Reforma electoral sin disenso: Abinader y el Congreso ignoran al TC y aplasta la institucionalidad fuera del sistema de partidos

¿Hasta dónde puede llegar un gobierno que, proclamándose modernizador, decide ignorar al Tribunal Constitucional cuando su criterio resulta inconveniente? Esa pregunta no es retórica. Es, lamentablemente, la que se instala en el centro del debate público dominicano tras la aprobación de la reforma electoral que, con el aval del Ejecutivo y la complicidad de un Congreso dócil, reduce de manera deliberada las posibilidades de participación ciudadana fuera del sistema de partidos. Hablo de una decisión que no solo vulnera derechos, sino que exhibe, con una frialdad que indigna, el desprecio por la institucionalidad que se suponía debíamos proteger.

La institucionalidad como escenario vacío

La institucionalidad no es un adorno constitucional. No es el espejismo que algunos funcionarios exhiben en discursos de investidura mientras, a espaldas del ciudadano, desmontaban los andamios que sostenían el andamio democrático. La institucionalidad es, en esencia, el compromiso irrenunciable de que ningún poder —por más legitimidad electoral que invoque— está por encima de las normas que regulan su ejercicio. Y sin embargo, lo que hemos presenciado en los últimos meses ha sido exactamente lo contrario: una reforma electoral que nació sin debate real, se procesó sin consenso genuino y fue firmada ignorando los señalamientos del Tribunal Constitucional.

Que un presidente que llegó al poder con promesas de renovación institucional sea el mismo que encabeza esta maniobra resulta, cuanto menos, elocuente. La ironía sería casi literaria si no fuera tan amarga: la misma administración que construyó su discurso sobre la transparencia y el respeto al Estado de Derecho es la que hoy cierra las puertas del sistema electoral a quienes no militan bajo ninguna sigla partidaria.

La institucionalidad en el espejo del Tribunal Constitucional

Lo que el TC dijo y nadie quiso escuchar

El Tribunal Constitucional no es un organismo decorativo. Su rol en el ordenamiento jurídico dominicano es precisamente el de guardián de la constitucionalidad, de árbitro último cuando los poderes del Estado se desbordan o actúan en violación de los derechos fundamentales. Pues bien: ese árbitro habló. Y el Ejecutivo, junto al Congreso, decidió que sus señalamientos eran una incomodidad menor que podía soslayarse con un trámite apresurado.

Las observaciones del TC apuntaban, entre otras cuestiones, a la necesidad de preservar mecanismos de participación política que no dependan exclusivamente de la estructura partidaria. En un país donde la ciudadanía ha manifestado, elección tras elección, un desencanto creciente con los partidos políticos tradicionales, restringir esas vías alternativas no es solo una decisión técnica: es una declaración de intenciones. Es la respuesta de una élite política que teme la competencia fuera de su propio ecosistema.

Cuando la mayoría legislativa reemplaza al derecho

El Congreso aprobó la reforma con mayorías que, en términos aritméticos, parecen contundentes. Pero la democracia no es solo una cuestión de mayorías. Es también —y esto es fundamental— el respeto a los contrapesos, a las minorías, a las instituciones que existen precisamente para que ningún bloque de poder pueda imponer su voluntad sin límites. Cuando la mayoría legislativa actúa como un rodillo, cuando el debate se convierte en formalidad y el disenso en obstáculo a eliminar, la institucionalidad no es ya un marco de garantías: se convierte en una puesta en escena.

Me pregunto, con genuina perplejidad, qué clase de señal se envía a la ciudadanía cuando el poder político actúa así. Cuando se le dice, en los hechos si no en las palabras, que sus opciones de participación serán las que el sistema decida. Que si no tiene carné de un partido reconocido, su espacio en el juego democrático será mínimo, marginal, casi simbólico.

