El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrió esta semana el sector Las Lilas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, para mostrar los avances del proyecto de recuperación del margen oriental del río Ozama: RD$409.5 millones de inversión, 16,000 metros cuadrados de intervención urbana y 62,815 habitantes que, según el discurso oficial, se verán beneficiados. Pero mientras los funcionarios hablaban de corredores verdes y dignidad familiar ante las cámaras, uno de los afectados le reclamó al propio ministro: «Con 300 mil pesos, ¿dónde puedo ir? Tengo cuatro muchachos.» Esa pregunta, sin respuesta concreta ese día, resume la brecha que separa la narrativa gubernamental de la realidad que viven cientos de familias desalojadas.
El proyecto y sus números
La intervención, respaldada por el Decreto 521-25 y ejecutada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), contempla según datos oficiales la recuperación de 800 metros lineales de la ribera del Ozama, dividida en dos etapas. La primera, actualmente en ejecución, incluye 350 metros de vía a orillas del río, 5,800 metros cuadrados de áreas verdes, 200 árboles, remozamiento del dispensario médico, del destacamento policial, canchas deportivas, un campo de béisbol infantil y un centro comunitario.
La voz que el recorrido oficial no silencia
Lo que ningún comunicado de prensa recogió con la misma prominencia que las cifras de inversión es lo que dijeron los vecinos durante el propio recorrido organizado por el gobierno. Según reportó Diario Libre, Ramón Acosta Ramírez le dijo al ministro Paliza, sin rodeos, que conoce casos de personas presuntamente encarceladas de forma injustificada durante los desalojos, y que las indemnizaciones ofrecidas no alcanzan para reubicarse.
El caso de Fredy es igualmente revelador. Según recogió Acento, este residente llevaba desde el año 2000 en el sector, tenía dos casas, ambas demolidas como parte del proyecto, y dos meses después de las demoliciones no había recibido ni un peso de indemnización. «Siempre voy allá y me dicen: ‘Lo vamos a llamar’, y nunca me llaman. Eso me tiene desesperado», declaró durante el mismo recorrido oficial.
URBE explicó que el mecanismo de tasación combina el avalúo de Catastro Nacional con una tasación comercial paralela, sacando una media ajustada según la composición familiar. El problema estructural es evidente: en un mercado inmobiliario urbano donde una vivienda básica en barrios populares cuesta dos o tres millones de pesos, una indemnización entre RD$300,000 y RD$850,000 no garantiza reubicación digna en la misma ciudad. La brecha entre el precio del mercado y el precio del Estado no es un detalle técnico: es la diferencia entre un desalojo con solución y un desalojo disfrazado de proyecto social.
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Treinta años de promesas en el mismo río
Antes de celebrar este proyecto como histórico, conviene revisar el historial. El Ozama lleva décadas siendo prometido y abandonado por todos los gobiernos. Según documentó Diario Libre en septiembre de 2025 y El Inmobiliario en su cobertura reciente:
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El proyecto tiene mérito técnico real: la intervención urbana está en ejecución, la primera etapa avanza según el cronograma oficial y el corredor verde tiene potencial ambiental concreto. Pero hay tres preguntas que el gobierno no respondió durante el recorrido y que definen si este proyecto es genuinamente diferente a los anteriores.
Primera: ¿por qué hay familias cuyas viviendas fueron demolidas hace dos meses que aún no han cobrado? URBE tiene expedientes de cada familia, según su coordinadora. Si el proceso está documentado, ¿qué impide liquidar las indemnizaciones antes o simultáneamente a la demolición, en lugar de después? Demoler primero y pagar después es una práctica que deja a las familias sin techo y sin recursos al mismo tiempo, en una condición más vulnerable que la que el proyecto dice resolver.
Segunda: ¿cómo se determinó que RD$300,000 a RD$850,000 es una indemnización justa en el mercado inmobiliario de 2026? La fórmula de tasación que describe URBE (promedio entre Catastro y tasación comercial) no necesariamente refleja lo que una familia necesita para reubicarse en condiciones equivalentes. El «justo precio» que menciona la ley no es equivalente al «precio suficiente» para vivir. Esa distinción debería estar en el centro del diseño de la política, no como una queja que los residentes tienen que elevar ante el ministro durante un recorrido de prensa.
Tercera: ¿qué garantiza que la segunda etapa, prevista para adjudicarse en julio de 2026, no quede inconclusa como los proyectos anteriores? El río Ozama tiene al menos seis decretos presidenciales de distintas administraciones que lo declararon prioridad nacional. Ninguno fue suficiente. El Decreto 521-25 del gobierno Abinader es el más reciente de esa lista. Que tenga fondos asignados y obras en ejecución es un avance real. Que resuelva el problema estructural de fondo —la contaminación, los asentamientos en zonas de riesgo y la pobreza que los genera— es una hipótesis aún sin demostrar.
Impacto ciudadano real
Las 365 familias directamente desplazadas son la cara humana más inmediata del proyecto. Pero el impacto real se mide en dos escalas paralelas que el discurso oficial tiende a fusionar: el impacto en los 62,815 habitantes que se beneficiarán del corredor verde, y el impacto en los cientos de familias que pierden su vivienda para que ese corredor exista. Son poblaciones distintas, con intereses distintos, y tratarlas como una sola es una forma de invisibilizar el costo humano del proyecto.
Para los que se quedan —los que recibirán el parque, las canchas, el dispensario remozado—, el proyecto es positivo. Para los que se van con una indemnización que no alcanza para comprar en el mismo municipio donde vivieron décadas, la dignidad que promete el ministro aún no tiene precio de mercado.
La recuperación del río Ozama es necesaria, urgente y ambientalmente justificada. Nadie debería vivir en una zona de inundación. Nadie debería beber agua contaminada con bacterias resistentes a antibióticos. Nadie debería criar hijos en un margen de río que funciona como vertedero. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que el Estado no puede proclamar que devuelve dignidad mientras demoler casas sin pagar primero, mientras una familia espera meses sin respuesta, mientras una tasación oficial no cubre ni la mitad del costo real de reubicarse. El Ozama lleva treinta años siendo rescatado en decretos. Esta vez hay obras visibles, hay presupuesto asignado y hay cronograma. Eso es más que los gobiernos anteriores. La pregunta que queda abierta es la misma que le hizo Ramón Acosta al ministro, sin protocolo ni discurso preparado: ¿y a dónde voy yo?
