En uno de los municipios turísticos de mayor crecimiento económico de la República Dominicana, el alcalde de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez —conocido como «Manolito»— salió ante los medios a trazar un mapa de lo que, según él, es una gestión municipal sólida, transparente y orientada al desarrollo. Anuncios de mercado municipal, canchas deportivas, terrenos donados y un ambicioso Plan de Ordenamiento Territorial componen el cuadro que presenta la alcaldía. Sin embargo, en un territorio donde fluyen millones en divisas turísticas cada año, cabe preguntarse si los recursos del ayuntamiento están verdaderamente al ritmo de esa riqueza, o si los anuncios sustituyen a los resultados.
El dinero que «no está detenido»
El alcalde Ramírez explicó que los fondos actuales de la alcaldía corresponden a remanentes presupuestarios anteriores y a ingresos recientes, y aclaró que dichos recursos están comprometidos en licitaciones en curso. «El dinero que hoy tiene la alcaldía no está detenido. Muchas obras están en proceso de licitación y otras ya iniciaron», afirmó el funcionario.
No obstante, desde Despertar Matinal se verificó que la alcaldía de Verón-Punta Cana no ha publicado en su portal web los informes de ejecución presupuestaria de forma sistemática, lo que dificulta que cualquier ciudadano —sin necesidad de cursar una solicitud formal ante la Oficina de Libre Acceso a la Información— pueda comprobar esas afirmaciones. La transparencia, según el propio alcalde, se ejerce una vez al año, el 24 de abril. En un municipio de este tamaño económico, esa frecuencia resulta insuficiente según estándares internacionales de gobernanza local.
Anuncios de obra: ¿cronograma o promesa?
Entre los proyectos centrales del anuncio destaca la construcción de la primera etapa del mercado municipal de Verón, obra que la alcaldía pretende financiar con fondos propios. El proyecto, de 2,400 metros cuadrados en su diseño final, iniciaría con una nave de 1,200 metros cuadrados. La iniciativa, de concretarse, podría ser un aporte real a la economía local de un municipio cuyo tejido comercial informal sigue desorganizado pese al boom turístico de la zona este del país.
Asimismo, se anunció la habilitación de un play de béisbol para niños y jóvenes en un terreno de 19,000 metros cuadrados, así como el desarrollo de proyectos en terrenos donados presuntamente por la empresa Vista Cañada, entre los que se menciona un espacio para un centro de información turística gestionado por el Ministerio de Turismo. Estas donaciones, según fuentes consultadas, no han sido verificadas mediante actos notariales publicados ni registros catastrales accesibles al ciudadano común.
«Queremos una ciudad planificada, organizada y preparada para seguir creciendo como uno de los principales polos turísticos de la República Dominicana.»
— Ramón Ramírez, alcalde de Verón-Punta CanaEl nudo con Higüey: fondos que se transfieren sin explicación clara
Uno de los aspectos más delicados que abordó el alcalde —y que merece escrutinio— es la relación financiera con el municipio de Higüey. Ramírez explicó que Higüey «continúa percibiendo ingresos provenientes del distrito Verón-Punta Cana» por concepto de acuerdos y distribución de fondos vinculados al CEPEN. Sin embargo, no ofreció cifras, no precisó la base legal actualizada de esa transferencia ni explicó si dicho mecanismo ha sido revisado ante el crecimiento acelerado de Verón como distrito municipal autónomo.
Desde una perspectiva jurídica, la transferencia de ingresos tributarios y coparticipaciones entre municipios debe estar sustentada en acuerdos legalmente validados y sujetos a revisión periódica. Que Verón-Punta Cana —uno de los destinos turísticos más rentables del Caribe— siga transfiriendo fondos a Higüey sin que los ciudadanos de Verón conozcan el monto, el fundamento y la vigencia de ese acuerdo, representa, según fuentes vinculadas al derecho municipal, una zona gris que merece revisión urgente.
El Plan de Ordenamiento Territorial: cuatro años, una presentación y muchas incógnitas
Uno de los anuncios más significativos es el Plan de Ordenamiento Territorial de Verón-Punta Cana, que según el alcalde ha sido elaborado durante más de cuatro años con participación de instituciones gubernamentales, el sector empresarial y organizaciones técnicas. La presentación oficial estaba prevista para el 20 de mayo, y posteriormente, señaló Ramírez, el documento sería sometido a vistas públicas.
El plan, de aprobarse e implementarse correctamente, sería una herramienta de gran valor para ordenar el crecimiento de uno de los territorios con mayor presión urbanística y turística del país. Sin embargo, cuatro años de elaboración en un municipio que ha crecido exponencialmente generan preguntas legítimas: ¿por qué tardó tanto si la urgencia del ordenamiento era evidente? ¿Qué actores privados —principalmente del sector hotelero y de desarrollo inmobiliario— participaron en su redacción? ¿Quiénes garantizan que el plan no favorece intereses sectoriales por encima del bienestar de los residentes locales y las comunidades que históricamente han habitado Verón?
De acuerdo con fuentes del sector urbanístico consultadas por este medio, la falta de acceso previo al documento —antes de su presentación oficial— limita la capacidad de la sociedad civil para evaluarlo con rigor. Las vistas públicas posteriores no sustituyen la participación ciudadana durante el proceso de redacción.
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Verón-Punta Cana no es un municipio cualquiera: es un enclave turístico que genera divisas a escala nacional, recibe inversión extranjera sostenida y alberga una población local que, con frecuencia, queda al margen de los beneficios de ese modelo económico. Los anuncios del alcalde Ramírez son, en su mayoría, razonables y necesarios. Pero anunciar no es ejecutar, y transparencia no es solo rendir cuentas una vez al año en un acto institucional.
Un mercado municipal bien diseñado, un plan de ordenamiento riguroso y una relación financiera clara con Higüey son exactamente lo que este municipio necesita. El problema no es la agenda, sino la falta de mecanismos verificables e independientes que permitan al ciudadano de Verón saber, con datos, si esas promesas se cumplen.
Si Verón-Punta Cana es uno de los municipios turísticamente más importantes del Caribe, ¿por qué sus ciudadanos deben esperar una solicitud formal ante la OAIP para conocer en qué se gasta el dinero público que su propio territorio genera?
