Entre la prevención y la restricción: las nuevas reglas para Semana Santa en República Dominicana

Cada año, cuando el calendario anuncia la llegada de la Semana Santa, el Estado dominicano activa su reflejo más conocido: el control. No el control de la corrupción, no el control del presupuesto público, no el control de las muertes en carretera que se acumulan como estadística trágica y predecible. El control del ciudadano. De su fiesta. De su botella de ron. De su derecho soberano a decidir cómo descansar los días que tanto le ha costado ganarse.

En esta Semana Santa de 2026, las nuevas reglas dictadas desde las instituciones estatales competentes —con su Director al frente, puntual como la muerte— vuelven a colocar al pueblo dominicano en el banquillo de los acusados. La prohibición de actividades festivas masivas y la restricción a la venta de bebidas alcohólicas no son, como se pretende vender, medidas de salud pública. Son, en el mejor de los casos, una solución de parche para un problema estructural que ningún bando ha tenido el valor de enfrentar de frente. Y en el peor, son el disfraz burocrático de un ejercicio de poder que humilla al contribuyente.

«El Estado que no puede garantizar seguridad vial, decide entonces prohibir la alegría.»

Me pregunto —y se lo pregunto a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos— si alguna vez han revisado con honestidad los datos de accidentes durante la Semana Santa en los últimos diez años. Los números son dolorosos y públicos: cientos de muertos en las carreteras, la mayoría por exceso de velocidad, imprudencia al volante y, sí, también por alcohol al timón. Pero ninguno de esos muertos murió porque alguien bailó en una fiesta masiva o porque un colmado abrió sus puertas el Viernes Santo. Los mató la impunidad de décadas. Los mató la ausencia de cultura vial. Los mató la negligencia de un sistema de tránsito que todavía hoy opera como si estuviéramos en los años ochenta.

Ante ese fracaso acumulado, la respuesta institucional es siempre la misma: restricción. Es la lógica del director de colegio que no puede controlar el bullying y decide entonces prohibir el recreo. Es más sencillo cerrar la cancha que educar a los jugadores. Es más cómodo apagar la música que construir las condiciones para que el baile sea seguro. Y así, Semana Santa tras Semana Santa, el Estado dominicano nos entrega el mismo manual de operaciones con nuevo membrete.

Lo que más irrita —y que obliga a decirlo con firmeza— no es la restricción en sí. Es la narrativa que la envuelve. Cada comunicado oficial habla de «preservar la espiritualidad» de la fecha, de «garantizar la seguridad ciudadana», de «proteger las familias dominicanas». Un vocabulario cargado de paternalismo que trata al adulto dominicano como un menor de edad incapaz de discernir entre la devoción y la desmesura. ¿Desde cuándo la fe necesita ser tutelada por una resolución ministerial? ¿Desde cuándo la seguridad se garantiza cerrando colmados en vez de desplegando con eficiencia real los operativos en las vías?

«Nos venden prevención, pero lo que entregan es restricción. Y la diferencia no es semántica: es política.»

Hagamos el ejercicio honesto de contrastar. En países con tasas de accidentalidad similares o superiores a la dominicana, como México o Brasil, la respuesta institucional para las festividades de Semana Santa combina campañas de educación vial sostenidas durante todo el año, incremento real de los controles de alcoholemia en carretera, despliegue de rescatistas y paramédicos, y coordinación con el sector privado para el transporte responsable. No prohíben. Previenen. Y la diferencia no es semántica: es política. Es voluntad de gobernar en serio versus el espectáculo de gobernar para la foto.

Mientras tanto, en la República Dominicana, el ciudadano que trabaja cincuenta semanas al año para poder descansar dos —estas dos, las de Semana Santa— se encontrará una vez más con agentes verificando si el establecimiento de su barrio vendió una cerveza después de la medianoche. Un despliegue operativo que parece más preocupado por la multa recaudatoria que por la vida humana. Porque si la preocupación fuera genuinamente la vida, los controles estarían en las carreteras, no en los colmados. Estarían en los vehículos sin frenos que circulan libremente, no en la nevera del vendedor de chicharrones.

Aquí está el nudo del asunto, y hay que decirlo sin eufemismos: estas medidas no son políticas de salud. Son políticas de imagen. Le permiten a la institución responsable mostrar actividad, generar titulares de «mano dura», y al final de la festividad, independientemente de cuántos muertos haya en la carretera, declarar que «se cumplió con el operativo». El éxito se mide en decomisos y multas, no en vidas preservadas. Y si mañana hay diez muertos en la autopista Duarte, el comunicado dirá que los fallecidos «no respetaron las disposiciones» y que «el organismo actuó conforme a su mandato». El Estado, siempre inmune. El ciudadano, siempre culpable.

Lo que el pueblo dominicano merece —y lo que ninguna resolución de Semana Santa le ha entregado— es una política pública de movilidad y seguridad vial que opere los trescientos sesenta y cinco días del año. Que los controles de alcoholemia al volante sean una práctica rutinaria en febrero, en agosto, en cualquier domingo de lluvia, no solo en la semana que conviene para la prensa. Que la educación vial sea parte del currículo escolar con la misma seriedad que la matemática. Que las ambulancias estén dotadas. Que los hospitales de las zonas turísticas cuenten con capacidad real para atender emergencias. Eso es prevención. Todo lo demás es teatro.

Y mientras ese teatro continúa, el dominicano de a pie —el que no tiene yate para la Semana Santa, el que no viaja al exterior, el que no tiene palanca para que le «resuelvan» si lo detienen en un operativo— es el que carga con el peso de unas restricciones que no se aplican con la misma intensidad en todos los estratos sociales. Porque aquí, como en todas partes donde el poder se ejerce sin contrapeso real, las reglas tienen nombre propio: se llaman «para los pobres». Las playas privadas no reciben el mismo escrutinio que las playas públicas. Los eventos de élite no generan los mismos operativos que las fiestas populares. La moral pública, como siempre, tiene código postal.

«Las reglas de Semana Santa tienen nombre propio: se llaman ‘para los pobres’.»

No es que la Semana Santa no merezca respeto. La merece. Es una fecha de profundo valor espiritual y cultural para millones de dominicanos, creyentes o no. Pero ese respeto se construye con educación, no con prohibición. Se construye con servicios de salud dignos, no con decomisos de cervezas. Se construye con un Estado que confía en su ciudadano y le provee las herramientas para tomar decisiones responsables, no con uno que lo infantiliza y luego lo criminaliza cuando falla.

La fe no necesita de resoluciones para ser genuina. La seguridad no se decreta: se construye. Y la libertad —esa libertad de descansar, de celebrar, de estar en paz durante siete días— no puede seguir siendo una concesión que el Estado otorga o retira según el humor de sus funcionarios.

En definitiva, las nuevas reglas para la Semana Santa dominicana de 2026 son el retrato fiel de un Estado que sigue sin aprender la lección más elemental de la gestión pública: que restringir no es lo mismo que proteger, y que controlar no es lo mismo que gobernar. Mientras esa confusión persista en las cúpulas de quienes toman las decisiones, los dominicanos seguiremos llegando al Domingo de Resurrección contando muertos en las carreteras y preguntándonos si algún día alguien en esa institución tuvo el coraje de hacerse la pregunta correcta. No «¿cómo prohibimos más?», sino «¿cómo fallamos menos?».

La respuesta está pendiente. Y el pueblo, harto pero atento, la sigue esperando.