El presidente Luis Abinader advirtió recientemente sobre aumentos en servicios básicos que afectarán a los dominicanos en los próximos meses, atribuyendo estas alzas a «factores externos» como la volatilidad del mercado internacional de energía, las tensiones geopolíticas globales y las disrupciones en cadenas de suministro. El argumento es técnicamente válido, pero políticamente conveniente, y esa convergencia merece escrutinio.
La apelación a factores externos se ha convertido en el comodín retórico predilecto de esta administración para explicar casi cualquier adversidad económica que impacte a la ciudadanía. Aumentan los combustibles: factores externos. Sube la electricidad: factores externos. Se encarece la canasta básica: factores externos. La narrativa funciona porque contiene elementos verificables —los precios internacionales del petróleo efectivamente fluctúan, las tensiones geopolíticas son reales— pero oculta una verdad más incómoda: muchos de los impactos que sufren los dominicanos no son inevitables consecuencias de shocks externos, sino resultados directos de decisiones de política interna que este Gobierno sí controla.
La advertencia presidencial sobre alzas en servicios básicos llega en un contexto donde las familias dominicanas ya enfrentan presión sostenida sobre su poder adquisitivo. Los aumentos semanales en combustibles, el incremento en las tarifas eléctricas, el encarecimiento de alimentos y la inflación en servicios de transporte han erosionado sistemáticamente los salarios que no se ajustan con la misma velocidad que los precios. ¿Es esta erosión inevitable por factores externos, o refleja deficiencias estructurales en los mecanismos de protección social y regulación económica que sí dependen de decisiones gubernamentales?
Tomemos el caso de la energía eléctrica. Es cierto que los precios del petróleo y el gas natural en el mercado internacional afectan los costos de generación. Pero la dependencia casi absoluta de combustibles fósiles para la generación eléctrica es una decisión de política energética, no un mandato divino. Otros países de la región han diversificado agresivamente su matriz energética hacia renovables —Costa Rica genera más del 98% de su electricidad de fuentes renovables, Uruguay supera el 90%— reduciendo su vulnerabilidad a los shocks externos que Abinader presenta como inevitables.
República Dominicana tiene abundante potencial solar, eólico e hidroeléctrico sin explotar. La inversión en energías renovables no solo reduciría la vulnerabilidad a fluctuaciones internacionales, sino que generaría tarifas más estables y competitivas a largo plazo. Pero esta transición requiere decisiones políticas valientes, inversión pública estratégica y disposición para enfrentar intereses económicos consolidados en el modelo actual. Es más cómodo explicar las alzas apelando a factores externos que asumir responsabilidad por no haber acelerado la transición energética cuando las condiciones eran favorables.
En el sector de combustibles, el argumento de factores externos enfrenta otra contradicción observable: el mecanismo de ajuste semanal que traslada automáticamente las alzas internacionales es una decisión de política interna. Otros países implementan fondos de estabilización que absorben volatilidad, ajustan impuestos selectivos como estabilizadores automáticos o mantienen reservas estratégicas. República Dominicana optó por un sistema que socializa completamente el riesgo de volatilidad, trasladándolo íntegramente al consumidor. Esa es una elección política, no una imposición externa.
La gestión de la inflación en alimentos revela patrones similares. Sí, los precios internacionales de commodities agrícolas fluctúan. Pero la vulnerabilidad dominicana a estos shocks se amplifica por una estructura de importación dependiente, escasa producción nacional diversificada y cadenas de intermediación opacas que multiplican los precios finales. Fortalecer la producción nacional, regular márgenes de intermediación y mejorar la eficiencia logística son decisiones de política interna que podrían amortiguar significativamente los impactos externos. ¿Se han implementado con la urgencia que la situación demanda?
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Los organismos reguladores —Superintendencia de Electricidad, Ministerio de Industria y Comercio, Pro-Consumidor— existen precisamente para mediar entre las presiones del mercado internacional y la protección del consumidor nacional. Pero su efectividad es cuestionable. ¿Pro-Consumidor fiscaliza efectivamente que los aumentos autorizados en combustibles no sean excedidos por expendios? ¿La Superintendencia de Electricidad audita rigurosamente los costos declarados por las distribuidoras? ¿El MICM verifica que los márgenes de comercialización sean razonables? La opacidad en estos procesos alimenta la sospecha de que la regulación funciona más como validación burocrática de aumentos que como protección efectiva del consumidor.
