Fallas previas a la inauguración del Metro de Los Alcarrizos cuestionan la transparencia y los controles de calidad

Hay una pregunta que me persigue desde que el presidente Luis Abinader cortó la cinta del Metro de Los Alcarrizos el 24 de febrero de 2026, ante las cámaras, los aplausos y la inevitable grandilocuencia oficial: ¿cuántas veces en este país una inauguración ha sido el maquillaje que oculta lo que debería haberse resuelto mucho antes? Me la hago porque no soy de los que celebran sin preguntar. Y en este caso, preguntar no es capricho de opositor: es obligación ciudadana.

Un mes y medio antes de ese evento, el 10 de enero de 2026, el consorcio EPSA-Labco —contratado por la propia Empresa Metropolitana de Transporte (EMT)— entregó un informe preliminar a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) que nadie en el gobierno quiso poner en primera plana. El documento identificó nada menos que 23 deficiencias técnicas en el viaducto de la Línea 2C: filtraciones de agua, corrosión del acero, grietas estructurales, cavidades sin protección, lixiviación del concreto, varillas sin recubrimiento, columnas contaminadas y un sistema de drenaje deficiente, entre otros. La recomendación era categórica: no proceder con la recepción técnica hasta que los contratistas ejecutaran todas las reparaciones necesarias.

Cuarenta y cinco días después, el Metro de Los Alcarrizos fue inaugurado. Las autoridades, sin titubear, aseguraron que todo fue corregido en ese intervalo. Perfecto. Extraordinario. Solo que ningún documento de verificación ha sido puesto a disposición del público dominicano.

La transparencia no es un lujo: es una garantía de vida

Comprendo que hay quienes dirán que exagero, que soy de los que nunca están satisfechos con nada, que siempre encuentro el pelo en la sopa. Y mi respuesta es la misma de siempre: cuando la sopa se sirve en vías elevadas a doce metros del suelo, con decenas de miles de pasajeros diarios, el pelo importa. Mucho.

La infraestructura de transporte masivo no es una obra decorativa. El Metro de Los Alcarrizos no es una escultura para admirar desde lejos ni un salón de eventos que si falla en la fiesta inaugural simplemente se cierra y se remoza. Es una estructura de uso cotidiano, permanente e intensivo, sobre la que descansan las vidas de ciudadanos que ya no tienen tiempo de esperar que el Estado aprenda a hacer las cosas bien. Un error en los muretes de contención, en los pilotes o en el sistema de drenaje de un viaducto no produce una queja administrativa: puede producir una tragedia.

Por eso la ausencia de documentación pública no es un detalle burocrático menor. Es el corazón del problema. El informe de EPSA-Labco, un consorcio técnico especializado contratado por el propio Estado, recomendó explícitamente no hacer la recepción formal de la obra hasta que los contratistas corrigieran todas las deficiencias. ¿Se corrigieron? Las autoridades dicen que sí. ¿Lo podemos verificar? No. ¿Existe un informe de cierre técnico? No ha sido publicado. ¿Existe un acta de recepción definitiva con las observaciones subsanadas? No ha sido entregada a la opinión pública.

Y aquí está el nudo de mi indignación, que no es emocional sino estructural: en la República Dominicana, la rendición de cuentas sigue siendo voluntaria. Las instituciones del Estado comparten información cuando les conviene, cuando la imagen ya está construida, cuando el lazo está cortado y las fotos ya circularon. Después, el silencio.

El Metro de Los Alcarrizos merece más que promesas

Me detengo un momento en el lenguaje del propio informe, porque es revelador. EPSA-Labco calificó la estructura como «robusta». Es una buena palabra. Tranquilizadora. Pero inmediatamente después, condicionó esa robustez a la corrección de las fallas identificadas. Es decir: el potencial de solidez existe, pero ese potencial no es automático. Depende de una intervención técnica verificada y documentada.

¿Cuál es la diferencia entre una obra que fue reparada correctamente y una que fue declarada reparada? En términos de foto y discurso oficial: ninguna. En términos de ingeniería estructural y seguridad pública: un abismo. Las reparaciones sobre acero oxidado, por ejemplo, no son iguales a la sustitución del acero corroído. El concreto nuevo sin adherencia no se convierte en concreto adherido por decreto. La corrosión en pilotes no desaparece con una declaración ministerial.

