Hay una liturgia conocida en la política dominicana: el presidente llega, corta la cinta, el ministro pronuncia cifras de récord y los fotógrafos de la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia (DIPP) eternizan el momento. Esta semana, el escenario fue la provincia Valverde y el protagonismo lo acaparó la central Esperanza Renovable, presentada como el primer proyecto híbrido eólico-solar de gran escala del país. El dato es real. Lo que merece lupa crítica es todo lo que rodea ese dato: los contratos de largo plazo que atan al sistema eléctrico nacional, la deuda que EGE Haina traslada vía tarifas, y la distancia entre el relato de «energía más barata» y la factura que recibe cada hogar dominicano cada mes.
El proyecto: datos reales en un mar de narrativa oficial
La central Esperanza Renovable integra tres parques: Esperanza Solar 1 (90 MW, en operación desde 2023), Esperanza Solar 2 (60 MW) y Esperanza Eólico (49.5 MW). En conjunto suman 200 MW de generación renovable con 259,370 módulos fotovoltaicos bifaciales sobre 246 hectáreas y 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, los más altos instalados en el país con 225 metros de altura total.
Según información oficial, la inversión asciende a 246.5 millones de dólares. EGE Haina —empresa de capital mixto cuyo accionista mayoritario es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), es decir, el Estado dominicano— eleva con este proyecto su capacidad renovable instalada a 576 MW, representando el 41.75% de su capacidad total de 1,380 MW.
Además, los parques Solar 2 y Eólico fueron adjudicatarios de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento en la historia del país. En virtud de ese contrato, EGE Haina añadirá un sistema BESS de 200 MWh. El ministro Joel Santos anunció que para 2028 el país proyecta incorporar 800 MW de almacenamiento adicional al sistema. Las cifras son, sin duda, significativas. Pero las cifras solas no cuentan la historia completa.
“Más del 25% de la energía inyectada al SENI proviene ya de fuentes renovables… hemos pasado de 555 MW en 2020 a más de 2,000 MW mediante 38 proyectos.”
— Ministro Joel Santos, acto inaugural (Mayo 2026)Lo que el discurso oficial no explica: contratos, tarifas y el bolsillo del usuario
El gobierno del presidente Luis Abinader tiene razón en señalar el avance de la matriz energética renovable. La expansión de 555 MW a más de 2,000 MW en menos de cinco años es un hecho verificable. Sin embargo, la pregunta que ningún ministro respondió en el acto inaugural es estructural: ¿bajo qué condiciones contractuales se compra esta energía y a qué precio garantizado?
En la región, los contratos de compraventa de energía renovable (PPA, por sus siglas en inglés) suelen establecer tarifas fijas por 20 o 25 años. Si esas tarifas fueron acordadas por encima del costo marginal del mercado spot —algo habitual cuando el riesgo de inversión es alto— el sistema eléctrico queda atado a precios que, paradójicamente, pueden impedir que la energía renovable sea más barata para el usuario final. Despertar Matinal solicitó información a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre las condiciones específicas de los PPA firmados, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
El ministro Santos afirmó que «las energías renovables se han convertido en las de menor costo para el sistema». Si eso es así, corresponde preguntar por qué la tarifa eléctrica residencial en República Dominicana se mantiene entre las más elevadas del Caribe. Según datos de la Superintendencia de Electricidad, el costo medio de la electricidad para el consumidor final no ha experimentado una reducción significativa proporcional al incremento de la generación renovable. La narrativa del ahorro no se refleja —al menos no todavía, y no de manera transparente— en la factura doméstica.
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Tampoco se abordó durante la inauguración la situación financiera de las distribuidoras eléctricas. Las Edes continúan acumulando pérdidas técnicas y comerciales que absorbe, en última instancia, el presupuesto público. Incorporar más generación renovable es necesario; pero si la red de distribución sigue siendo un colador, el beneficio medioambiental no se traduce en alivio económico para las familias.
Presuntamente, según fuentes del sector energético consultadas por este medio, los contratos de almacenamiento BESS —tecnología de elevado costo inicial— podrían estar denominados en condiciones que elevan el precio promedio de compra de energía en horas pico. De confirmarse, el anuncio de 800 MW de almacenamiento para 2028 representaría un gasto estructural que el Estado dominicano deberá honrar independientemente del precio de mercado.
EGE Haina: empresa pública, beneficio privado, ¿o al revés?
EGE Haina es una sociedad anónima con capital mixto. FONPER —el brazo estatal— figura como accionista. El socio privado es el grupo Inicia, representado en el acto por Felipe Vicini, Amelia Vicini y Juan B. Vicini. La empresa ha invertido, según sus propias cifras, más de 1,700 millones de dólares en capital a lo largo de su historia, 800 millones de ellos en renovables.
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Esa inversión no es filantropía: genera retornos mediante contratos de compraventa con el Estado. El modelo no es necesariamente incorrecto —la inversión privada es indispensable para la transición energética— pero sí exige transparencia total sobre las condiciones de esos contratos y sobre quién asume el riesgo residual. En el acto inaugural, el discurso de la empresa fusionó sin distinción el interés corporativo con el interés nacional. Son cosas distintas y conviene tratarlas como tal.
La inversión social reportada por EGE Haina en Valverde —34 millones de pesos desde 2022, beneficiando a más de 10,000 personas— es positiva y debe reconocerse. También debe contextualizarse: representa aproximadamente el 0.9% del monto total invertido en la central, dentro de una provincia donde los hogares todavía padecen interrupciones eléctricas frecuentes.
La inauguración de Esperanza Renovable es, objetivamente, un avance para la transición energética dominicana. El país necesita más generación renovable, más almacenamiento y una matriz más diversificada. Nada de eso está en discusión. Lo que sí merece debate público —y que el acto inaugural nunca provocó— es si el modelo de contratación elegido garantiza que el beneficio de esa transición llegue a los hogares dominicanos o si, por el contrario, consolida estructuras de rentabilidad privada subsidiadas por el usuario y por el erario. Celebrar sin cuestionar no es informar. Es publicidad.
¿Por qué el Gobierno inauguró una central renovable de 246 millones de dólares sin publicar las condiciones de los contratos de compraventa de energía que determinarán cuánto pagarán los dominicanos por esa electricidad durante las próximas dos décadas?
