el éxito del ajuste necesario para terminar con la inflación y el déficit. Con la Gendarmería custodiando los activos estratégicos, el gobierno de JavierMiley envía un mensaje claro: dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada.
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