La institución y su gestión: un patrón que no sorprende

Hay quienes, al leer esto, dirán que la OPRET actuó con diligencia al encargar el informe técnico antes de la entrega. Y tienen razón: eso es lo que corresponde hacer. El problema no es que se haya ordenado la auditoría. El problema es lo que ocurrió después: la inauguración avanzó sin que la ciudadanía pudiera verificar que las correcciones se realizaron según los estándares técnicos exigidos. La opacidad no está en el inicio del proceso; está en su cierre.

Esta institución —y quienes la dirigen— tiene una responsabilidad que va más allá del cumplimiento formal de los plazos. Las declaraciones de portavoces, por más bien intencionadas que sean, no reemplazan los documentos técnicos. «Inmediatamente se recibió el informe, se procedió con los trabajos pertinentes», dijo una fuente del departamento de comunicaciones. Es una afirmación. Solo eso. En ingeniería, las afirmaciones no se auditan: se documentan.

Cuando el silencio oficial se vuelve el único documento

La República Dominicana tiene una Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04) que establece el derecho de todo ciudadano a solicitar y recibir información de las entidades del Estado. Lo que no establece —y esto es la grieta por donde se escapa la transparencia real— es la obligación de publicar proactivamente los documentos técnicos de las obras públicas antes de su inauguración. En esa grieta vive el Metro de Los Alcarrizos.

Pensemos en analogías que nos resulten cotidianas: nadie compraría un automóvil cuyo mecánico dice «encontré fallas graves, pero ya las arreglé, confíe en mi palabra». Nadie aceptaría medicamentos cuya farmacéutica afirma «superó los controles de calidad, aunque no publicaremos los resultados». Pero en el caso del transporte masivo —una inversión millonaria del Estado dominicano, financiada con recursos públicos, destinada a servir a cientos de miles de ciudadanos—, se espera que el país simplemente aplauda y suba al vagón.

Yo no subo sin ver los documentos. Y creo que ningún dominicano debería tener que elegir entre la fe y la seguridad

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¿Qué debería ocurrir ahora mismo?

No escribo esto para demoler una obra que, si fue bien ejecutada, puede representar un avance real en la movilidad urbana de Los Alcarrizos. Escribo porque creo que la exigencia de transparencia no es un obstáculo al progreso; es su condición necesaria. Si las reparaciones se hicieron bien, publicar los informes técnicos no cuesta nada y gana todo. Si no se hicieron bien, el país tiene derecho a saberlo antes de que ocurra lo irreparable.

Lo que corresponde hacer ahora —y que las autoridades podrían ejecutar hoy mismo si la voluntad existiera— es publicar íntegramente el informe de verificación elaborado por EPSA-Labco o por cualquier entidad técnica independiente que haya confirmado la corrección de las 23 deficiencias. Publicar el acta de recepción técnica definitiva. Establecer un protocolo de auditorías periódicas independientes durante los primeros 24 meses de operación. Y crear un mecanismo formal de reporte ciudadano que permita detectar anomalías estructurales durante el uso cotidiano.

No son demandas revolucionarias. Son estándares mínimos que cualquier país que se tome en serio la vida de sus ciudadanos ya aplica. Son los mismos estándares que aplicaría cualquier empresa privada que tema las consecuencias legales de una falla estructural. ¿Por qué el Estado dominicano habría de exigirse menos?

En definitiva: la confianza se construye con datos, no con discursos

La historia de las grandes obras públicas en América Latina está sembrada de inauguraciones aplaudidas que, años después, revelaron las consecuencias de los atajos, los controles ignorados y las voces críticas silenciadas. No digo que el Metro de Los Alcarrizos vaya a colapsar. Digo que no lo sé. Y que tampoco lo saben los miles de dominicanos que subirán a él cada mañana, sin preguntarse si los pilotes bajo sus pies fueron reparados correctamente o simplemente declarados reparados.

La diferencia entre ambas realidades es la que separa a un Estado que rinde cuentas de uno que simplemente administra la narrativa. Y esa diferencia, en una estructura de concreto y acero a doce metros de altura, puede medirse en vidas.

Como comunicador social, no tengo el poder de obligar a ninguna institución a publicar sus documentos técnicos. Pero tengo la obligación de señalar cuando el silencio oficial se convierte, por omisión, en el único documento disponible. Y eso —en una democracia que se dice moderna, en un proyecto que costó cientos de millones de pesos del erario público— es sencillamente inaceptable.

Los ciudadanos de Los Alcarrizos merecen un metro que funcione. Pero también merecen saber que funciona bien porque fue construido y verificado con rigor, no porque alguien lo dijo en una rueda de prensa. Esa es la transparencia que ningún lazo de inauguración puede reemplazar.