La comparación regional es reveladora. Países como Panamá, Costa Rica y Uruguay enfrentan los mismos mercados internacionales de energía y alimentos que República Dominicana, pero sus ciudadanos experimentan impactos significativamente menores. ¿Son estos países inmunes a los factores externos que Abinader presenta como inevitables, o simplemente han implementado mejores políticas internas de mitigación?
La narrativa de factores externos funciona como escudo deflector de responsabilidad. Permite al Gobierno presentarse como víctima de circunstancias globales fuera de su control, eludiendo escrutinio sobre las decisiones internas que sí controla: la velocidad de transición energética, el diseño del mecanismo de ajuste de combustibles, la efectividad de la regulación, la inversión en producción nacional de alimentos, la fiscalización de márgenes de intermediación.
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Las advertencias presidenciales sobre aumentos inminentes en servicios básicos no vienen acompañadas de anuncios sobre medidas compensatorias para proteger a las familias más vulnerables. No se habla de ajustes salariales indexados, subsidios focalizados temporales, reducción de impuestos selectivos como amortiguadores automáticos o activación de fondos de estabilización. Solo se advierte sobre el aumento venidero, se atribuye a factores externos y se espera que la ciudadanía lo asuma con resignación.
Esta aproximación revela una concepción de gobernanza donde el Estado se presenta como observador pasivo de dinámicas económicas que supuestamente no puede controlar, en lugar de actor activo con herramientas de política pública para mitigar impactos. Es una concepción conveniente para la narrativa oficial, pero insostenible bajo análisis comparativo.
Cuando un Gobierno advierte sobre alzas en servicios básicos atribuyéndolas exclusivamente a factores externos, está eligiendo implícitamente no activar los mecanismos de protección interna que sí controla. Esa es una decisión política que merece debate público, no un destino inevitable que deba aceptarse sin cuestionamiento.
Los sectores de oposición han señalado esta dinámica como evidencia de «desconexión entre el discurso oficial y la realidad ciudadana». Más allá de la motivación política de estas críticas, describen un fenómeno observable: existe una brecha creciente entre un Gobierno que celebra indicadores macroeconómicos de crecimiento y estabilidad, y una ciudadanía que experimenta erosión sostenida de su poder adquisitivo.
Esta brecha no se cierra con comunicados que explican la inevitabilidad técnica de los aumentos por factores externos. Se cierra con políticas concretas que demuestren que el crecimiento económico que celebran las estadísticas oficiales se traduce en protección efectiva del nivel de vida ciudadano, que la estabilidad macroeconómica no se construye sobre la erosión microeconómica de millones de familias, y que el Gobierno tiene y está dispuesto a usar herramientas de política interna para amortiguar shocks externos en lugar de trasladarlos íntegramente a quienes menos capacidad tienen de absorberlos.
La pregunta central no es si existen factores externos que presionan los precios —existen—, sino si el Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para mitigar esos impactos sobre la ciudadanía, o si la narrativa de factores externos funciona como justificación conveniente para no activar mecanismos de protección que implicarían costos políticos, fiscales o confrontación con intereses económicos consolidados.
Cuando los factores externos se convierten en la explicación universal para cada aumento que afecta a los ciudadanos, pero nunca en el argumento para no implementar decisiones impopulares que benefician a sectores privilegiados, la narrativa deja de ser análisis económico objetivo para convertirse en estrategia política de elusión de responsabilidades: atribuir los costos a fuerzas incontrolables mientras se reserva el crédito exclusivo por los logros, esperando que la ciudadanía no note que otros países con los mismos shocks externos logran mejores resultados porque sus gobiernos asumen la responsabilidad que la retórica esquiva.
Nota editorial: Este análisis crítico se fundamenta en datos comparativos regionales, resoluciones de organismos reguladores, indicadores económicos oficiales y la evaluación independiente de políticas públicas. La postura editorial de este medio sostiene que la gobernanza democrática exige que los gobiernos asuman responsabilidad por las decisiones de política interna que sí controlan, en lugar de atribuir sistemáticamente las adversidades a factores externos como mecanismo de elusión de escrutinio público.
