Político. La mañana de este jueves, el Frente Amplio manifestó su rechazo a la derogación del Decreto 693-24, al considerar que es una apertura abrupta del mercado que podría poner en riesgo la producción nacional de arroz, poner en riesgo los empleos y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
La presidenta de la organización, María Teresa Cabrera, señaló que el arroz no puede ser tratado como una mercancía cualquiera, debido a su importancia dentro de la alimentación de la población y al peso que tiene dentro de la estructura productiva nacional.
“Sustituir producción dominicana por importaciones no significa únicamente comprar arroz fuera del país; significa también trasladar al exterior una parte del valor agregado, los ingresos y los empleos que hoy se generan en nuestro país”, expresó.
La dirigente del Frente Amplio sostuvo que, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por el sector, la actividad arrocera involucra a más de 30,000 productores y genera alrededor de 80,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos. Agregó que el arroz representa además entre 13 % y 15 % del PIB agropecuario, por lo que una reducción significativa de la producción nacional tendría efectos que trascenderían al propio sector agrícola.
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“No estamos hablando simplemente de una discusión arancelaria. Estamos hablando de defender una estructura productiva que genera empleos, dinamiza las economías rurales y garantiza al país una capacidad fundamental para producir sus propios alimentos”, afirmó Cabrera.
Cabrera cuestionó, además, que se asuma automáticamente que la eliminación o reducción de los aranceles producirá una disminución equivalente en el precio que paga el consumidor al explicar que el precio final del arroz está condicionado también por los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, costos portuarios, procesamiento, distribución y márgenes de comercialización.
Como referencia, señaló que Costa Rica redujo en 2022 los aranceles aplicados al arroz, con el propósito de contener los precios, experiencia que, a juicio del Frente Amplio, evidencia la necesidad de evaluar si una reducción arancelaria realmente se transmite de manera proporcional al consumidor antes de debilitar la producción nacional.
La presidenta del Frente Amplio también llamó la atención sobre las condiciones en las que compiten los productores dominicanos frente a los estadounidenses. Indicó que Estados Unidos mantiene distintos mecanismos de apoyo público a su producción arrocera, incluyendo programas de respaldo de precios, préstamos de comercialización y mecanismos de cobertura frente a riesgos agrícolas.
Para el Frente Amplio, el aspecto central de la discusión es la seguridad y soberanía alimentaria, al advertir que aumentar la dependencia de las importaciones expone al país a factores externos como conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones a las exportaciones, incremento de los fletes y fluctuaciones del tipo de cambio.
“Una nación que tiene capacidad para producir un alimento esencial para su población no debe renunciar alegremente a esa capacidad. La seguridad alimentaria también es una cuestión de soberanía nacional”, afirmó la vocera.
El Frente Amplio manifestó su oposición a la derogación del Decreto 693-24 y planteó que la defensa de la producción nacional debe estar acompañada de una política integral para elevar la productividad y competitividad del sector arrocero al tiempo de impulsar una política de modernización y mecanización, investigación y desarrollo de nuevas variedades, reducción de costos, aumento de los rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, infraestructura, almacenamiento y fortalecimiento tecnológico de toda la cadena productiva.
“Defender el Decreto 693-24 no significa defender el atraso. Necesitamos proteger la producción nacional mientras modernizamos aceleradamente el sector para producir un arroz cada vez más competitivo, con menores costos y mejores rendimientos”, concluyó Cabrera.
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