En las calles de Santo Domingo Este los desechos no esperan por promesas de campaña. Se acumulan, se pudren y contaminan cada rincón que la administración municipal parece no fiscalizar.
¿Por qué, a más de cinco años de gestión del oficialismo al frente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, un problema que cualquier munícipe puede fotografiar en segundos sigue sin resolverse?
Esta no es una crónica más sobre calles sucias. Es un registro fotográfico, sostenido en el tiempo, de un municipio que exhibe cañadas contaminadas, vertederos clandestinos y una respuesta institucional que, cuando se le documenta, recurre a la intimidación en lugar de la transparencia.
Un municipio, quince evidencias
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este fue creado el 16 de octubre de 2001, mediante la Ley 163-01, con la promesa institucional de administrar servicios básicos, entre ellos la recolección de desechos sólidos en uno de los municipios más poblados del país.
Desde agosto de 2020, Dío Astacio, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dirige la alcaldía. Fue reelecto para el período 2024-2028, prometiendo convertir a Santo Domingo Este en «la ciudad más limpia» de la República Dominicana.
La Ley 176-07, que rige el Distrito Nacional y los municipios, establece la recolección y disposición de residuos sólidos como una competencia propia e indelegable de cada ayuntamiento, no una opción discrecional del gobierno local de turno.
Las imágenes recogidas muestran un contenedor abandonado, pintado con grafiti, rodeado de colchones, escombros y bolsas negras acumuladas durante lo que aparenta ser semanas, sin que exista evidencia de recolección regular por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
En otro punto documentado, aguas estancadas de color verdoso reciben directamente tuberías plásticas junto a escombros de construcción, formando una cañada improvisada que mezcla residuos domésticos con materiales peligrosos, a plena vista, sin ningún tipo de señalización o cerco de contención.
A pocos metros de zonas residenciales, montañas de bolsas negras, cartón y plástico invaden calzadas completas, obligando a peatones y vehículos a esquivar desechos que, según lo observado, llevan más de un ciclo de recolección sin ser retirados por el municipio.
Durante el recorrido fotográfico que documenta este reportaje, nuestro equipo fue interceptado por un motorizado que dijo trabajar para el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y se presentó, además, como militar, intentando exhibir un carnet que en ningún momento llegamos a ver de forma clara.
Tres ejes de una misma negligencia
Base de comparación. El discurso de toma de posesión de Dío Astacio en 2024 habló de calles limpias, aceras despejadas y una ciudad ordenada. Las imágenes recogidas en cañadas, vertederos improvisados y aguas estancadas contradicen, punto por punto, ese ofrecimiento hecho ante los votantes de Santo Domingo Este.
Un municipio que se autopromociona como referente de limpieza no puede, al mismo tiempo, exhibir aguas contaminadas a cielo abierto en zonas transitadas por familias, comerciantes y estudiantes. La distancia entre el discurso institucional y la evidencia visual documentada es, en sí misma, una forma de rendición de cuentas fallida.
Fallo implícito. No existe evidencia visible de rutas regulares de recolección en los puntos documentados. Contenedores oxidados, colapsados y rodeados de escombros sugieren un sistema de gestión de desechos que funciona por excepción, no por planificación, dejando aguas contaminadas como caldo de cultivo para vectores de enfermedades.
La acumulación de residuos orgánicos junto a agua estancada no es solo un problema estético: representa un riesgo sanitario documentado por organismos de salud pública, asociado a la proliferación de mosquitos transmisores de dengue y otras enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los barrios más vulnerables del municipio.
Opacidad del dato. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este no publica de manera accesible indicadores sobre presupuesto ejecutado en limpieza, frecuencia real de recolección ni número de vertederos activos. Sin esa información, el ciudadano solo puede documentar el síntoma: la basura visible en cada esquina del municipio.
Esta ausencia de datos públicos no es un detalle menor. Impide a la ciudadanía verificar si los recursos destinados a saneamiento se corresponden con los resultados observados en la calle, y traslada toda la carga de fiscalización al ciudadano que, como en este caso, termina siendo intimidado por documentar lo evidente.
Un rostro cubierto, una identidad imposible de verificar
El detalle no es menor: quien intercepta a un equipo periodístico cubierto con pasamontañas y con el casco en la mano, no puesto, no busca ser identificado. Busca proyectar autoridad sin asumir la responsabilidad que corresponde a esa autoridad.
Si, en efecto, esa persona presta servicios vinculados al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, corresponde a la institución aclarar públicamente los protocolos que rigen la actuación de su personal, uniformado o no, frente a la prensa y frente a la ciudadanía que documenta espacios públicos.
Si, por el contrario, se trata de una persona ajena a cualquier función pública real, entonces el municipio enfrenta un problema adicional: el uso indebido de su nombre y de una presunta condición militar para intimidar a quienes ejercen labores de fiscalización social sobre un servicio tan básico como la recolección de basura.
En cualquiera de los dos escenarios, la responsabilidad de esclarecer los hechos recae sobre las autoridades correspondientes, no sobre el equipo periodístico que documentó desechos acumulados en espacios públicos, una labor legítima y protegida.
Cuando cuestionar la basura cuesta caro
La agresión física y verbal ocurrió mientras el equipo fotografiaba desechos acumulados en un espacio público. El motorizado, con el rostro cubierto, amenazó en dos o tres ocasiones con golpear en la cabeza con el casco que sostenía en la mano, un gesto de intimidación directa que buscaba interrumpir la cobertura antes que dialogar sobre lo documentado. No hubo identificación formal, no hubo protocolo, solo la exhibición verbal —y física— de una autoridad que, presuntamente, buscaba disuadir la documentación periodística de un problema que el propio Ayuntamiento de Santo Domingo Este debería estar resolviendo, no ocultando.
Este tipo de episodios plantea una pregunta que trasciende la anécdota: ¿qué tan cómodo se siente el poder municipal cuando un lente ciudadano registra lo que el discurso oficial prefiere no mencionar?
La intimidación a la prensa que cubre temas de servicios públicos no es un hecho aislado en el ecosistema municipal dominicano. Cuando la respuesta institucional a la evidencia visual es la disuasión física en lugar de la explicación técnica, el patrón merece ser señalado, documentado y cuestionado públicamente, sin miedo.
Sin celebración, sin excusas
No hay corte de cinta que celebrar aquí. Solo cañadas contaminadas, contenedores desbordados y un municipio que exige respuestas concretas, no discursos repetidos cada cuatro años sobre limpieza y orden.
Tampoco hay margen para minimizar lo ocurrido durante la cobertura. Un rostro cubierto, un casco en la mano y una identidad que nadie pudo verificar no son garantías de seguridad para ningún ciudadano, mucho menos para quienes ejercen labores periodísticas legítimas en espacios públicos del municipio.
¿Cuánto más tendrá que acumularse la basura en Santo Domingo Este, y cuántas intimidaciones más tendrá que documentar la prensa, para que el ayuntamiento rinda cuentas con datos y no con discursos?
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