SANTO DOMINGO, República Dominicana
La jueza del Cuarto Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional denegó añadir otra jornada al calendario del Caso Calamar, aplazando la audiencia hasta el jueves 11 de diciembre tras presentarse un certificado médico del acusado Rafael Calderón que justifica su ausencia por siete días. La decisión evidencia tensiones entre la necesidad de avanzar en un proceso que inició en mayo de 2025 y las limitaciones impuestas por circunstancias de salud de los implicados.
La magistrada Altagracia Ramírez adoptó esta resolución después de rechazar una solicitud de los procuradores de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes habían propuesto sumar una jornada adicional al cronograma para impulsar el juicio preliminar. La negativa se fundamenta en que el Poder Judicial previamente había concedido dos fechas extraordinarias —lunes 8 y martes 9 de diciembre— para garantizar continuidad al procedimiento.
«No se trata de añadir días, la clave es seguir el cronograma tal como lo habíamos previsto» — Magistrada Altagracia Ramírez
Defensa modifica postura sobre ampliación de plazos
La solicitud original de incluir una fecha adicional había sido planteada la semana anterior por la abogada Laura Acosta, integrante del equipo de defensa de Gonzalo Castillo. Sin embargo, durante la sesión del jueves, la letrada manifestó que ya no consideraba imprescindible la ampliación si el tribunal le permitía exponer sus argumentos en una única jornada. Este cambio de estrategia refleja las presiones temporales que enfrentan ambas partes en un proceso cuya extensión genera cuestionamientos sobre eficiencia judicial.
La jueza Ramírez enfatizó haber lanzado advertencias previas sobre la imperativa necesidad de respetar el calendario establecido, señalando que «no es útil agregar tantas jornadas con los problemas de salud que siguen reportando los implicados». La magistrada subrayó que la dificultad fundamental no radica en escasez de días disponibles, sino en la efectiva ejecución de las fechas ya programadas, evidenciando un patrón de postergaciones que erosiona la credibilidad del proceso.
Tribunal rechaza vacaciones y solicitud de desglose
El tribunal también abordó situaciones colaterales manifestadas durante la audiencia, incluyendo solicitudes de recesos por parte de letrados defensores. La abogada Ingrid Hidalgo mencionó sus vacaciones de despacho, ante lo cual la juzgadora fue tajante: «Los jueces no disfrutamos de recesos colectivos… estamos aquí para llevar a cabo audiencias en días laborables». La declaración subraya la prioridad institucional de avanzar en un expediente cuya complejidad y visibilidad pública exigen tratamiento expedito.
Adicionalmente, el tribunal rechazó la petición de desglose formulada por Hidalgo, representante de la acusada Natalia Hernández. La determinación se fundamenta en la «situación procesal» de la implicada, considerando que las exposiciones ya finalizaron. Desglosar el caso en esta etapa «iría en contra de lo estipulado en el artículo 64 de nuestra normativa», afirmó la magistrada, cerrando una vía procesal que podría haber fragmentado aún más un expediente ya extenso.
Proceso acumula retrasos desde mayo 2025
La magistrada concluyó expresando su expectativa de que en la nueva fecha del 11 de diciembre todos los intervinientes puedan comparecer y así evitar más dilaciones en un proceso cuyos debates arrancaron en mayo de 2025. La acumulación de postergaciones —motivadas por certificados médicos, solicitudes de ampliación y ajustes de calendario— plantea interrogantes sobre los mecanismos de gestión judicial en casos de alta complejidad que involucran múltiples acusados y equipos de defensa.
El Caso Calamar, investigado por la Pepca, representa uno de los expedientes emblemáticos de corrupción administrativa en el sistema judicial dominicano. La persistente tensión entre garantías procesales de los acusados y el imperativo de celeridad judicial refleja desafíos estructurales del sistema de justicia dominicano en el manejo de casos de corrupción de alto perfil que captan atención mediática sostenida.
La próxima audiencia del 11 de diciembre se perfila como fecha crítica para determinar si el tribunal logra finalmente avanzar hacia etapas conclusivas del proceso preliminar o si nuevas circunstancias —médicas, procesales o estratégicas— generarán postergaciones adicionales que prolonguen indefinidamente la resolución de un expediente cuya extensión temporal ya genera cuestionamientos sobre eficacia del sistema de persecución de la corrupción administrativa en República Dominicana.
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