Santo Domingo, República Dominicana
Hay declaraciones que irritan. No por su tono, sino por su oportunidad. Mientras familias enteras en República Dominicana calculan hasta el último centavo antes de cargar combustibles en sus vehículos o de pagar el transporte que las lleva al trabajo, un alto funcionario estatal, Yayo Sanz Lovatón, declaró públicamente ante medios de comunicación que ‘no hay razón para alarmarse’ respecto al tema de los combustibles. Que todo está bajo control. Que el panorama de los combustibles es manejable. Y yo me pregunto, con una mezcla de asombro y hartazgo que ya no consigo disimular: A partir de esa afirmación, surge una pregunta inevitable: ¿manejable para quién?
Soy un comunicador social que lleva años registrando cómo los discursos del poder se distancian, de manera progresiva y casi atlética, de la realidad que vive la gente en la calle. Pero pocas veces he sentido esa brecha tan ancha, tan obscena, como cuando escuché las declaraciones del director de la institución estatal responsable de la política de combustibles en el país. El funcionario en cuestión —Yayo Sanz Lovatón— habló con la tranquilidad de alguien que no revisa el recibo del supermercado, que no espera el concho con el bolsillo contado, y que, por supuesto, no paga los combustibles de su propio bolsillo.
El optimismo oficial, cuando no está respaldado por datos ni por alivio real al ciudadano, no es gobernanza. Es propaganda de la comodidad.
Mi tesis es clara y no voy a disfrazarla con eufemismos: las declaraciones institucionales que minimizan el impacto de los precios de los combustibles sobre la economía popular pueden interpretarse como un acto de irresponsabilidad pública. No son errores de comunicación. Son, en el mejor de los casos, una desconexión alarmante entre quienes tienen el poder de decidir y quienes padecen las consecuencias de esas decisiones. En el peor de los casos, podrían percibirse como una estrategia orientada a evitar la rendición de cuentas.
Los combustibles no son un tema técnico que deba quedar reservado para los economistas. Son el nervio central de la vida cotidiana dominicana. El precio de la gasolina y el gasoil determina cuánto cuesta mover mercancías, cuánto sube el pan en la colmado de la esquina, cuánto más cara es la silla del salón de belleza, cuánto menos alcanza el sueldo mínimo al final de la quincena. Cuando los combustibles suben, sube todo. Y cuando los funcionarios dicen que «no hay de qué preocuparse», lo que en realidad están diciendo es: el problema existe, pero no es nuestro problema.
Contexto de datos República Dominicana importa prácticamente el 100% de los combustibles que consume. Según datos históricos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la variación en los precios internacionales del petróleo impacta directamente la canasta básica en un plazo no mayor a dos semanas. El subsidio al GLP (gas propano), aunque representa un alivio para los hogares más vulnerables, ha generado presiones fiscales que el Estado ha trasladado, de manera encubierta, al precio de otros combustibles como la gasolina premium y el gasoil regular.
Y aquí es donde la ironía se vuelve insoportable. La institución estatal que tiene en sus manos la política de precios de los combustibles no opera en el vacío. Opera con datos. Opera con proyecciones. Opera sabiendo —o debería saber— cómo se mueven los mercados internacionales del petróleo, qué presiones inflacionarias se acumulan, qué riesgo cambiario existe. Y sin embargo, el mensaje que se emite hacia afuera es el de un capitán que asegura que el barco va bien mientras los pasajeros de la tercera clase ya tienen agua hasta las rodillas.
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¿Puede el funcionario señalar un solo período sostenido de los últimos diez años en que los precios de los combustibles en el país hayan bajado de manera genuina y sostenida, sin que esa baja obedeciera exclusivamente a una caída en los precios internacionales que el Estado no puede atribuirse como mérito propio? La respuesta, que cualquier ciudadano con acceso a un recibo de gasolinera podría dar, es no. Los precios de los combustibles han subido. Bajaron un poco cuando el mundo los bajó. Y cada vez que el mercado global presiona al alza, la transferencia al consumidor dominicano es inmediata, casi refleja. Pero cuando el precio internacional cae, la traslación hacia el bolsillo del ciudadano se hace esperar, se atenúa, se administra.
Comparemos con otros países de la región. En algunos Estados centroamericanos, los mecanismos de compensación a los consumidores ante las alzas en los combustibles incluyen fondos de estabilización que actúan como amortiguadores automáticos. En Chile, durante las crisis de precios de los combustibles, se activaron medidas extraordinarias de contención que protegieron especialmente a los sectores de transporte y pesca artesanal. En Colombia, el debate sobre los combustibles es un asunto de política pública permanente, sujeto a escrutinio parlamentario y presión ciudadana organizada. ¿Y aquí? Aquí tenemos declaraciones de que no hay de qué preocuparse. Aquí tenemos optimismo institucional como política energética.
Los precios de los combustibles no son una abstracción macroeconómica. Son la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes para millones de dominicanos.
Quiero ser justo. Reconozco que la política de combustibles en un país pequeño, importador neto, dolarizado en sus importaciones energéticas, tiene márgenes de maniobra estrechos. Nadie puede controlar el precio del barril en los mercados internacionales. Eso es un hecho. Pero de ahí a afirmar que no hay motivo de preocupación hay una distancia enorme, y esa distancia puede generar una percepción de falta de transparencia en el discurso público. Porque el funcionario sabe —tiene que saber— que la carga de los combustibles sobre los ingresos de los hogares de menores recursos en este país es desproporcionada. Que el transporte público, que mueve a los que no tienen carro propio, absorbe cada aumento en los combustibles de forma brutal. Que el pequeño productor agrícola, el pescador, el motociclista que trabaja de delivery, no tienen capacidad de absorción. No tienen colchón.
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Lo que resulta más preocupante no es el precio de los combustibles en sí mismo —que es grave— sino la cultura institucional que produce declaraciones como las que nos ocupan. Una cultura en la que el discurso oficial se construye no para informar, sino para tranquilizar. No para rendir cuentas, sino para gestionar la percepción pública. Esa cultura es el caldo de cultivo de prácticas cuestionadas como la negligencia institucional o la falta de rendición de cuentas, porque cuando los funcionarios aprenden que pueden decir cualquier cosa sin consecuencias, el siguiente paso no es la cautela. Es el descaro.
Y los ciudadanos, mientras tanto, siguen haciendo los cálculos que el Estado no hace por ellos. Siguen eligiendo entre cargar combustibles o comprar medicamentos. Siguen ajustando las rutas, evitando los viajes innecesarios, compartiendo carros. Siguen siendo más creativos para sobrevivir que sus gobernantes para gobernar.
En definitiva, lo que le pedimos a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la política de combustibles en este país no es que hagan milagros. Les pedimos honestidad. Les pedimos que cuando los números duelen, digan que duelen. Les pedimos que cuando hay riesgos reales sobre el precio de los combustibles, los reconozcan y expliquen qué están haciendo para mitigarlos. Les pedimos que gobiernen para el país real, no para el país de las conferencias de prensa.
Porque el pueblo dominicano ya sabe apretar el bolsillo. Lo que no sabe —lo que no puede seguir tolerando— es que quienes tienen el poder de cambiar las cosas le digan, con una sonrisa, que todo está bien.
El hartazgo también tiene su punto de quiebre. Y ese punto se acerca cada vez que llenamos el tanque.
Este análisis se basa en declaraciones públicas ofrecidas por el funcionario en medios de comunicación, interpretadas desde una perspectiva crítica sobre su impacto en la ciudadanía
