Dos millones de estudiantes. Más de cinco millones de raciones diarias. Una inversión anual superior a los RD$30 mil millones —y una nueva licitación de RD$58 mil millones en curso. Esas son las cifras que el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez, presentó esta semana en el espacio «La Mesaza», organizado por GALA Media Group. El funcionario pintó un cuadro de eficiencia, modernización y protección social. Lo que no pintó —y lo que la ciudadanía tiene derecho a ver— es el reverso del lienzo.
Un sistema que se vende como solución a problemas que el propio Estado genera
Pérez describió el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como un eje de la política pública que contribuye a reducir la pobreza monetaria, citando disminuciones de 2.4% en 2023 y 2% en 2024, según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Son cifras oficiales, atribuidas a fuentes del propio gobierno. Lo que el funcionario omitió contextualizar es que el PAE no surgió como respuesta a una crisis nueva: lleva décadas operando en el país, y su expansión bajo la actual gestión responde, al menos en parte, a un deterioro sostenido del poder adquisitivo de las familias dominicanas durante ese mismo período.
Dicho de otro modo: cuando el costo de la canasta básica se dispara, cuando los salarios reales pierden terreno frente a la inflación y cuando la educación pública no garantiza condiciones mínimas, el almuerzo escolar deja de ser un beneficio y se convierte en una necesidad de sobrevivencia. Presentarlo como logro de gestión, sin reconocer el contexto que lo hace indispensable, es, en el mejor de los casos, una narrativa incompleta.
RD$58 mil millones en juego: ¿competencia real o mercado cautivo?
Uno de los datos más relevantes que Pérez reveló en «La Mesaza» es que el Inabie desarrolla actualmente 34 licitaciones simultáneas para los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028, con la participación de 2,644 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) compitiendo por 1,732 conjuntos de centros educativos.
El funcionario calificó esto como evidencia de «alta competencia». Sin embargo, conviene formular la pregunta incómoda: ¿qué porcentaje de esas Mipymes son empresas independientes y cuántas tienen vínculos directos o indirectos con operadores políticos o redes de influencia vinculadas al partido de gobierno? El sistema de licitaciones del PAE ha sido señalado históricamente —por organizaciones como Participación Ciudadana y distintos medios de investigación— como vulnerable a la concentración de contratos en manos conectadas al poder de turno.
El propio Pérez reconoció que se han incorporado mecanismos tecnológicos —geolocalización, transmisión encriptada, soporte audiovisual— para garantizar la integridad del proceso. Que eso sea necesario decirlo en voz alta no es una señal de transparencia: es el reconocimiento implícito de que, sin esos controles, el sistema sería opaco.
El menú mejoró, pero ¿quién audita el plato real?
Según datos oficiales, el Inabie redujo el contenido de sodio en las recetas del PAE del 88% al 48% del límite diario recomendado, y mantiene el aporte de azúcares libres por debajo del 5% de la energía diaria requerida por un niño. El menú cíclico de 25 combinaciones en cinco semanas suena técnicamente robusto sobre el papel.
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El problema no está en el diseño: está en la ejecución en los más de 7,000 centros educativos donde ese menú se supone que llega diariamente. Los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE), encargados del seguimiento en las escuelas, son órganos comunitarios con capacidad técnica limitada y, según reportes previos de padres y docentes, con poca incidencia real cuando hay incumplimientos. ¿Qué pasa cuando la cocina contratada no cumple la ficha técnica? ¿Quién sanciona? ¿Cuántas sanciones se han aplicado en lo que va de esta gestión? Esas respuestas no aparecieron en «La Mesaza».
Salud escolar: avances reales con preguntas de escala
En materia de salud, Pérez anunció que el Inabie opera 63 módulos odontológicos a nivel nacional, ofrece servicios visuales y auditivos, y puso en marcha en 2024 un Programa de Salud Psicológica para estudiantes con necesidades emocionales y conductuales.
Estos son avances concretos, y corresponde reconocerlos como tales. Pero la pregunta de escala es inevitable: 63 módulos odontológicos para más de dos millones de estudiantes en más de 7,000 centros supone una cobertura de aproximadamente un módulo por cada 111 escuelas. ¿Cómo se prioriza el acceso? ¿Hay un mapa público de distribución? ¿Los centros más vulnerables tienen mayor acceso o mayor espera?
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La narrativa oficial habla de «reducir el gasto de bolsillo de las familias». Eso es cierto cuando el servicio llega. La pregunta que el gobierno no responde es cuántas familias siguen asumiendo ese gasto porque el servicio no llega a tiempo, no llega a todos, o simplemente no llega.
El patrón que incomoda: ¿quién rompió las piernas y quién vende las muletas?
Hay una lógica política que conviene identificar con claridad. La gestión del presidente Luis Abinader lleva casi cinco años en el poder. En ese período, el costo de vida en la República Dominicana ha aumentado sostenidamente. Según cifras del propio Banco Central, la inflación acumulada desde agosto de 2020 ha erosionado el poder de compra de los sectores de menores ingresos de forma significativa. Las familias dominicanas necesitan hoy más subsidios estatales que hace cinco años —en parte porque las condiciones económicas así lo imponen.
Presentar esos subsidios como logros de gestión, sin reconocer que la necesidad de ellos también es producto de decisiones de esa misma gestión, es una operación política, no una rendición de cuentas.
No se trata de un fenómeno exclusivo de este gobierno —es un patrón recurrente en la política dominicana—, pero cuando un funcionario habla en un espacio como «La Mesaza» de lo mucho que el Estado hace por los más vulnerables, la pregunta que debe formularse es: ¿el Estado está resolviendo la vulnerabilidad o está administrándola para mantenerla como capital electoral?
Transparencia no es relato, es dato verificable
El director Pérez cerró su participación afirmando que el Inabie «es más que almuerzo, más que alimentación, más que uniformes: es un sistema de protección social». La afirmación puede ser correcta en su intención. Pero un sistema de protección social se evalúa por sus resultados auditables, no por los relatos de sus propios directivos en espacios mediáticos.
Lo que la ciudadanía necesita no es otro funcionario que describa lo bien que trabaja su institución. Lo que necesita es acceso público a los contratos del PAE, a los registros de supervisión, a las sanciones aplicadas, a los mapas de cobertura de salud escolar y a los informes de seguimiento de los CANE. Eso sería transparencia. Lo demás es comunicación institucional.
¿Cuántos de esos documentos están hoy disponibles en el portal de transparencia del Inabie? Esa es la pregunta que «La Mesaza» no hizo —y que Despertar Matinal seguirá haciendo.
