Dato clave
+800,000
habitantes concentra la zona oeste del Gran Santo Domingo. Hasta hoy, sin una oficina de licencias de conducir descentralizada en su área inmediata.
Inaugurar una oficina de licencias de conducir en un centro de retención vehicular no es, en sí mismo, una noticia menor. Para cientos de miles de residentes de Pedro Brand, Villa Altagracia, Los Alcarrizos y Pantoja, reducir desplazamientos hacia el Gran Santo Domingo puede representar horas de trabajo recuperadas y dinero ahorrado en transporte. El problema no es la obra: es el relato que la rodea. Cuando el INTRANT presenta este tipo de apertura como un logro extraordinario de «atención ciudadana diferente», cabe preguntarse qué ha estado haciendo durante los últimos años, y qué condiciones estructurales explican que una necesidad tan básica haya tardado tanto en atenderse. El servicio público eficiente no es un favor del Estado: es una obligación constitucional.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), bajo la dirección ejecutiva de Milton Morrison, habilitó una nueva oficina de licencias de conducir en el Centro Nacional de Retención Vehicular (CENARVE), ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.
Según la nota institucional difundida, la nueva instalación contará con entre dos y cuatro cabinas de CEMECO para evaluaciones médicas, cuatro puestos para exámenes teóricos, una sala de orientación vial, dos módulos de registro, un módulo de fotografía y una estación biométrica. El horario inicial será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., «sujeto a ajustes conforme a la demanda operativa».
Adicionalmente, el INTRANT anunció que a partir de julio de 2026 incorporará un circuito de manejo en las instalaciones, lo que habilitaría la emisión de licencias de primera vez para conductores de motocicletas.
En el acto estuvieron presentes el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y el director general de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, quienes recibieron la renovación de sus licencias durante la inauguración —un detalle protocolario que, visto desde afuera, dice más sobre la naturaleza del evento que sobre su impacto ciudadano.
«El servicio público eficiente no es un favor del Estado: es una obligación constitucional. Anunciarlo como logro extraordinario revela más sobre el déficit acumulado que sobre el mérito presente.»
— Análisis editorial, Despertar Matinal
Lo que el comunicado no dice
La nota oficial del INTRANT describe con precisión técnica el número de cabinas y módulos, pero omite datos que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer: ¿cuál fue el costo de habilitación de esta oficina?, ¿fue mediante licitación pública o contratación directa?, ¿cuántos funcionarios serán asignados y bajo qué modalidad contractual?
De acuerdo con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y los principios de transparencia fiscal que rigen las instituciones públicas dominicanas, toda inversión de fondos del Estado debe ser de acceso público. Sin embargo, ni el comunicado institucional ni los canales oficiales del INTRANT, consultados al momento de esta publicación, detallan el presupuesto ejecutado en esta apertura.
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El problema de fondo: cobertura tardía e insuficiente
Según datos del Banco Central de la República Dominicana y censos recientes, la zona oeste del Gran Santo Domingo concentra más de 800,000 habitantes. Municipios como Los Alcarrizos y Pedro Brand han registrado un crecimiento poblacional acelerado en la última década, precisamente mientras la red de servicios públicos —desde escuelas hasta oficinas de tránsito— no se expandía al mismo ritmo.
La pregunta crítica no es si la nueva oficina es útil —lo es—, sino por qué llegó ahora y no cinco o diez años antes. La apertura se produce en un contexto de baja aprobación de servicios públicos en zonas periurbanas y a menos de dos años de las elecciones legislativas de 2026, lo que invita, con toda justicia analítica, a cuestionar la temporalidad de la decisión.
Presencia policial en un acto de servicio civil
Resulta llamativo, aunque no inusual en la República Dominicana, que un acto de apertura de servicios de licencias haya contado con la presencia del director de la Policía Nacional y el director de la DIGESETT como figuras protagónicas. Más llamativo aún es que ambos hayan recibido la renovación de sus licencias durante el evento, según confirma la propia información oficial.
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Si bien la articulación interinstitucional es legítima y necesaria en materia de tránsito, la imagen que proyecta este tipo de acto —con altos mandos uniformados recibiendo servicios en una inauguración ciudadana— responde más a una lógica de visibilidad institucional que a una política de servicio centrada en el usuario común.
Julio como promesa, no como realidad
El anuncio del circuito de manejo para julio de 2026 merece seguimiento. Presuntamente, según fuentes del sector, la habilitación de circuitos de manejo en instalaciones del CENARVE ha sido postergada en múltiples ocasiones anteriores por limitaciones de espacio, presupuesto y logística operativa. Si la promesa no se materializa en el plazo anunciado, el patrón se repite: anuncio como sustituto de ejecución.
La apertura de la oficina del INTRANT en CENARVE es una medida necesaria que llega tarde. Que se presente como innovación institucional dice mucho sobre el estándar al que el Estado dominicano ha acostumbrado a sus ciudadanos: celebrar lo básico como si fuera extraordinario. El reto no es inaugurar; es sostener, escalar y rendir cuentas. Según fuentes del sector de transporte consultadas por este medio, la rotación de personal y el deterioro de servicios en oficinas previamente inauguradas con igual pompa es un patrón documentado en el INTRANT.
Si la nueva oficina de CENARVE funciona en doce meses con la misma capacidad y horario anunciados, habrá algo real que aplaudir. Hasta entonces, el escepticismo ciudadano es la respuesta más razonable.
Pregunta editorial
¿Cuánto costó habilitar esta oficina del INTRANT y bajo qué modalidad de contratación se ejecutó la inversión pública?