Pluralismo amenazado: la institucionalidad que muere en silencio

El costo real de cerrar el sistema

Hay algo que los arquitectos de esta reforma parecen no haber calculado, o quizás sí lo calcularon y les resultó conveniente: el costo político de la exclusión se acumula. Las democracias que se cierran sobre sí mismas no lo hacen de golpe. Lo hacen por acumulación de pequeñas decisiones que, tomadas individualmente, podrían parecer anodinas, pero que en conjunto construyen un modelo de acceso restringido al poder. Hoy se limitan las candidaturas independientes. Mañana, se complican los mecanismos de fiscalización. Pasado, el ciudadano se da cuenta de que el sistema que debía representarlo solo tiene puertas de entrada para quienes ya estaban adentro.

Los datos de participación electoral dominicana ilustran este riesgo con claridad. La abstención ha ido en aumento en los últimos ciclos electorales. La confianza en los partidos políticos, según encuestas regionales consistentes, se mantiene en niveles históricamente bajos. En ese contexto, la respuesta que ofrece esta reforma es exactamente la opuesta a la que el momento exige: en vez de abrir el sistema, lo cierra. En vez de diversificar la representación, la concentra.

El argumento de la eficiencia y sus trampas

Los defensores de la reforma argumentarán, con la soltura de quien tiene los votos para no tener que convencer a nadie, que las restricciones apuntan a ordenar el sistema, a evitar la proliferación de candidaturas sin sustento real, a garantizar la gobernabilidad. Es un argumento que suena razonable hasta que se examina de cerca. La gobernabilidad no puede ser el eufemismo que justifica la exclusión. El orden no puede ser la coartada del monopolio.

En otras latitudes de América Latina y Europa, el fortalecimiento de la democracia ha pasado precisamente por lo contrario: la apertura de mecanismos de participación directa, el reconocimiento de candidaturas independientes con umbrales razonables, la descentralización del poder político. República Dominicana marcha, con esta reforma, en dirección contraria a esa corriente. Y lo hace, insisto, ignorando activamente a su propio Tribunal Constitucional.

La institucionalidad que no se puede tercerizar

Quizás lo más preocupante no es la reforma en sí. Lo más preocupante es el método. Una reforma electoral que se aprueba sin disenso real, que esquiva los criterios del TC, que no incorpora las voces de la sociedad civil organizada, que no abre espacios de consulta genuina, no solo produce una norma cuestionable: produce también un modelo de gobernar. Un modelo que dice, con cada decisión de este tipo, que las instituciones son instrumentos del poder y no sus límites.

Ese modelo es el que debería alarmarnos. No porque un gobierno particular sea intrínsecamente antidemocrático —esa sería una afirmación que requeriría más elementos de juicio— sino porque la acumulación de gestos en esa dirección construye culturas políticas. Y las culturas políticas son difíciles de revertir.

Frente a la ruptura, la ciudadanía como ancla

Lo que resta —y esto no es un cierre optimista fácil, sino una apuesta que exige trabajo— es que la ciudadanía entienda que la institucionalidad no se defiende solo en las urnas. Se defiende en el debate público, en la exigencia sostenida de rendición de cuentas, en el rechazo a normalizarlo que no debe normalizarse. Una reforma que cierra el sistema político no es inevitable: es reversible. Pero solo si quienes la padecen deciden que no están dispuestos a aceptarla como si fuera el estado natural de las cosas.

A fin de cuentas, la pregunta que esta reforma electoral plantea no es técnica ni jurídica, aunque lo parezca. Es una pregunta política en el sentido más profundo del término: ¿quién decide quién puede participar en el juego democrático? Si la respuesta la dan solo quienes ya están dentro del sistema, entonces el sistema deja de ser democrático para convertirse en otra cosa. Y darle otro nombre sería, simplemente, deshonesto.

La institucionalidad que se erosiona en silencio, aplaudida por mayorías cómodas y bendecida por ejecutivos que olvidaron sus promesas, es exactamente el tipo de institucionalidad que no merece ningún silencio de nuestra parte.