Con un decreto y una comisión recién creada, el gobierno promete transformar la educación dominicana. Pero el historial de comisiones anteriores disueltas, decretos derogados y reformas anunciadas que nunca llegaron obliga a preguntar: ¿esto es política educativa o política electoral?
El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 309-26, que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el mandato de diseñar un nuevo modelo educativo nacional, articularlo con la ciencia y la tecnología, y elaborar un anteproyecto de ley que reemplace la legislación vigente. La comisión tiene seis meses para entregar resultados al Poder Ejecutivo.
El anuncio tiene todos los elementos de una medida histórica: estructura interinstitucional, comité consultivo de expertos, comité técnico redactor, consulta nacional en todas las regiones del país y coordinación con organismos internacionales. Lo que no tiene, al menos en el texto del decreto, es una explicación de por qué el gobierno esperó hasta el quinto año de su mandato para dar este paso.
La ley que nadie ha cambiado en casi tres décadas
El sistema educativo dominicano opera bajo la Ley General de Educación 66-97, promulgada hace 28 años. Todos los gobiernos desde entonces —Mejía, Fernández, Medina y ahora Abinader— han reconocido que esa ley está desactualizada. Todos han prometido, en distintos momentos, una reforma estructural. Ninguno la ha concretado.
Lo que el Decreto 309-26 propone no es, en sí mismo, la reforma. Es la creación de una comisión que diseñará las bases para una futura ley que deberá ser aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, el gobierno no está transformando la educación: está creando el mecanismo para eventualmente proponer transformarla.
Esa distinción no es semántica. Es la diferencia entre gobernar y anunciar que se va a gobernar.
Un decreto que deroga otro decreto que derogó otro proceso
Uno de los datos más reveladores del Decreto 309-26 está en su artículo final: deroga el Decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que había creado una comisión especial para coordinar la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
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Es decir, hace menos de un año el gobierno creó una comisión para fusionar dos ministerios. Ahora crea otra comisión que, implícitamente, abandona esa fusión y reorienta el proceso hacia una reforma más amplia. ¿Qué ocurrió con el trabajo de la comisión anterior? ¿Produjo informes? ¿Gastó recursos? ¿Sus conclusiones fueron públicas? El decreto no lo dice. La nota de prensa oficial tampoco.
Adicionalmente, la nueva comisión deberá coordinar sus trabajos con la Comisión Nacional creada mediante el Decreto 173-16, es decir, una comisión creada en el gobierno de Danilo Medina en 2016 que, según datos oficiales disponibles, nunca produjo una reforma legislativa concreta. El gobierno actual no crea sobre terreno limpio: crea sobre el cementerio de comisiones anteriores.
La arquitectura de la comisión: ¿quién responde ante quién?
La Comisión Ejecutiva estará integrada por el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora general del INFOTEP. Todos son funcionarios de designación presidencial. Todos responden, en última instancia, al Ejecutivo.
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El Comité Consultivo, compuesto por «expertos de distintas áreas», no tiene en el decreto una definición clara de criterios de selección, mecanismos de independencia ni obligación de publicidad en sus deliberaciones. ¿Quién elige a los expertos? ¿Bajo qué criterios? ¿Pueden los maestros, las asociaciones de padres, los sindicatos docentes y las organizaciones estudiantiles participar en igualdad de condiciones, o serán convocados como parte del protocolo?
La historia reciente de las consultas públicas en la República Dominicana sugiere cautela. En más de una ocasión, procesos denominados «consulta nacional» han funcionado como mecanismos de validación de decisiones ya tomadas, más que como espacios reales de deliberación ciudadana. El decreto no establece ningún mecanismo vinculante que obligue a la comisión a incorporar los resultados de la consulta en sus propuestas finales.
Cinco años, 4% del PIB y resultados que el decreto no menciona
Desde 2013, la República Dominicana destina por ley el 4% del PIB al presupuesto de educación preuniversitaria, una conquista histórica que costó movilizaciones sociales masivas y años de presión ciudadana. El gobierno de Abinader ha administrado ese presupuesto durante casi cinco años.
¿Cuáles son los resultados medibles de esa inversión? Las pruebas PISA-D y los informes del Sistema de Evaluación de la Calidad Educativa (SEECE) han mostrado, según datos oficiales y análisis independientes, que los niveles de comprensión lectora y competencia matemática de los estudiantes dominicanos siguen siendo críticos. La deserción escolar, la brecha entre educación urbana y rural, y la precariedad de la infraestructura en zonas periféricas persisten como problemas estructurales.
El Decreto 309-26 no hace ninguna referencia a esos resultados. No parte de un diagnóstico público. No establece metas medibles. Crea una comisión sin decirle al país desde dónde parte ni adónde, con precisión, pretende llegar.
El maestro que no aparece en el decreto
En todo el texto del Decreto 309-26, hay una ausencia notable: los docentes. La comisión ejecutiva no incluye representación del magisterio. El comité consultivo podría incluirlos, pero el decreto no lo garantiza ni lo exige.
Esto no es un detalle protocolar. Los maestros dominicanos son los actores centrales de cualquier transformación educativa real. Son quienes conocen de primera mano las condiciones del aula, la falta de materiales, los problemas de infraestructura, las dificultades de los estudiantes y las limitaciones del currículo vigente. Son también quienes, históricamente, han sido los primeros en movilizarse cuando las reformas educativas se diseñan desde escritorios y se implementan sin capacitación ni recursos.
Una transformación educativa que se diseña sin los maestros, o que los incluye solo como invitados de protocolo, está condenada a repetir el ciclo de reformas anunciadas que nunca cambian el aula.
El plazo de seis meses y la aritmética política
El decreto establece que la Comisión Ejecutiva deberá presentar el anteproyecto de ley y sus recomendaciones en un plazo no mayor de seis meses. Ese plazo vence, aproximadamente, a finales de 2026, en pleno proceso preelectoral dominicano, con elecciones congresionales y municipales en el horizonte.
La coincidencia temporal merece atención. Un anteproyecto de ley de educación presentado en período preelectoral puede funcionar como herramienta de campaña antes que como política pública consolidada. Y un anteproyecto no es una ley: para convertirse en legislación debe pasar por el Congreso Nacional, donde los tiempos, las negociaciones y las prioridades políticas pueden extenderlo indefinidamente o simplemente archivarlo.
¿Cuántas leyes de reforma educativa han dormido en los archivos del Congreso dominicano mientras los niños seguían sin libros? La respuesta no requiere investigación: basta con revisar el historial legislativo de las últimas tres décadas.
Bienvenida la intención, necesaria la evidencia
Nadie en su sano juicio puede oponerse a transformar la educación dominicana. El sistema necesita reforma urgente, integral y sostenida. El problema no es el decreto. El problema es la confianza.
Un gobierno que en cinco años no logró aprobar una nueva ley de educación, que creó y luego disolvió una comisión de fusión ministerial, que administra miles de millones de pesos en un sector con resultados todavía deficientes, y que ahora —a meses del fin de su mandato constitucional— lanza una nueva comisión con seis meses de plazo, le debe a la ciudadanía algo más que un decreto bien redactado.
Le debe un balance honesto de lo que funcionó y lo que no. Le debe transparencia sobre el destino de los procesos anteriores. Le debe garantías reales de participación docente y ciudadana. Y, sobre todo, le debe la humildad de reconocer que las transformaciones educativas que este país necesita no caben en seis meses ni en una comisión sin maestros.
Los niños dominicanos no necesitan otra comisión. Necesitan que la próxima no sea la última que se disuelve sin dejar rastro.
