República Dominicana ante la crisis silenciosa de un sistema judicial desbordado

Existe en este país una forma de presuntas irregularidades que no sale en los noticieros del mediodía ni interrumpe la transmisión deportiva. No tiene el rostro visible de un funcionario detenido con fajos de billetes, ni el drama cinematográfico de una redada a plena luz del día. Es una presuntas irregularidades que se sienta, que espera, que decide. Habita en los pasillos alfombrados de los palacios de justicia, en las dilaciones procesales que se prolongan durante años, en los expedientes que se pierden y en las sentencias que llegan cuando ya nadie las espera, o que nunca llegan del todo. Esa es, precisamente, la presuntas irregularidades que más daño hace a la República Dominicana: la institucionalizada, la que ha encontrado acomodo en el seno mismo del sistema judicial.

No me mueve aquí la indignación fácil ni el escándalo por el escándalo. Me mueve, en cambio, la responsabilidad de señalar lo que muchos ven pero pocos se atreven a decir con claridad: sectores del Poder Judicial dominicano han sido objeto de cuestionamientos que apuntan a una posible crisis estructural en áreas específicas del sistema que han sido señaladas en distintos espacios como potencialmente irregulares o contrarias a la ética pública. Y esa crisis, si no se enfrenta con valentía institucional y voluntad política real, amenaza con socavar los cimientos mismos de nuestra democracia.

Los números no mienten, aunque a veces prefiramos no leerlos. Según reportes del propio Consejo del Poder Judicial, la mora procesal en los tribunales dominicanos supera cifras que avergonzarían a cualquier nación que se precie de tener un Estado de derecho funcional. Hay casos penales que llevan más de cinco años dando vueltas en el sistema sin sentencia firme. Hay procesos civiles en los que los litigantes han envejecido esperando una resolución. Y hay, también, denuncias que señalan con nombre y apellido a servidores judiciales cuya relación con determinados resultados procesales no puede explicarse únicamente por la incompetencia. Cuando las irregularidades se perciben como sistemáticas, diversos analistas sostienen que no responden únicamente a negligencia, sino a dinámicas más complejas dentro del sistema.

Conozco bien el argumento que viene a continuación: que el sistema está sobrecargado, que los recursos son insuficientes, que los jueces trabajan bajo presión, que las reformas llevan tiempo. Lo conozco porque lleva décadas siendo el mismo argumento, pulido y repetido como si el tiempo no lo hubiera desgastado. Es el argumento del gestor que nunca gestiona, del reformador que nunca reforma, del líder que administra el statu quo mientras lo bautiza de modernización. La paciencia ciudadana, sin embargo, tiene límites que ningún discurso institucional puede seguir ignorando.

Lo que inquieta con mayor fuerza no es la lentitud por sí misma, sino la selectividad de esa lentitud. Porque no todos los expedientes esperan igual. Hay causas que se resuelven con una velocidad sorprendente, casi quirúrgica, mientras otras se sedimentan en el fondo del sistema durante años. Esa asimetría ha sido interpretada por diversos sectores como difícil de atribuir únicamente al azar. Las presuntas irregularidades, cuando permea una institución, no la destruye uniformemente: la distorsiona. La vuelve rápida para unos y laberíntica para otros. Genera la percepción de que el sistema podría operar de forma desigual, beneficiando a quienes cuentan con mayores recursos. por la urgencia o por el olvido estratégico.

Y aquí es donde la figura del liderazgo institucional entra en escena con toda su carga de responsabilidad. Toda institución lleva la impronta de quien la conduce. No estoy señalando una persona con el propósito de convertirla en chivo expiatorio de males colectivos; estoy planteando algo mucho más estructural y, a la vez, más exigente: quien dirige el Poder Judicial tiene la obligación moral, ética y jurídica de no solo administrar el sistema, sino de transformarlo. De no solo gestionar los procesos, sino de perseguir con determinación a quienes los corrompen desde adentro. Y esa transformación, hoy por hoy, brilla por su ausencia.

Los escándalos que han salpicado periódicamente a funcionarios judiciales de distintos niveles no han sido respondidos con la contundencia que demanda la ciudadanía. Las investigaciones internas se anuncian con fanfarria y concluyen, casi siempre, en el silencio. Los mecanismos de rendición de cuentas que existen sobre el papel se deshacen en la práctica ante el corporativismo de una institución que se protege a sí misma con la misma energía que debería invertir en proteger a la población. Las presuntas irregularidades prospera exactamente donde la transparencia es ornamental.

