Nashville, Tennessee– Un juez ordenó temporalmente al Departamento de Salud de Tennessee no brindar a las autoridades de inmigración información sobre aproximadamente 400 niños inmigrantes discapacitados y gravemente enfermos que están inscritos en un programa de asistencia médica.
La orden de restricción fue emitida el miércoles a petición de tres médicos de Nashville que tratan a algunos de esos niños y que demandaron después de que funcionarios estatales enviaron cartas a proveedores y familias inmigrantes diciendo que una nueva ley les exigía compartir información de identificación de aquellos en el programa después de finales de junio.
La ley fue parte de un grupo de proyectos de ley que los republicanos de Tennessee presentaron este año para apoyar la represión migratoria del presidente Donald Trump.
Un portavoz de la oficina del fiscal general del estado dijo el jueves que no tenía comentarios sobre la demanda y que la denuncia estaba bajo revisión. Los funcionarios estatales no han respondido a la denuncia en documentos judiciales.
«Esta es una elección imposible para las madres y pone en riesgo la vida y la dignidad de estos niños», dijo Michele Johnson, directora ejecutiva del Centro de Justicia de Tennessee, que presentó la demanda en nombre de los médicos.
Johnson también dijo que el centro ha estado aconsejando a las familias que deben permanecer en el programa mientras el asunto está ante el tribunal. La audiencia está prevista para el 2 de julio en Nashville.
El programa de Servicios Especiales para Niños, que está financiado parcialmente con fondos federales y existe desde hace décadas, cubre los costos médicos de niños necesitados que padecen afecciones médicas graves como cáncer, parálisis cerebral, convulsiones y diabetes.
Las cartas enviadas por el estado decían a las familias que, según su estatus migratorio, serían reportados a la división de inmigración del Departamento de Seguridad de Tennessee si continuaban en el programa.
La nueva ley exigía que las agencias gubernamentales verificaran el estatus legal de todos los residentes antes de que pudieran obtener beneficios públicos y estaba entre una serie de proyectos de ley en los últimos años dirigidos a la capacidad de los inmigrantes para trabajar, obtener licencias y acceder a educación pública gratuita y otros servicios.
«Vamos a hacer lo que podamos para asegurarnos de que si usted está aquí ilegalmente, tengamos los datos, tengamos la transparencia y no gastemos el dinero de los contribuyentes en usted a menos que esté en la cárcel», dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton, en enero.
Los médicos detrás de la demanda, todos los cuales trabajan para clínicas de Siloam Health que atienden a pacientes sin seguro y desatendidos, dijeron en declaraciones juradas que algunos de sus pacientes temían no poder obtener atención médica importante para sus hijos.
Uno dijo que algunos pacientes que recibieron una carta no están en el país ilegalmente sino que simplemente vivían con familias con “estado mixto” y abandonaron el programa o planeaban hacerlo debido a la amenaza de informar a los funcionarios de inmigración.
La demanda sostiene que implementar la norma impediría que los médicos atiendan a sus pacientes.
«El daño será irreparable si el tribunal no interviene», dijo Johnson.
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