Mientras el ministro predica ética, su institución acumula seis casos documentados de presunta corrupción

Hay algo profundamente incómodo en escuchar a un funcionario público hablar de ética ante cientos de jóvenes mientras la institución que encabeza carga con un historial de señalamientos que ningún congreso de valores puede limpiar con discursos. El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, presidió este miércoles el Tercer Congreso Nacional de Ética en la Juventud, un acto con presencia presidencial, oradores aplaudidos y frases diseñadas para inspirar. «La ética no es un discurso, la ética es una práctica», dijo Valdez ante el auditorio. La frase, en abstracto, es irrefutable. En contexto, resulta difícil de sostener. Porque entre 2020 y 2026, el Ministerio de la Juventud ha sido escenario documentado —según auditorías de la Contraloría General, investigaciones de la PEPCA y reportes periodísticos— de seis episodios de presunta corrupción institucional, que involucran a funcionarios designados durante el actual período de gobierno.

El Tercer Congreso Nacional de Ética en la Juventud se celebró el 24 de junio de 2026 en Santo Domingo, con la participación del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Valdez destacó durante su intervención la creación del Sistema Nacional de Ética Juvenil y el programa de Embajadores de la Ética —32 jóvenes, uno por provincia y el Distrito Nacional— como respuestas institucionales al problema de los valores en la sociedad dominicana.

El ministro también elogió a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, describiéndola como un ejemplo de «coherencia y compromiso». Asimismo, reconoció el apoyo del presidente Abinader al fortalecimiento de la ética pública.

Lo que el discurso no mencionó —y lo que este medio tiene la responsabilidad de señalar— es que, de acuerdo con documentos públicos de la Contraloría General de la República, investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y reportes publicados por medios nacionales, el Ministerio de la Juventud ha concentrado, entre 2020 y 2026, uno de los expedientes más extensos de presuntas irregularidades administrativas del actual período gubernamental.

Los hallazgos no corresponden a una sola gestión: se distribuyen a lo largo del gobierno de Abinader —en su primer y segundo mandato— bajo distintos ministros, todos designados por la misma administración. El patrón, según concluyó la propia Contraloría en su informe de 66 páginas publicado en febrero de 2026, «no corresponde a errores aislados, sino a un patrón sistemático» de irregularidades.

Seis casos. Un mismo ministerio. El mismo gobierno.

1. Kimberly Taveras Duarte (agosto–octubre 2020)
La entonces ministra de la Juventud fue objeto de un reportaje publicado en agosto de 2020, que reveló, según fuentes periodísticas, que poseía un patrimonio de RD$674 millones proveniente de contratos con ayuntamientos. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó, de acuerdo con informes difundidos en ese período, que la funcionaria figuraba como proveedora del Estado mediante dos empresas vinculadas al Colegio Dominicano Chino SRL, presuntamente violando la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Taveras renunció el 7 de diciembre de 2020, siete días después de que PEPCA abriera investigación. Hasta junio de 2026, no se reportaba condena penal.

2. Llenki Jesús Báez Núñez (diciembre 2020)
La Auditoría Interna del Ministerio, correspondiente al período septiembre 2020 – agosto 2020, detectó presuntamente en marzo de 2021 que 106 TB de datos del servidor de directorios habían sido borrados entre diciembre de 2020 y los primeros meses del año siguiente. El CESIRT-RD concluyó, según documentos de Contraloría, que la responsabilidad del sabotaje informático recaía sobre este analista de sistemas. Se presentó denuncia. El caso quedó documentado en auditoría. Sin condena reportada.

3. Luz del Alba Jiménez Ramírez (enero–junio 2021)
La DGCP abrió investigación, de acuerdo con fuentes institucionales, tras denuncias que apuntaban a que Jiménez habría intentado favorecer a dos empresas en licitaciones de equipos tecnológicos por RD$63 millones (proceso MJ-OCC-CP-2021-0006, declarado desierto). La Auditoría también documentó presuntamente un pago de RD$1 millón en exceso en contrato de combustible con DIPSA, así como RD$4M en pagos irregulares y 13 convenios por RD$90.7M sin soportes. Jiménez fue destituida en junio de 2021. PEPCA investigó. En febrero de 2023 fue designada vicecónsul en Barcelona; el cargo fue cancelado ante presión ciudadana. El proceso judicial continúa sin condena.

