SANTO DOMINGO. – Detrás del relato triunfalista del turismo dominicano, que exhibe más de 92,000 habitaciones y genera US$10,972 millones anuales en divisas, se oculta una paradoja regulatoria inquietante: solo el 30% de los hoteles opera con licencia turística al día. El 70% restante navega en una zona gris de permisos vencidos, trámites incompletos o ausencia total de documentación formal.
La cifra, extraída del Registro Nacional Turístico (RNT) del Ministerio de Turismo (Mitur), plantea interrogantes fundamentales sobre la coherencia entre expansión económica y gobernanza sectorial en un país donde el turismo representa la columna vertebral de la economía de servicios y el principal motor de desarrollo regional.
El crecimiento que superó a la regulación
Durante las últimas dos décadas y media, República Dominicana experimentó una transformación turística acelerada. El inventario hotelero creció 77%, pasando de 51,916 habitaciones en el año 2000 a más de 92,000 en 2025. Los ingresos se cuadruplicaron, escalando de US$2,860 millones a casi US$11,000 millones, impulsados por mayor gasto por visitante, diversificación de productos y conectividad aérea expandida.
Este crecimiento vertiginoso, sin embargo, no vino acompañado de una infraestructura regulatoria equivalente. El sistema de registro hotelero operó durante décadas con mecanismos análogos equivalentes a «guías telefónicas», según reconoce Edgar González, director de Empresas y Servicios del Mitur. Solo en 2020, el RNT y el Registro Único Turístico (RUT) comenzaron a funcionar digitalmente de forma efectiva.
Anatomía de la irregularidad: los números
De los más de 400 establecimientos formalmente registrados, el 56.4% está en situación irregular clara: sin licencia (algunos nunca la tramitaron) o con permisos vencidos (dejaron expirar sus autorizaciones). Si se agregan los que están «en proceso» de renovación o con documentación «incompleta», el porcentaje de hoteles sin permisos plenamente válidos escala al 65.6%.
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El Mitur categoriza el estatus de licencias en cinco grupos: vigente, vencida, en proceso, incompleta y sin licencia. Esta taxonomía, sin embargo, genera confusiones interpretativas que tanto autoridades como operadores del sector utilizan para matizar la aparente gravedad de las cifras.
«Para nosotros como dirección, vigente, en proceso e incompleta es lo mismo. Tiene un estatus positivo, porque el establecimiento está vigente o al menos en su proceso de renovación» — Edgar González, director de Empresas y Servicios del Mitur
La interpretación oficial: procesos administrativos, no irregularidades
González argumenta que las categorías «en proceso» e «incompleta» no representan incumplimientos graves sino retrasos burocráticos naturales en sistemas complejos de renovación. Cada licencia requiere documentación múltiple, inspecciones físicas, verificación de pagos de impuestos y cumplimiento de normativas de seguridad y calidad.
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«Las renovaciones dependen del hotel, y en ocasiones algunos establecimientos se retrasan. Otros empiezan el proceso con documentos faltantes», explicó. Incluso marcas reconocidas internacionalmente pueden aparecer con estatus «vencido» durante uno o dos años mientras completan trámites de renovación, asegura el funcionario.
Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), refuerza esta interpretación: «Hay muchas razones por las que tal vez no la tienen… porque le falta un documento, porque están en proceso o porque se acaba de vencer y están en esa renovación».
La brecha entre grandes resorts y pequeños hoteles
La distribución de la irregularidad no es uniforme y revela patrones claramente diferenciados por tamaño. Los hoteles con más de 300 habitaciones, que representan apenas el 22% de los establecimientos pero concentran el 70% de las habitaciones disponibles, muestran niveles significativamente superiores de cumplimiento.
Según documentos del Mitur, 82 de cada 100 habitaciones en operación pertenecen a establecimientos con registros en estatus vigente, concentradas principalmente en resorts tipo todo incluido de gran escala. Son los pequeños alojamientos, con un promedio de 61 habitaciones, los que engrosan masivamente las estadísticas de informalidad.
Esta segmentación sugiere que el problema no radica en grandes cadenas internacionales operando en la sombra, sino en establecimientos medianos y pequeños atrapados en laberintos burocráticos, carentes de departamentos legales especializados, o simplemente desconectados del sistema formal de regulación.
Geografía de la informalidad: un mapa desigual
El análisis provincial del RNT expone contrastes geográficos marcados. En La Altagracia, provincia con mayor densidad de registros (138 establecimientos), el 54.3% opera con licencia vigente, 21.7% sin licencia y 17.4% vencida. Es el mejor desempeño relativo entre destinos turísticos consolidados.
El Distrito Nacional presenta una paridad inquietante: 29.8% vigente versus 29.8% sin licencia, con 27.4% adicional vencida. En Puerto Plata (43 registros), polo turístico histórico del país, 46.5% no tiene licencia, 30.2% está vencida y solo 25.6% vigente. Samaná muestra cifras similares: 43.3% sin licencia, 36.7% vencida, apenas 13.3% vigente.
Provincias emergentes o periféricas exhiben los peores indicadores. Barahona, Dajabón, Espaillat, Pedernales, San Juan y Valverde reportan 100% de registros sin licencia. La Vega alcanza 70% sin licencia. Santo Domingo registra 43.8% sin licencia y 46.9% vencidos. Santiago muestra 22.2% sin permisos y 27.8% vencidos, frente a 38.9% vigentes.
