Valentín recorre el Cibao con discurso juvenil mientras Justicia Social consolida su rol como satélite del PRM

Hay una forma de hacer política que no se anuncia como tal. No hay mitin, no hay tarima, no hay consignas a todo volumen. Hay desayunos en casas de empresarios, cafés con dirigentes locales, reuniones discretas con productores y profesores universitarios. Julio César Valentín Jiminián, presidente de Justicia Social (JS), lleva semanas recorriendo el país con ese formato. Lo llama formación. Lo llama servicio. Pero el contexto en que opera su organización —legalizada en pleno proceso electoral de 2024, con una trayectoria de apoyo sostenido al Partido Revolucionario Moderno— convierte esa narrativa en algo que merece un escrutinio más riguroso.

Contexto: una organización legalizada en el momento más conveniente

Justicia Social completó su proceso de legalización como partido político en medio del ciclo electoral de 2024, el mismo en que el PRM revalidó el poder con Luis Abinader al frente de su segundo mandato, iniciado en agosto de ese año. De acuerdo con informes públicos disponibles, la organización no compitió de forma independiente, sino que canalizó su estructura hacia el bloque oficialista.

Ese dato no es menor. En la política dominicana, los partidos aliados al oficialismo no siempre operan como contrapesos críticos. Con frecuencia funcionan como estructuras de base que movilizan votantes, generan lealtades territoriales y amplían la red de clientelismo político bajo el paraguas del partido mayoritario. La pregunta pertinente es si Justicia Social responde a ese patrón o si, efectivamente, representa una fuerza con agenda propia e independencia programática real.

La jornada del pasado sábado por Esperanza, Mao, Boca de Mao, Pueblo Nuevo, Sabaneta y Villa Los Almácigos —municipios de Valverde y Santiago Rodríguez— siguió la ruta clásica del trabajo territorial preelectoral: residencias privadas, sectores productivos, liderazgos comunitarios. No hay nada objetable en esa metodología en sí misma. Lo que resulta llamativo es la ausencia total de una postura crítica ante la gestión que su organización, según fuentes políticas, contribuyó a sostener.

Desarrollo: el discurso juvenil como cobertura de un proyecto político sin oposición interna

Valentín insistió en que «la política es para servir» y que Justicia Social está en una fase de «organizar y formar». Destacó la presencia de su organización en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con victorias en Santiago y La Vega, y señaló el movimiento estudiantil como espacio estratégico para captar nuevos liderazgos.

El discurso suena bien. El problema es lo que omite.

Durante el período 2020–2026, la República Dominicana registró niveles de desigualdad estructural que los propios organismos internacionales han documentado como persistentes. El acceso a la educación superior pública —la misma UASD que Valentín cita como espacio de expansión de JS— ha enfrentado presupuestos que, de acuerdo con informes del sector académico, no alcanzan el 5% del PIB establecido constitucionalmente para educación. La juventud que Valentín dice querer incorporar es, en gran medida, la misma que carga con el peso de un mercado laboral informal, una vivienda inaccesible y un sistema de salud con déficits documentados.

¿Dónde estuvo la voz de Justicia Social ante esas realidades mientras apoyaba al gobierno que las administró?

La formación política que Valentín promueve en casas de empresarios y residencias de familias aliadas no es, en términos formales, un acto cuestionable. Pero la selección de los espacios dice algo sobre la naturaleza del proyecto. Los encuentros con productores bananeros en Mao, con profesores universitarios en la misma zona, con dirigentes en Sabaneta y Villa Los Almácigos, son todos espacios donde JS construye capital político territorial. Es organización, sí. Pero organización al servicio de ¿qué agenda? ¿De qué programa? ¿Con qué distancia crítica del partido al que, presuntamente, sirvió como aliado?

El secretario general Anyolino Germosén acompañó la jornada. La organización funciona. Tiene cuadros, tiene presencia universitaria, tiene red territorial. Lo que no tiene —al menos no en el discurso público que circula— es una postura articulada y explícita sobre los déficits del gobierno con el que se ha alineado.

La frase es cierta. Y también es insuficiente como argumento de legitimidad política. Ganar elecciones estudiantiles con el respaldo de la maquinaria de un partido aliado al oficialismo no equivale a construir una alternativa transformadora. Equivale, en el mejor de los casos, a ampliar una base de movilización dentro de un sistema que, presuntamente, no se ha cuestionado con suficiente rigor.

Organización sin interpelación no es formación política, es reproducción del statu quo

El recorrido de Valentín por el Cibao Occidental tiene valor organizativo. La política territorial es legítima y necesaria. Pero una organización que se nombra a sí misma Justicia Social tiene una deuda conceptual enorme si no puede señalar, con nombre y cifra, qué justicia ha faltado durante el ciclo de gobierno al que prestó apoyo.

Formar cuadros para un proyecto político que no interpela al poder que lo habilitó no es formación crítica. Es reproducción.

La juventud dominicana que Valentín quiere incorporar merece algo más que un café de la reflexión en casa de empresarios. Merece una organización que reflexione, también, sobre su propio rol en el mapa del poder que dice querer transformar.

Pregunta final para el lector:

¿Puede una organización que se define por la justicia social ejercer esa justicia de manera creíble si nunca cuestionó públicamente al gobierno con el que se alió para llegar al mapa político?