Treinta y siete personas acusadas de minería ilegal en el centro-norte de Nigeria han muerto bajo custodia, dijeron funcionarios locales.
La policía inició una investigación sobre las muertes, que el Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC) atribuyó a un aparente brote.
Sin embargo, un informe de inteligencia compartido con la agencia de noticias AFP sugiere que el grupo murió debido al hacinamiento y la mala ventilación dentro del centro de detención del estado de Níger.
«Creemos que se asfixiaron porque no había ventilación», dijo a la BBC el padre de uno de los detenidos.
Abdullahi Dalhatu dijo que su hijo sobrevivió porque estaba cerca de una pequeña ventana.
«Su amigo se desplomó y se desmayó, y muchos otros también se desplomaron».
Su hijo describió cómo los reclusos comenzaron a desplomarse por el calor de la celda superpoblada y mal ventilada, dijo su padre.
Dijo que los reclusos tocaron repetidamente la puerta pidiendo ayuda, pero nadie la abrió.
El gobernador del estado, Mohammed Umaru Bago, describió las muertes como «tristes y trágicas» durante una conferencia de prensa el jueves.
Un comandante del NSCDC fue arrestado tras las muertes, añadió Bago.
Declaró tres días de luto y pospuso el inicio de la campaña electoral prevista para enero.
Las autoridades arrestaron el martes a un grupo de jóvenes sospechosos de minería ilegal cerca de Borgu, en el estado de Níger, rico en minerales. La región es conocida por la minería de oro a pequeña escala.
Dos días después, 37 personas arrestadas en la supuesta operación ilegal fueron encontradas muertas en el centro de detención administrado por el NSCDC, una agencia paramilitar encargada de proteger infraestructura crítica y combatir delitos, incluida la minería ilegal. También ayuda a la policía en sus operaciones de seguridad interna.
El NSCDC le dijo a la BBC que la minería ilegal estaba muy extendida en el estado de Níger, donde los mineros artesanales suelen operar al aire libre.
Su portavoz, Babawale Afolabi, dijo que más de 50 personas habían sido arrestadas en una operación a principios de esta semana. No fueron acusados porque la elaboración de perfiles y la documentación aún estaban en curso antes de estas muertes, explicó.
«La minería ilegal en Níger es algo grave», afirmó Afolabi.
El NSCDC dijo anteriormente que los reclusos podrían haber sido víctimas de un brote de difteria, una infección bacteriana grave que puede ser mortal.
Pero la sede nacional de la agencia dijo más tarde que la causa no había sido establecida y que requeriría pruebas médicas y de laboratorio.
«El NSCDC desea aclarar que los informes que atribuyen muertes a una enfermedad específica siguen sujetos a confirmación médica y de laboratorio», añadió en un comunicado.
Dalhatu le dijo a la BBC que los agentes de seguridad habían estado persiguiendo a presuntos mineros ilegales en la comunidad durante varios días antes de realizar los arrestos.
Dijo que los familiares fueron a la oficina del NSCDC para solicitar su liberación, pero les pidieron repetidamente que regresaran más tarde. «Lamentablemente, al día siguiente nos enteramos de que nuestros hijos estaban muertos», añadió.
Un padre dijo a los medios nigerianos que su hijo parecía sano cuando sus familiares le llevaron comida el día antes de su muerte y solicitaron una autopsia independiente.
Otro pariente, cuyo hermano de 17 años estaba entre los que murieron, dijo que su familia lo visitó mientras estaba detenido y se preguntó cómo una enfermedad pudo haber matado a tantos detenidos sin aparentemente afectar a sus guardias.
Las autopsias deberían ayudar a establecer lo que pasó.
El jefe de policía de Níger ordenó una investigación inmediata sobre «las desafortunadas muertes de presuntos mineros ilegales mientras se encontraban en el centro de detención del NSCDC», escribió el portavoz Wasiu Abiodun en un comunicado.
Desde entonces, los cuerpos de las víctimas han sido trasladados al cercano Hospital General de Minna para su examen.
Aún no se sabe si alguno de los sospechosos ha sido acusado.
La Constitución nigeriana exige que toda persona detenida bajo sospecha de haber cometido un delito penal sea llevada ante un tribunal dentro de un “plazo razonable”: generalmente dentro de un día cuando hay un tribunal disponible en un radio de 40 kilómetros (25 millas), o dos días en otros casos, a menos que se considere razonable un período más largo.
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