4. Rafael De Jesús Féliz García «Ninito» (diciembre 2021 – mediados de 2024)
La auditoría de la Contraloría de 66 páginas —con 33 hallazgos críticos, concluida en julio de 2025— cubrió el período septiembre 2021 – junio 2024 bajo su gestión. Entre los señalamientos más graves documentados: RD$62.64M administrados sin justificación; contratos adjudicados a empresas cuyos accionistas eran, en ese momento, el entonces diputado del PRM Moisés Ayala y el exadministrador del ETED Martín Robles Morillo; compras de combustible sin contrato; desaparición de equipos tecnológicos por RD$534,415; compras fraccionadas para evadir umbrales legales (RD$579,430); nómina de 46 empleados «fantasma» (158 revisadas); y manejo discrecional de RD$634M en salarios. Féliz fue destituido del ITLA en 2025 por exceder el 5% del salario del empleado para el movimiento político «Jóvenes Unidos por el Cambio». La Cámara de Cuentas abrió auditoría del ITLA a solicitud del Ministerio Público. Proceso en curso.

5. Moisés Ayala / Martín Robles Morillo (enero–mayo 2023)
Durante la gestión de Féliz, el Ministerio adjudicó presuntamente tickets de gasolina por RD$5M —en plena campaña electoral— a Eco Petróleo Dominicana S.A., empresa cuyas acciones estaban en ese momento a nombre del entonces diputado del PRM Moisés Ayala (hoy senador de Barahona) y Martín Robles Morillo (exadministrador general del ETED, destituido en noviembre de 2025 ante presión pública). De acuerdo con la Ley de Compras y Contrataciones, está prohibido contratar con empresas cuyas acciones pertenezcan a funcionarios públicos. El caso fue documentado en la auditoría de Contraloría de febrero de 2026. Sin proceso penal reportado a junio de 2026.

6. Caso ITLA — Extensión del patrón del Ministerio de la Juventud (2025–2026)
El canal Nuria Piera denunció en 2025 cobros indebidos equivalentes al 5% del salario mensual de más de 40 empleados del ITLA, canalizados al movimiento político «Jóvenes Unidos por el Cambio». El reportaje fue destruido cinco días después de su publicación. La Cámara de Cuentas inició auditoría del ITLA, actualmente en curso. Sin condena a junio de 2026

El patrón que la Contraloría nombró, y el gobierno no explicó

En febrero de 2026, la Contraloría General de la República publicó sus conclusiones sobre el período 2020–2021 (Taveras y Jiménez): 33 anomalías administrativas con irregularidades que superaron los RD$700 millones, incluyendo empleados con doble remuneración en distintas instituciones, bienes patrimoniales con códigos incorrectos (RD$3.15M), conciliaciones bancarias sin separación de funciones en 48 de 152 revisadas, y contratos sin documentación de soporte. La Contraloría remitió informe al Ministerio Público. La N/Investiga solicitó información adicional vía Libre Acceso. La investigación continúa en curso.

Lo que resulta analíticamente relevante no es solo la cantidad de casos, sino la continuidad institucional que los atraviesa: todos los ministros involucrados fueron designados por la misma administración. El ministerio no cambió de manos entre partidos de oposición ni sufrió una transición política. Los hallazgos de Contraloría no corresponden a una herencia del pasado: son irregularidades generadas y documentadas durante el período 2020–2026.

La pregunta que el congreso no respondió

El Sistema Nacional de Ética Juvenil anunciado por Valdez y los 32 Embajadores de la Ética representan, en principio, una apuesta institucional con sentido pedagógico. Pero la arquitectura ética de cualquier institución no se mide por los congresos que organiza ni por los jóvenes que envía a las provincias. Se mide por la rendición de cuentas que aplica hacia adentro, por la transparencia con la que gestiona sus recursos, y por la celeridad con la que sus funcionarios responden ante los organismos de control cuando las auditorías encuentran irregularidades.

En ese plano, el Ministerio de la Juventud tiene una deuda que ningún discurso puede saldar. Seis expedientes documentados. Cuatro gestiones distintas. Un mismo período de gobierno. Cero condenas penales reportadas a la fecha.

Cuando el ministro Valdez dijo ante los jóvenes que «la ética se pone a prueba en silencio, cuando nadie nos observa», posiblemente tenía razón. El problema es que esa prueba ya ocurrió —varias veces— en los pasillos del mismo ministerio que ahora convoca a la juventud a ser inquebrantable. Y el resultado, según los propios organismos de control del Estado, no fue el que el discurso describe.

Un congreso de ética es una herramienta válida si forma parte de una arquitectura institucional coherente. Si se celebra mientras los expedientes de auditoría permanecen abiertos, los implicados sin condena y los patrones sistemáticos sin explicación pública, entonces el acto deja de ser formación cívica y se convierte en gestión de imagen. La diferencia entre ambas cosas es, precisamente, lo que el ministro definió como ética: lo que se hace cuando nadie observa. Los organismos de control observaron. Lo que encontraron está en el expediente.