La Municipalidad de Córdobaque conduce Daniel Passerinibusca reactivar el cobro del OIM (Ordenanza Impositiva Municipal) sobre los consumos de gas, un cargo que grava los servicios públicos desde fines de 2000 y que se suma, sin corresponder a ninguna prestación concreta, a las facturas de luz, agua y gas de vecinos y empresas. El mecanismo funcionaba con una lógica sencilla: la distribuidora actuaba como agente de cobro, el cumplimiento era prácticamente perfecto y el costo político para el municipio era casi nulo, porque la mayoría de los usuarios ni siquiera notaba ese cargo adicional dentro de la factura.
El esquema empezó a resquebrajarse cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputoencabezó una cruzada contra este tipo de cargos arbitrarios, que derivó en la resolución 267/24, vigente desde octubre de 2024, que prohíbe cobrar conceptos ajenos al servicio contratado. Ecogas dejó de cobrar el OIM en la factura de gas por tratarse de una empresa de competencia nacional, pero eso no significa que el municipio haya renunciado a cobrarlo.
Desde fines de 2024, la Municipalidad de Córdoba incorporó un mecanismo alternativo: la autoliquidación, que obliga al contribuyente a declarar y pagar el tributo por su cuenta cuando la distribuidora no lo retiene en la factura. En los hechos, es una forma de sostener el mismo cobro por otra vía, sin que la ciudadanía lo perciba con la misma claridad que antes.
Un intento de impuestazo que choca con el fallo de la Corte Suprema
La maniobra llega en el peor momento posible para el municipio: hace apenas una semana, la Corte Suprema volvió a fallar en contra de la Municipalidad de Córdoba por un caso similar, el de la tasa que le cobró al Banco Galicia, y recordó que ya había declarado la inconstitucionalidad del mismo mecanismo en los casos Laboratorios Raffo y Syngenta Agro. Para el máximo tribunal, cobrar sobre la actividad económica sin identificar con precisión qué servicio se presta a cambio desdibuja la diferencia entre una tasa legítima y un impuesto directamente encubierto.
Pese a esa advertencia reiterada, la gestión de Daniel Passerini insiste con reflotar el cobro del OIM sobre el gas, sin ofrecer ninguna precisión pública sobre qué contraprestación concreta recibiría el contribuyente a cambio. El área de Recursos Tributarios de la Municipalidad directamente se negó a dar declaraciones sobre el tema, mientras hace un año y medio el propio Passerini le había prometido a la Unión Industrial de Córdoba resolver la cuestión, promesa que hasta hoy no se tradujo en ningún cambio normativo.
Para especialistas del sector empresario, la discusión de fondo excede al gas: Gustavo Campos, de PwC y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sostuvo que los municipios deberían limitarse a cobrar por servicios concretos como barrido, alumbrado y limpieza, y no aplicar cargos calculados como un porcentaje de la facturación, un esquema que calificó de insostenible. El mismo cuestionamiento de la Corte, además, no se agota en el gas: alcanza potencialmente a los cargos que Córdoba aplica también sobre el agua y la energía eléctrica.
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