Pienso en casos que han sido reportados en distintos sectores del país, como el de ciudadanos que esperan durante años decisiones judiciales en materia de alimentos. En el empresario de San Pedro de Macorís que interpuso una demanda civil legítima y ha visto cómo sus abogados acumulan audiencias aplazadas sin explicación razonable. Pienso en el joven que pasó dos años en prisión preventiva antes de ser declarado inocente, sin que nadie le devuelva ese tiempo ni le ofrezca una disculpa formal. Ellos son el sistema judicial. No los magistrados con sus togas almidonadas, no los comunicados de prensa con lenguaje técnico impecable. El sistema judicial es, en última instancia, la experiencia concreta de cada ciudadano que se para ante él buscando justicia. Y esa experiencia, hoy, es mayoritariamente una de decepción, desconfianza y hartazgo.

Algunos dirán que soy injusto, que hay jueces honestos —y los hay, sin duda—, que hay reformas en marcha, que el cambio institucional es un proceso gradual. Acepto el matiz. Pero la gradualidad no puede ser una coartada permanente. Llevan décadas en ese proceso gradual y la ciudadanía sigue sin ver resultados tangibles. La honestidad individual de algunos funcionarios no puede redimir la deshonestidad estructural del sistema que los contiene. Un barco no está a salvo porque algunos marineros remen bien si el casco está agujereado.

La comparación con otras regiones resulta demoledora. Costa Rica, Uruguay, Chile —países que alguna vez compartieron con República Dominicana diagnósticos similares de debilidad institucional— han logrado construir sistemas judiciales con niveles de independencia, transparencia y eficiencia que aquí siguen siendo aspiraciones en papel. No es que no se pueda. Lo que abre el debate sobre si existe la suficiente determinación institucional para impulsar reformas de fondo. De verdad implica enfrentar intereses que hoy se benefician de su disfunción. Implica tocar redes de poder que cruzan partidos, sectores económicos y grupos de influencia que prefieren un sistema maleable a uno íntegro.

Las presuntas irregularidades en el sistema judicial no es solo una falla administrativa. Es una afrenta a la dignidad de un pueblo que paga con sus impuestos el sueldo de sus actores institucionales cuestionados. Es una traición a la Constitución de la República que consagra la justicia como derecho fundamental. Y es, sobre todo, una señal de alarma democrática que ningún gobierno responsable puede seguir desoído. Cuando la ciudadanía deja de creer en la justicia, no renuncia a ella en silencio: busca otras formas de obtenerla. Algunas de esas formas son oscuras y peligrosas. La historia latinoamericana está llena de advertencias al respecto.

Por todo lo anterior, lo que exijo —y con «exijo» hablo en nombre de miles de ciudadanos que ya no toleran eufemismos— es simple en su formulación aunque difícil en su ejecución: transparencia real, rendición de cuentas sin excepción, depuración de los elementos corruptos que manchan la toga de toda la institución, y un liderazgo que entienda que dirigir el Poder Judicial no es administrar un feudo sino servir a un pueblo. Que cada expediente es la vida de alguien. Que cada dilación injustificada es una injusticia consumada. Que cada caso resuelto a favor del mejor postor es una puñalada al Estado de derecho.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la reputación de una institución. Es la credibilidad del pacto democrático que nos comprometimos a sostener como nación. Si el sistema judicial sigue siendo percibido —y actuando— como un espacio donde la percepción de prácticas irregulares persiste de forma preocupante en determinados espacios del sistema, ese pacto se deteriora pieza a pieza, día a día, sentencia a sentencia. Y cuando los pueblos pierden la fe en sus instituciones, la democracia no muere de un golpe; muere de desgaste, de indiferencia, de ese hartazgo silencioso que un día deja de ser silencioso.

¿Cuántas generaciones más de dominicanos deberán crecer sin confiar en el sistema que se supone los protege? Esa pregunta, lector, no la hago al vacío. La hago a quienes tienen el poder de responderla con hechos. Si no lo hacen, la historia —esa jueza que nunca prescribe— sabrá muy bien qué nombre ponerle a su omisión.

Este análisis se sustenta en percepciones públicas, informes y debates abiertos sobre el funcionamiento del sistema judicial. Este medio reitera su disposición a incluir la posición de las autoridades correspondientes o de cualquier actor que considere pertinente aportar su versión sobre los señalamientos aquí abordados.