Cuando una institución del Estado se convierte en la principal fuente —y al mismo tiempo en la única evaluadora— de sus propios resultados, la cifra deja de ser un dato y pasa a ser un relato. Eso es exactamente lo que ocurre con las deportaciones anunciadas por la Dirección General de Migración (DGM). El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester presentó ante los medios un balance de 670,500 deportaciones ejecutadas entre octubre de 2024 y junio de 2026, en el marco del segundo mandato consecutivo del gobierno actual, iniciado en agosto de 2024. La pregunta que Despertar Matinal se hace no es si la cifra es alta —lo es—, sino si esa cifra, por sí sola, demuestra lo que el funcionario asegura que demuestra: eficiencia, control migratorio y una política de Estado exitosa.
La aritmética oficial del operativo migratorio
Según la información difundida por el propio director en el programa Diálogo Libre, de Diario Libre, la DGM ejecutó 6,535 operativos con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para producir las deportaciones contabilizadas desde octubre de 2024. De ese total, 196,321 personas fueron deportadas solo durante el primer semestre de 2026, un promedio que la institución sitúa cerca de mil interdicciones diarias. El funcionario atribuyó el resultado al fortalecimiento del personal: de 200 agentes migratorios a 1,935 desplegados en el territorio nacional, apoyados por un sistema de comando y control con monitoreo en tiempo real.
El director también reveló, casi de paso, un dato que merece más atención que las deportaciones mismas: entre octubre de 2024 y junio de 2026 la DGM desvinculó a 423 empleados por incumplimientos institucionales, 117 bajo el artículo 84 y 306 bajo el artículo 94 de la Ley de Función Pública. Es decir, mientras la institución exhibe su capacidad de expulsión hacia afuera, ha tenido que depurar internamente a más de 400 de sus propios agentes en apenas veinte meses.
El problema de medirse a sí mismo
El primer eje de análisis es el más elemental: ¿respecto a qué se compara este resultado? La DGM presenta el volumen de deportaciones como prueba de eficacia, pero no ofrece una línea base independiente que permita evaluar si el fenómeno migratorio irregular efectivamente se redujo o si, por el contrario, el aumento de operativos simplemente refleja un aumento proporcional del flujo migratorio que sigue llegando. Un país que expulsa más no es automáticamente un país que controla mejor su frontera; puede ser, con la misma evidencia, un país donde la presión migratoria creció más rápido que la capacidad de contenerla en el punto de entrada.
El segundo eje es el fallo implícito que la propia narrativa institucional revela sin proponérselo. El director admitió que las redes de tráfico de migrantes modifican sus rutas «cuando aumenta la vigilancia en una zona específica», lo que llevó a la institución a adoptar operativos nacionales simultáneos para evitar el llamado «efecto globo». Esa confesión operativa implica que, durante buena parte del período reportado, el propio diseño de los controles migratorios permitió el desplazamiento del problema en lugar de su resolución. Las 670 mil deportaciones no cuentan cuántas personas ingresaron o permanecieron de manera irregular mientras el sistema se adaptaba a esa dinámica.
Una cifra que crece no siempre significa un problema que se reduce; a veces significa un problema que el Estado apenas empieza a medir.
— Despertar Matinal
El tercer eje es la opacidad del dato mismo. Las cifras de deportaciones provienen exclusivamente de la propia DGM, sin auditoría externa disponible al público, sin desglose por nacionalidad, edad o condición jurídica de las personas expulsadas, y sin acceso independiente a los protocolos que, según el funcionario, garantizan el respeto a los derechos fundamentales de mujeres embarazadas, menores y adultos mayores. El director mencionó que la institución mantiene «apertura al diálogo» frente a las críticas de organismos nacionales e internacionales, pero no detalló cuáles observaciones concretas ha recibido ni cómo han sido atendidas. La opacidad no equivale a manipulación, pero sí constituye un vacío que impide a la ciudadanía verificar, con fuentes distintas a la propia institución, si el operativo se ejecuta conforme a la ley.
Nota de Despertar Matinal: Las cifras citadas en este artículo corresponden a declaraciones públicas del director general de Migración y no han sido verificadas de manera independiente por este medio. Presuntas irregularidades o vulneraciones a derechos fundamentales durante los operativos no han sido confirmadas judicialmente al cierre de esta edición.
El número no cierra el debate
Las 670,500 deportaciones anunciadas no son, por sí solas, ni una prueba de éxito ni una prueba de fracaso: son un dato que necesita contexto para tener significado. El propio Estado que ejecuta el operativo es también el único que decide qué cifras publicar, cómo enmarcarlas y qué preguntas dejar sin respuesta. Mientras eso no cambie, cada nueva cifra de deportaciones seguirá funcionando más como comunicado institucional que como evidencia verificable de política pública. ¿Puede un gobierno certificar el éxito de su propia gestión migratoria sin que ningún organismo independiente audite los datos que la sostienen?
Profundiza en el debate político dominicano con nuestra cobertura independiente:
Ver noticias nacionales Análisis político completo
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
