Capacitar no es lo mismo que rendir cuentas. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) presentó esta semana una jornada de formación sobre control interno, coordinada con la Contraloría General de la República, y la presentó como parte de un compromiso institucional con la transparencia. El anuncio llega cargado de buenas intenciones, pero vacío de datos verificables: ni montos, ni expedientes revisados, ni resultados medibles de la supuesta depuración del padrón de becas de la UASD que se menciona como ejemplo de éxito. Cuando una institución del Estado se autodefine como transparente sin mostrar la evidencia que sustente esa afirmación, la pregunta obligada no es si el discurso suena bien, sino si resiste una auditoría real.
La actividad fue encabezada por el viceministro Administrativo y Financiero del MESCyT, Otto Vargas, quien atribuyó el fortalecimiento del control interno a una prioridad de la gestión del ministro Rafael Santos Badía. Según explicó, desde el inicio de la actual administración la institución ha trabajado en consolidar estructuras de supervisión que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes efectivamente los necesitan.
Es importante situar este anuncio en su contexto político correcto: el oficialismo que hoy dirige el Estado dominicano inició su primer mandato en agosto de 2020 y, tras la reelección, comenzó un segundo período consecutivo en agosto de 2024. No se trata de un gobierno continuo de seis años sin interrupción evaluativa, sino de dos mandatos distintos, cada uno con sus propios compromisos y resultados que deben medirse por separado. Diluir esa distinción —hablar de «la gestión» como un bloque uniforme— es también una forma de opacar el balance real de cada etapa.
El caso citado como evidencia de éxito, la revisión del programa de becas nacionales de la UASD, se presenta sin cifras: no se indica cuántos expedientes fueron depurados, cuántos beneficiarios perdieron la beca, cuántos recursos fueron reasignados ni bajo qué criterios técnicos se ejecutó el proceso. La capacitación, de 15 horas académicas, es impartida por la Escuela Nacional de Control Interno de la Contraloría y dirigida a directores, encargados de áreas técnicas y servidores públicos del ministerio.
El discurso oficial construye una narrativa de transparencia a partir de un acto formativo, no de un resultado auditado. Hay una diferencia jurídica y administrativa relevante entre capacitar personal en normas de control interno y demostrar, con cifras verificables, que esas normas se están aplicando con eficacia. El MESCyT no ha publicado, junto con este anuncio, ningún informe de auditoría interna, ningún indicador de cumplimiento ni un cronograma de resultados esperados tras la capacitación. Sin esos elementos, el anuncio funciona más como pieza comunicacional que como rendición de cuentas.
Tampoco se explica por qué esta capacitación llega en este momento específico del calendario institucional, ni qué diagnóstico previo determinó que el control interno del ministerio requería refuerzo. Si existieron hallazgos de la Contraloría que motivaron la jornada, el público tiene derecho a conocerlos; si no existieron, cabe preguntarse qué justifica presentar una actividad rutinaria de formación como un hito de modernización institucional.
El caso de las becas de la UASD merece particular atención. Se afirma que la actualización de expedientes permitió «depurar el padrón de beneficiarios» y «reasignar los recursos a estudiantes que cumplen con los requisitos académicos», pero sin cifras no hay verificación posible. ¿Cuántos estudiantes fueron excluidos? ¿Bajo qué criterios? ¿Hubo notificación previa y derecho a réplica para los afectados? Una depuración de beneficiarios sin transparencia en el proceso puede ser tan arbitraria como el problema que dice corregir.
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El caso de las becas de la UASD merece particular atención. Se afirma que la actualización de expedientes permitió «depurar el padrón de beneficiarios» y «reasignar los recursos a estudiantes que cumplen con los requisitos académicos», pero sin cifras no hay verificación posible. ¿Cuántos estudiantes fueron excluidos? ¿Bajo qué criterios? ¿Hubo notificación previa y derecho a réplica para los afectados? Una depuración de beneficiarios sin transparencia en el proceso puede ser tan arbitraria como el problema que dice corregir.
La transparencia no se declara, se demuestra con datos. Mientras el MESCyT no publique cifras concretas sobre la depuración del padrón de becas, los expedientes revisados y los resultados medibles de este proceso de control interno, el anuncio seguirá siendo una promesa institucional más, no una prueba de gestión responsable. ¿Cuántos beneficiarios reales perdió la beca en la UASD, y bajo qué criterios auditables se tomó esa decisión?
¿Cuántos beneficiarios reales perdió la beca en la UASD, y bajo qué criterios auditables se tomó esa decisión?
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