Abinader retiene popularidad personal mientras su gabinete se hunde en desaprobación

El oficialismo tiene un relato favorito: el de un presidente popular, blindado en las encuestas, casi ajeno al desgaste natural del poder. Y los números, en efecto, lo respaldan a él. Según la firma Sondeos, Luis Abinader cierra julio de 2025 con un 63 % de confianza ciudadana, una cifra que la administración presenta como prueba de solidez política dentro de un gobierno que transita su segundo mandato consecutivo, iniciado en agosto de 2024 tras un primer periodo que arrancó en agosto de 2020. Pero hay una segunda lectura que el discurso oficial no repite con el mismo entusiasmo: la de un liderazgo personal que flota sobre un gabinete que se hunde. Cuando la misma encuesta pregunta por el equipo de gobierno, el resultado cambia radicalmente: apenas 32 % de aprobación, frente a un 34 % que lo califica directamente de malo. No es un matiz estadístico. Es una fractura entre la figura presidencial y el aparato que administra el Estado en su nombre.

Lo que dice —y lo que calla— la metodología

El estudio fue realizado entre el 8 y el 11 de julio de 2025, con 1,200 entrevistas presenciales distribuidas en el territorio nacional, según la ficha divulgada por la firma Sondeos, con trayectoria en mediciones de opinión pública dominicana. Lo que la encuesta no aclara —y es una pregunta legítima antes de aceptar cualquier cifra como válida— es si la muestra refleja con precisión la distribución demográfica y geográfica del país, cuál es el margen de error declarado y bajo qué parámetros técnicos se validaron los resultados. En un contexto donde el propio Estado es parte interesada en la narrativa de aprobación que se construye alrededor de sí mismo, exigir esa transparencia metodológica no es un capricho académico: es la línea que separa información de propaganda con estadísticas.

Lo que sí queda claro en los datos disponibles es la brecha estructural entre el presidente y la gestión real de sus instituciones. Abinader obtiene 63 puntos. Su gabinete, 32. Esa diferencia de 31 puntos no es un accidente de comunicación: es el retrato de una administración que ha concentrado el capital político en una sola figura, dejando a los ministerios sin el respaldo de una gestión colectiva capaz de sostener por sí misma la narrativa de éxito.

Donde las cifras duelen: el costo social detrás del respaldo personal

Las áreas con mayor desaprobación son, precisamente, las que más pesan en la vida cotidiana. La gestión de la inmigración ilegal acumula un 81 % de rechazo —la cifra más alta de todo el sondeo—, en un segundo mandato que heredó tensiones migratorias agudas y prometió resoluciones que, según estos datos, la ciudadanía no percibe. La creación y mejora de empleo registra 47 % de desaprobación; la inseguridad, la delincuencia y el narcotráfico llegan a 54 %; y el sistema energético, un problema que arrastran gobiernos de distintos signos desde hace décadas, suma 48 % de rechazo.

Frente a ese panorama, la administración exhibe sus mejores números en Educación y Turismo —ambos con 74 % de aprobación— y en Deportes, con 71 %. Son resultados que, en el papel, se ven respetables. Pero surge la pregunta obligada, la misma que el oficialismo evita responder: ¿con qué gobierno anterior se comparan estas cifras para hablar de un logro histórico? La República Dominicana acumuló más de 20 años de gestiones distintas antes de que el Partido Revolucionario Moderno llegara al poder en 2020. Cuando el propio Estado se autopremia con porcentajes de aprobación sin ofrecer series históricas comparativas verificables, lo que produce no es evidencia de excelencia: es autocertificación.

Esa misma lógica aplica a la lucha contra la corrupción, que aparece con 68 % de aprobación en la encuesta. Ese número merece escrutinio, no aplausos automáticos. ¿Qué entiende el ciudadano promedio por «lucha contra la corrupción»? ¿Cuántos procesos judiciales concluyeron con condenas firmes durante el primer mandato (2020–2024) y en lo que va del segundo (desde agosto de 2024)? ¿Cuántos expedientes emblemáticos siguen paralizados en los tribunales? La percepción ciudadana y la realidad institucional no siempre coinciden, y de acuerdo con informes de organizaciones de transparencia, confundir una con la otra es un error que solo termina beneficiando al poder que se mide a sí mismo.

A nivel individual, los datos de valoración de funcionarios trazan una arquitectura política con nombre y apellido. David Collado encabeza los mejor evaluados —en parte porque el turismo es el sector con mayor visibilidad internacional del gobierno—, junto a Luis Miguel de Camps, Leonardo Aguilera, Wellington Arnaud y Eduardo Sanz Lovatón, todos por encima del 69 % de aprobación.

En el otro extremo, Faride Raful acumula 54 % de valoración negativa, y el canciller Roberto Álvarez recibe 53 % de opiniones desfavorables —un resultado que se conecta directamente con el 61 % de desaprobación que registra el área de relaciones internacionales. El optimismo económico, por su parte, exige una lectura cautelosa: 44 % cree que la situación mejorará en los próximos dos años, pero un 36 % anticipa que empeorará. En un gobierno que acumula casi cinco años consecutivos en el poder, ese 36 % de pesimismo no es ruido de fondo: es una advertencia que la narrativa oficial prefiere no amplificar.

Lo que la encuesta no preguntó

Ningún sondeo es inocente en su diseño. Las preguntas que se formulan definen las respuestas que se obtienen, y las que se omiten protegen narrativas. Este estudio no preguntó, por ejemplo, si los ciudadanos sienten que su situación económica personal mejoró durante el primer mandato (2020–2024). No preguntó si confían en la independencia del sistema judicial. Tampoco si consideran que la creciente concentración de poder en la figura presidencial es sana para la democracia dominicana. Esas ausencias no son neutrales: son, presuntamente, decisiones de diseño que moldean qué parte de la realidad queda registrada y cuál se mantiene fuera del radar público.

Lo que sí preguntó ya revela suficiente: un gabinete reprobado en sus áreas más sensibles, un presidente que funciona como flotador político de toda la administración, y una ciudadanía que distingue —con más lucidez de la que el oficialismo quisiera— entre el líder y la gestión.