Alarmante: Ministro minimiza salida de Punta Catalina 2 mientras crecen cuestionamientos sobre el suministro energético

En República Dominicana, el apagón no siempre comienza con un corte de luz. A veces empieza con una declaración tranquilizadora que, al escrutinio, revela más vacíos que certezas.

La reciente salida de servicio de la unidad Punta Catalina II ha encendido las alarmas del sector energético nacional. Mientras fuentes ligadas al gobierno aseguran que la situación está «bajo control», expertos en política eléctrica y actores del sector productivo alertan que la narrativa oficial omite datos críticos sobre cómo se cubrirá el déficit de generación que deja la planta fuera de operación. Presuntamente, según fuentes consultadas por este medio, las autoridades competentes habrían sido notificadas con anterioridad sobre las condiciones de la unidad, dato que —hasta el momento no confirmado oficialmente— elevaría las preguntas sobre la oportunidad y transparencia de la comunicación institucional.

Punta Catalina fue durante años objeto de fuertes campañas de descrédito que, según distintos sectores políticos y gremiales, buscaban justificar su eventual traspaso al sector privado. De acuerdo con documentos de discusión parlamentaria y declaraciones públicas de exfuncionarios del sector eléctrico, esa presión cesó ante la reacción adversa de la opinión pública, lo que frenó —al menos formalmente— cualquier proceso de privatización directa. La planta, cuya construcción generó una de las controversias judiciales anticorrupción más resonantes del país, terminó operando como activo estatal con una capacidad instalada que representa una porción significativa de la generación base del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Hoy, la salida de su segunda unidad reactiva aquel debate bajo una nueva forma. No como privatización abierta, sino —según señalan voces técnicas consultadas— como una posible reconfiguración silenciosa del mapa de generación.

El ministro del ramo, según fuentes presentes en la rueda de prensa, descartó que la salida de Punta Catalina II represente un riesgo inmediato para el suministro eléctrico. Sin embargo, de acuerdo con documentos técnicos del propio SENI a los que este medio ha tenido acceso indirecto, la unidad aporta una capacidad que no puede sustituirse de manera inmediata sin apelar a generación de mayor costo o menor estabilidad. La pregunta que el funcionario no respondió —y que nadie del bloque oficial ha abordado con datos— es concreta: ¿qué fuente de generación cubrirá ese hueco y en qué condiciones contractuales?

Presuntamente, según información no confirmada oficialmente pero circulante en círculos técnicos especializados, el proyecto termoeléctrico Manzanillo estaría posicionándose como receptor de contratos de suministro que podrían beneficiarse del espacio que deja la menor capacidad operativa de Punta Catalina. Este señalamiento no implica necesariamente irregularidad alguna, pero sí plantea una interrogante de política pública: ¿a quién le conviene que una planta estatal esté fuera y un proyecto privado esté dentro?

Se plantea la interrogante —y así lo hacen diversas fuentes técnicas y académicas consultadas— de si esta situación forma parte de una estrategia más amplia orientada a trasladar activos o capacidad de generación del ámbito público al privado, particularmente en el contexto de la salida de Punta Catalina y el protagonismo creciente de proyectos como Manzanillo. No es una acusación: es una hipótesis estructural que los datos disponibles ni confirman ni descartan, pero que la opacidad gubernamental hace imposible desestimar con fundamento.

Expertos cuestionan si la narrativa oficial encubre un cambio en la matriz de generación con mayor participación privada. De acuerdo con fuentes del sector empresarial eléctrico, algunos actores privados habrían iniciado gestiones para ampliar contratos de venta de energía con las distribuidoras estatales en un período que coincide —presuntamente, hasta el momento no confirmado oficialmente— con la reducción de disponibilidad de Punta Catalina. Este dato, de corroborarse, apuntaría no a una crisis espontánea sino a una transición administrada desde el Estado, pero sin debate público ni rendición de cuentas transparente.

No debe olvidarse que las campañas de desprestigio a Punta Catalina tuvieron actores identificables, voceros mediáticos y un guion repetido. Hoy ese guion ha cambiado de tono, pero la música de fondo —una privatización que se intenta por otras vías— podría ser la misma, según advierten analistas que prefieren reservar su identidad.

La República Dominicana no puede darse el lujo de gestionar su sistema eléctrico en las penumbras de la opacidad institucional. Punta Catalina costó miles de millones de dólares, arrastró escándalos judiciales y fue financiada con deuda pública. Que una de sus unidades salga de operación sin un plan de contingencia comunicado con transparencia, sin datos de respaldo verificables y en un contexto donde proyectos privados ganan terreno, no es solo un problema técnico: es una alerta democrática.

El suministro energético es un bien de interés nacional. Las decisiones sobre quién genera, a qué precio y bajo qué contratos no pueden tomarse en una nebulosa de intereses no declarados. El país merece —y tiene el derecho de exigir— respuestas claras, documentadas y sometidas al escrutinio público. Mientras eso no ocurra, el apagón más peligroso será el de la información.