En la República Dominicana existe un patrón tan repetido que ya tiene nombre propio entre los vendedores informales: inaugurar y abandonar. El Estado invierte, corta la cinta, toma la foto y desaparece. La Plaza de Vendedores de Playa Sosúa parecía destinada a romper ese ciclo. No lo rompió. Esta semana el Ministerio de Turismo formalizó un comité de gestión participativa compuesto por iglesias, asociaciones y la alcaldía local, y lo presentó como un modelo de sostenibilidad. Lo que no dijo es que ese comité opera sin un peso asignado en el presupuesto del MITUR, sin un reglamento que defina quién responde cuando algo falla y sin ningún mecanismo que obligue al Ministerio a rendir cuentas si la plaza se deteriora. En términos concretos: el gobierno construyó con fondos públicos y le pasó la factura del mantenimiento a la comunidad.
La Plaza de Vendedores de Playa Sosúa es parte del proyecto de reordenamiento de uno de los destinos más visitados de Puerto Plata y la costa Norte dominicana. Fue diseñada para formalizar la actividad comercial histórica de esa playa, mejorar las condiciones de los vendedores y elevar la experiencia turística. La inversión fue pública, ejecutada bajo la administración del MITUR durante el segundo mandato del presidente Luis Abinader.
El acto de constitución del comité estuvo encabezado por la viceministra de Gestión de Destinos, Patricia Mejía, con la presencia de la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal. Según el comunicado oficial, el comité quedó integrado por: Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Alcaldía Municipal de Sosúa, Fundación Magua, Asociación de Desarrollo de Sosúa y Asociación de Vendedores de Playa Sosúa.
La información oficial no incluye monto alguno de financiamiento, no menciona la existencia de un reglamento interno aprobado, no establece plazos de evaluación ni identifica a ningún funcionario del MITUR responsable de supervisar el desempeño del comité. La nota de prensa institucional tiene más fotos que datos verificables.
Primero: la trampa del lenguaje de la sostenibilidad.
El MITUR usa el concepto de «gestión participativa» con precisión quirúrgica —no para distribuir poder, sino para distribuir responsabilidad sin transferir recursos. En la literatura internacional de gestión de destinos turísticos, la corresponsabilidad comunitaria funciona cuando el Estado mantiene el financiamiento base y la comunidad aporta organización y control social. Lo que el MITUR hizo en Sosúa es lo contrario: retiró la responsabilidad operativa del Estado y la depositó en organizaciones locales que, según fuentes vinculadas al sector turístico de la provincia, no cuentan con estructura administrativa, personal técnico ni capacidad financiera para sostener una infraestructura de uso intensivo como la Plaza de Vendedores de Playa Sosúa.
Cuando esa plaza se deteriore —y se deteriorará si no tiene mantenimiento financiado— el Ministerio podrá señalar al comité. La arquitectura del fracaso ya está diseñada.
Segundo: la presencia de entidades religiosas en gestión pública es constitucionalmente problemática.
La inclusión de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en un comité de administración de infraestructura pública turística no tiene sustento en la Ley General de Turismo ni en la normativa de administración de bienes del Estado dominicano. La Constitución de la República establece la separación entre Estado e iglesia. Presuntamente, ningún instrumento jurídico publicado hasta la fecha establece bajo qué figura legal estas instituciones religiosas pueden co-administrar un bien público construido con fondos estatales. El MITUR no ha explicado este punto y ningún periodista presente en el acto lo cuestionó públicamente.
Tercero: la presencia de Ginette Bournigal no es protocolar.
Que la senadora por Puerto Plata esté en el acto de constitución de un comité técnico de gestión turística no es un detalle menor. En un año donde el PRM consolida posiciones territoriales de cara a ciclos electorales futuros, los actos de inauguración y formalización institucional en provincias clave funcionan como plataformas de capital político. La infraestructura pública construida con fondos del Estado se convierte, con frecuencia, en activo de imagen de figuras partidarias. Eso no significa que la senadora haya actuado ilegalmente —no hay base para afirmarlo— pero el patrón merece ser señalado con nombre y contexto.
Cuarto: el precedente que nadie debería exportar.
El MITUR declaró que este modelo «constituye un precedente para otros proyectos en distintos destinos del país.» Si ese precedente se reproduce sin corregir sus vacíos estructurales, el gobierno habrá creado un sistema nacional de transferencia de responsabilidad pública hacia comunidades locales sin capacidad de respuesta. Eso no es modernización de la gestión turística. Es, de acuerdo con lo que muestran los datos disponibles, una forma de reducir compromisos presupuestarios del Estado bajo el lenguaje de la participación ciudadana.
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Los vendedores de la Plaza de Vendedores de Playa Sosúa no necesitan un comité fotogénico. Necesitan un presupuesto de operación publicado, un reglamento con responsabilidades claras y un funcionario del MITUR con nombre y cargo que responda cuando la infraestructura falle. Sin eso, el comité constituido esta semana es un instrumento de descarga de responsabilidad estatal disfrazado de participación comunitaria. El gobierno del presidente Abinader tiene la costumbre de inaugurar procesos; lo que aún no ha demostrado es la capacidad de sostenerlos cuando las cámaras se van y los vendedores quedan solos con una plaza que mantener sin un centavo asignado para hacerlo.
