Exprocurador General Jean Alain Rodríguez denuncia “abusos” en la justicia y pide respetar el Estado de Derecho

SANTO DOMINGO.-El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción administrativa, denunció este viernes “abusos” en la justicia por el caso que le afecta, y defendió que la persecución de la corrupción debe realizarse “respetando rigurosamente las reglas del Estado de derecho”.

En un largo documento difundido a los medios de comunicación, el exprocurador, que de acuerdo con el expediente judicial malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en los que se desempeñó como procurador general, indicó que muchos de los “abusos” que denuncia en el documento forman parte de su “propia experiencia y todos ilustran prácticas que nunca deberían encontrar espacio en un Estado de Derecho”.

Alain Rodríguez señaló que “nunca debería manipularse un proceso penal para sustituir el juicio en los tribunales por un juicio paralelo en la opinión pública mediante filtraciones manipuladas, selectivas, información incompleta o ruedas de prensa que transformen una investigación en una condena social anticipada”, la cual, además, “condiciona a los jueces en sus decisiones”.

“Ninguna rueda de prensa debe sustituir una sentencia”, añadió.

Asimismo, indicó que no “deberían sentirse presiones, directas o indirectas sobre jueces”, ni “presionarse a los abogados de un imputado para que abandonen su representación legal o sugerir a sus defensores que respondan a intereses distintos a los de su cliente”.

En la misma línea criticó que “nunca deberían abogados, jueces, fiscales, médicos, periodistas, peritos o testigos sentir que el ejercicio independiente de sus funciones puede traer consecuencias personales”.

Denunció también la utilización de un proceso penal para “afectar deliberadamente el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o el entorno personal de un ciudadano antes de que exista una sentencia definitiva”.

Además de que se “intimide a clientes, a las entidades financieras que le presten servicio” o se amenace “con prisión a quienes mantienen relaciones profesionales con él”, se tramite o “insinúe” la “suspensión de visados como mecanismo de presión”, o se generen “condiciones destinadas a provocar aislamiento familiar, como impedir o dificultar las visitas a los recintos penitenciarios, desnudar vergonzosamente a quienes realicen esas visitas y forzar separaciones matrimoniales o conyugales”.

También afeó que se “oculten pruebas relevantes”, se retrasen injustificadamente su entrega o que se nieguen documentos ordenados por un juez, entre otros asuntos, como utilizar la prisión preventiva como “herramienta de castigo” o que se permita que “un proceso penal supere ampliamente el plazo máximo de duración de cuatro años establecido por ley”.

Igualmente, indicó que la democracia se debilita cuando la investigación “deja de tener como finalidad descubrir la verdad y empieza a producir consecuencias que ninguna sentencia ha impuesto”, como son: la pérdida del patrimonio, de la profesión, de la reputación, de las relaciones personales o de la “tranquilidad familiar”, antes de que “un tribunal haya decidido”.

“No existe contradicción entre combatir la corrupción y respetar los derechos fundamentales. Al contrario: solo cuando ambas cosas ocurren simultáneamente puede afirmarse que existe verdadera justicia”, expresó en su conclusión final.

El pasado martes de esta semana el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de nulidad del juicio que se le sigue al exprocurador general y sus contrapartes planteada por las defensas, y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.

La resolución indicó que a partir de los elementos aportados por las partes “no hay razón para establecer” que la utilización de un mote en el proceso penal “haya causado un agravio al derecho de defensa”, aunque ordenó a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal, tal y como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.