El desafío estructural: informalidad sistémica
González reconoce con franqueza una de las limitaciones críticas del sistema: «Cuando alguien quiere abrir un hotel, hace la solicitud. Yo no sé mágicamente que tú vas a abrir un hotel hasta que vienes donde mí». Esta dependencia absoluta de la iniciativa del operador convierte la regulación en un proceso reactivo, no proactivo.
La informalidad económica en República Dominicana supera el 70% en múltiples sectores, aunque el funcionario sostiene que el turismo mantiene tasas comparativamente inferiores. Sin embargo, el sistema de notificación también falla en reversa: aunque los establecimientos están obligados a informar el cese de operaciones, «en la práctica eso no sucede».
Como consecuencia, el RNT puede mostrar hoteles con licencias vencidas que en realidad están cerrados, remodelándose o cuyo inmueble cambió de uso. En los últimos tres años se acumularon 179 vencimientos de licencias, aunque González advierte que este número no debe interpretarse automáticamente como irregularidad: detrás pueden existir proyectos inconclusos, remodelaciones mayores o simples retrasos administrativos.
Inspecciones sin consecuencias claras
Desde 2022, el Mitur ha realizado más de 6,300 inspecciones y verificaciones en todo el país, tanto a hoteles con licencia vigente como sin ella, buscando garantizar estándares mínimos de calidad y seguridad. Estas visitas, según la autoridad, tienen propósitos duales: fiscalización y acompañamiento en procesos de formalización.
Desde Asonahores enfatizan que el estatus de la licencia «no condiciona la seguridad del turista ni la responsabilidad del hotel». Todos los establecimientos mantienen seguros de responsabilidad contra terceros independientemente de su situación regulatoria, argumentan. Incluso una licencia vencida no invalida seguros ni estándares internos de operación.
Esta separación entre seguridad operativa y formalidad legal plantea, sin embargo, interrogantes sobre mecanismos efectivos de supervisión. Si los hoteles pueden operar con estándares aceptables sin licencias vigentes, ¿qué incentivos reales existen para completar procesos de formalización? ¿Qué capacidad tiene el Estado para sancionar incumplimientos sistemáticos?
El rezago histórico que explica el presente
El estado actual del RNT solo se comprende en contexto histórico. Aunque la Ley de Turismo de 1969 contemplaba un sistema de registro, este operó durante cinco décadas con mecanismos análogos, fragmentados y opacos. Antes de 2020, González admite que «no se sabía cuál hotel tenía licencia o no».
La digitalización implementada a partir de 2020 permitió cargar expedientes de hoteles que tuvieron permisos en los años 90, 2000 y 2008, incluyendo negocios cerrados hace años o inmuebles transformados en otros usos. Esta depuración masiva infló artificialmente las estadísticas de irregularidad: muchos establecimientos aparecen como «sin licencia» no por operar ilegalmente hoy, sino porque fueron incorporados al sistema solo para identificación histórica.
González califica la digitalización como «uno de los mayores orgullos» de la gestión actual, por convertir el RNT en una herramienta transparente y dinámica. Sin embargo, reconoce implícitamente que parte de lo que aparece como falta de permisos responde a registros heredados de sistemas obsoletos, no necesariamente a operaciones actuales irregulares.
Operativos de formalización en destinos emergentes
El Mitur trabaja activamente en identificar hoteles que nunca solicitaron permisos, especialmente en polos turísticos emergentes donde la supervisión históricamente fue laxa. En operativos de formalización, funcionarios levantan información y cargan los establecimientos al RNT con estatus «sin licencia» simplemente para tenerlos localizados y posteriormente acompañarlos en procesos de regularización.
González distingue entre un hotel sin permiso en un polo emergente como Pedernales, donde la infraestructura institucional apenas se está desarrollando, versus casos en destinos consolidados como Bávaro o Puerto Plata, donde la supervisión es estructuralmente más robusta. Esta diferenciación geográfica sugiere una estrategia regulatoria de triage: priorizar grandes volúmenes y destinos maduros, mientras se trabaja gradualmente en la periferia.
Implicaciones para competitividad y reputación
Para un destino que compite globalmente por flujos turísticos de alto valor, la percepción de informalidad regulatoria puede generar costos reputacionales significativos. Touroperadores internacionales, certificadoras de calidad y organismos como la Organización Mundial del Turismo (OMT) evalúan no solo infraestructura física sino también marcos regulatorios y capacidad de supervisión estatal.
La pregunta no es meramente técnica sino estratégica: ¿puede República Dominicana aspirar a posicionarse como destino premium mientras el 70% de sus hoteles opera en zonas grises regulatorias? ¿Qué mensaje envía esta situación a inversionistas institucionales que evalúan proyectos de cientos de millones de dólares?
El camino pendiente: de la identificación a la formalización
El Mitur sostiene que la transparencia del RNT representa un avance cualitativo: ahora al menos se conoce el universo de establecimientos y su situación documental. El desafío siguiente es convertir identificación en formalización efectiva, cerrando la brecha entre registro informativo y cumplimiento regulatorio pleno.
Esto requerirá no solo voluntad política sino también capacidad institucional expandida: más inspectores, procesos digitalizados de renovación, incentivos claros para la formalización y, crucialmente, consecuencias efectivas para el incumplimiento persistente. Sin estos elementos, el RNT corre el riesgo de convertirse en un mero inventario transparente de irregularidades toleradas.
Un sector que genera miles de millones en divisas y emplea centenares de miles de personas no puede permitirse que siete de cada diez establecimientos operen en limbos regulatorios; la madurez turística se mide tanto en habitaciones como en gobernanza.
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