Monorriel de Santo Domingo: ¿Transparencia real o tramoya institucional?

El Gobierno dominicano acaba de dar el pistoletazo oficial al proyecto de transporte más ambicioso y costoso en la historia reciente del país. La adjudicación del monorriel de Santo Domingo, anunciada con bombo y platillos por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), ha sido presentada como un triunfo de la transparencia. Pero entre las cifras millonarias, los consagrados discursos oficiales y los comunicados bien redactados, emergen preguntas que ningún boletín de prensa responde: ¿Por qué solo dos consorcios compitieron por una obra de casi RD$29 mil millones? ¿Quiénes son realmente las empresas dominicanas del consorcio ganador? ¿Y quién, en última instancia, pagará los US$900 millones que demanda este faraónico proyecto?

Según informó FITRAM mediante comunicado oficial, el proceso de licitación pública identificado como FITRAM-CCC-LP-2025-0001 fue lanzado el 9 de septiembre de 2025. Lo que se convocó inicialmente con un plazo estándar para la presentación de propuestas, terminó extendiéndose 82 días adicionales, según argumentó la entidad, para «garantizar la mayor participación de oferentes». El resultado: un proceso de 126 días que, pese a todo, solo atrajo a dos consorcios.

El ganador, el Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI), está conformado en partes iguales por las empresas mexicanas Constructora Moyeda, S.A. y Hércules Construcciones de Monterrey, S.A., y las dominicanas Sanesto MG Ingeniería y Grupo Força Diseño & Ingeniería. Su oferta económica, de acuerdo con el acta de adjudicación No. 16-2026, ascendió a RD$28,985,534,516.31, la más económica del proceso.

El proyecto contempla 10.5 kilómetros de recorrido y 12 estaciones, conectando la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este con el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, integrándose a las líneas 1 y 2 del Metro. Según proyecciones oficiales, el sistema tendría capacidad para atender a 306,000 pasajeros diarios en su tramo más cargado.

La narrativa oficial insiste en que «todo el proceso se ha desarrollado en estricto apego a la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas». Pero el rigor jurídico no debe confundirse con la legitimidad política de un proceso. Que el procedimiento haya sido formalmente correcto no responde una pregunta de fondo: ¿por qué, ante la obra pública más costosa de la presente administración, solo se presentaron dos oferentes?

Fuentes del sector de la construcción, que prefirieron no ser identificadas, señalan que los requisitos técnicos y financieros del pliego de condiciones podrían haber actuado, presuntamente, como barrera de entrada para empresas con capacidad real pero sin el respaldo financiero que exige una licitación de esta envergadura. No hay acusación formal en ello, pero sí una observación que merece escrutinio ciudadano: ¿se diseñaron las condiciones para maximizar la competencia o para filtrarla?

Sobre el financiamiento, la opacidad es más preocupante que cualquier irregularidad procedimental. Según información disponible hasta la fecha, el proyecto tiene un costo estimado cercano a los US$900 millones, con respaldo financiero declarado de Francia a través del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Sin embargo, de acuerdo con fuentes especializadas, los detalles del contrato financiero definitivo, la estructura de la deuda, los plazos de amortización y el impacto en la deuda pública del Estado dominicano permanecen, a la fecha de esta publicación, sin divulgar de forma integral a la ciudadanía.

En un año electoral en que el presidente Luis Abinader ha inscrito la modernización del transporte como bandera de campaña, el timing del anuncio —days después de una reunión bilateral con Emmanuel Macron— tiene una dimensión política que no puede ignorarse. La obra es necesaria; que sea necesaria no exime al Gobierno de rendir cuentas claras sobre su costo total, su financiador, y sobre quién pagarán los dominicanos a largo plazo.

El monorriel de Santo Domingo puede ser, en efecto, una transformación histórica para la movilidad urbana de la capital. Pero las grandes obras no se miden solo por su cinta inaugural ni por los puntos técnicos de una licitación. Se miden por lo que le cuestan al país, por quién se beneficia de construirlas y por si los ciudadanos que las necesitan tuvieron voz en el proceso. La pregunta que este periódico deja sobre la mesa es incómoda y deliberada: ¿cuándo sabrán los dominicanos, con precisión, cuánto pagarán por este monorriel, bajo qué condiciones y a quién?