Cuando un presidente convoca a la sociedad civil, a las iglesias y a los defensores de derechos humanos para diseñar una reforma policial, el compromiso implícito es que esas recomendaciones se conviertan en política pública. Cinco años después, dos de los comisionados que participaron en ese ejercicio —Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el reverendo Fidel Lorenzo Merán— salieron a decir, sin rodeos, que el grueso de lo que propusieron «se quedó solo en teoría». No hablan como opositores. Hablan como los propios arquitectos de un plan que el Estado dominicano archivó.
Una comisión que asesoró, un gobierno que decidió otra cosa
La Comisión de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional fue creada por el presidente Luis Abinader dentro de su primer mandato (2020-2024) como respuesta al reclamo social por la brutalidad policial y la falta de controles internos en la institución. Entre sus recomendaciones centrales figuraba una evaluación de desempeño integral —desde la dirección hasta la tropa— realizada por una entidad externa a la propia Policía, siguiendo modelos internacionales como el del Mosad israelí.
Según los comisionados entrevistados en el programa D’Agenda, esa depuración de arriba hacia abajo nunca se ejecutó. En su lugar, de acuerdo con su testimonio, los altos mandos policiales simulaban acuerdo con la reforma sin admitir debilidades internas, e incluso pretendían impartir cátedra a los expertos extranjeros contratados para capacitarlos.
En materia educativa, la comisión cuestionó la existencia de unas 200 «escuelitas» fragmentadas por cada estamento policial. La respuesta institucional fue la construcción de un centro de formación en Río San Juan, presentado por las autoridades como superior a la región, pero ubicado —según señalan los propios comisionados— en una zona apartada, fuera del alcance de una supervisión centralizada.
El costo humano y la centralización del fracaso
El reverendo Lorenzo Merán fue más allá de la crítica administrativa: cuestionó que cerca de 600 personas, en su mayoría jóvenes, hayan muerto a manos de agentes policiales en los llamados «intercambios de disparos», episodios que calificó, según su lectura, como ejecuciones y no como enfrentamientos legítimos. Esa cifra transcurre, de acuerdo con el reclamo de los comisionados, en paralelo a una reforma policial que el propio presidente dirige personalmente cada lunes en el Palacio de la Policía desde hace cinco años.
Esa centralización tiene, según los propios comisionados, una lectura política incómoda: si el jefe de Estado asume personalmente la conducción operativa de la reforma policial, los resultados —o la ausencia de ellos— recaen directamente sobre su gestión. No hay a quién más atribuir el estancamiento cuando quien dirige la mesa es el propio presidente.
Mercedes fue explícito al descartar que el problema se resuelva con salidas cosméticas: ni la destitución de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ni la remoción del director policial, ni siquiera la modificación exprés de la ley orgánica —aprobada por el Senado en una sola sesión, con más de 300 artículos— atacan la raíz del problema. Dieciséis directores han pasado por la institución sin que el patrón cambie, lo que sugiere, según su planteamiento, que el fallo no es de personas sino de un diseño institucional que ningún partido en el poder ha corregido.
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Una reforma que se dirige desde el Palacio pero se diluye en el terreno no es una reforma: es un ejercicio de relaciones públicas con uniforme.
Evaluación externa e independiente, tipo Mosad
Depuración de arriba hacia abajo
Centro de formación accesible y supervisable
No implementada
Simulación de acuerdo sin depuración real
Centro en Río San Juan, alejado de zona céntrica
La pregunta que queda abierta no es si hubo un plan para la reforma policial —lo hubo, y fue redactado por actores sin intereses partidarios, según ellos mismos subrayan—. La pregunta es por qué un gobierno que exhibe la seguridad ciudadana como bandera de gestión prefirió una ley aprobada en un día, sin consenso, antes que aplicar el diagnóstico que su propia comisión le entregó.
No hay forma de sostener que la reforma policial avanza cuando quienes la diseñaron —sin filiación partidaria, sin cargo público que defender— la describen como una promesa desconectada deliberadamente. Y no hay manera de descargar esa responsabilidad en un director, en una ministra o en una ley redactada de urgencia, cuando ha sido el propio jefe de Estado quien decidió llevar las riendas de ese proceso, lunes tras lunes, durante los cinco años que lleva en el poder.
¿Puede llamarse reforma policial un proceso que sus propios diseñadores describen como ignorado, mientras la cifra de muertos bajo custodia o en operativos policiales sigue creciendo sin una auditoría independiente que la explique?
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