Hay una forma de contar las obras públicas que empieza siempre en el mismo punto: el día en que finalmente se inauguran. Rara vez se cuenta lo que pasó antes, los años en que una comunidad esperó, los expedientes que se archivaron, las administraciones que pasaron sin resolver nada. El caso del Liceo Víctor Esteban Lorenzo Galicia, en la comunidad fronteriza de Guayajayuco, Pedro Santana, Elías Piña, es exactamente ese tipo de historia. La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) anuncia que la obra está en su fase final y que será entregada en agosto, antes del inicio del año escolar 2026-2027. Detrás del anuncio hay 12 años de abandono estatal que ninguna autoridad ha explicado con claridad, y una narrativa de «continuidad de Estado» que convenientemente evita nombrar responsables.
Según la información divulgada por la propia DIE, la construcción del Liceo de Guayajayuco comenzó en 2013 y permaneció paralizada durante más de una década. El plantel, de cinco aulas, beneficiará a más de 150 estudiantes y a una comunidad de más de 250 familias, estimada en más de 2,000 habitantes. La infraestructura incluye laboratorio, comedor, cancha deportiva, salón multiusos y plaza cívica, elementos contemplados dentro del plan gubernamental «Aulas 24/7-365».
De acuerdo con declaraciones del ingeniero Herrera, director de Infraestructura Escolar, la meta es que los estudiantes reciban docencia en el centro a partir de agosto de este año. El contratista responsable, ingeniero Leonel Lara, indicó que los trabajos se encuentran en etapa de terminación y que esperan concluirlos el 30 de julio, calificando el proyecto como «muy accidentado» por los inconvenientes enfrentados durante años. La directora del centro, Isabelita Galván, expresó su confianza en que la obra abra sus puertas el próximo año escolar.
El discurso oficial recurre a un concepto cómodo: la «continuidad de Estado». Es una frase que suena institucional y responsable, pero que en la práctica cumple una función muy específica: diluir la responsabilidad. Si la obra «es de todos los gobiernos», entonces no es de ninguno en particular, y nadie tiene que responder por qué una comunidad de más de 2,000 personas esperó 12 años por cinco aulas.
La obra inició en 2013, bajo una administración distinta a la actual. El gobierno que preside Luis Abinader inició su primer mandato en agosto de 2020 y continúa en el poder mediante un segundo mandato consecutivo desde agosto de 2024. Es decir: de los 12 años de espera, aproximadamente la mitad transcurrieron bajo la administración anterior y la otra mitad bajo la actual, sin que en ningún momento del comunicado se precise cuánto tiempo estuvo paralizada bajo cada gestión, ni qué impidió retomarla antes.
Tampoco se ofrece un dato elemental para cualquier obra pública: el costo total del proyecto, ni el sobrecosto que típicamente generan doce años de abandono en materiales, replanteamientos técnicos y contratos renegociados. El propio contratista califica el proyecto como «muy accidentado», una frase que abre más preguntas de las que cierra. ¿Accidentado por qué? ¿Falta de pagos, cambios de administración, licitaciones interrumpidas? El comunicado no lo explica, y la ausencia de esa información no es un detalle menor: es opacidad del dato, presentada como si fuera simple narrativa de superación.
Finalmente, hay un patrón que merece atención: instituciones que celebran como logro la entrega de una obra en su punto de partida más elemental, la educación básica garantizada, después de más de una década de incumplimiento. Presuntamente, según fuentes cercanas al proceso, la reactivación de este tipo de proyectos responde a agendas de visibilidad en zonas fronterizas, más que a una política sistemática de auditoría y rendición de cuentas sobre obras abandonadas en todo el país. Sin un registro público de cuántas obras educativas permanecen hoy en la misma situación que tuvo Guayajayuco durante 12 años, la promesa de «continuidad de Estado» queda como una frase de ocasión, no como una política verificable.
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2013–2025 — Más de una década de paralización, según reconoce la propia DIE.
2026 — La DIE interviene la obra para retomar los trabajos, ya bajo el segundo mandato de la actual administración.
30 de julio de 2026 — Fecha estimada de conclusión, según el contratista.
Agosto de 2026 — Entrega prevista, coincidiendo con el inicio del año escolar 2026-2027.
El Liceo de Guayajayuco abrirá, eventualmente, sus puertas. Eso es una buena noticia para más de 150 estudiantes que llevan años estudiando sin la infraestructura adecuada. Pero una buena noticia no debería servir de cortina para evitar la pregunta incómoda: si el Estado dominicano puede reconocer públicamente que una escuela estuvo abandonada 12 años, ¿por qué no puede, con la misma transparencia, decir exactamente quién permitió que eso ocurriera y cuánto costó ese abandono a los contribuyentes?
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