Esmeralda Moronta entró a una dependencia del Estado para pedir protección. Salió hacia su muerte. La joven pastelera de Alma Rosa acudió a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género acompañada de su hija y una amiga. Mientras formalizaba la denuncia contra su expareja, Omar Tejeda Guzmán, este, según versiones de testigos, permanecía en los alrededores del lugar. Al salir, intentó refugiarse en un colmado cercano. Fue alcanzada y asesinada. Tejeda se quitó la vida después. El Estado, de nuevo, llegó tarde.
Este crimen no es un accidente. Es, según un patrón que se repite con alarmante frecuencia en el país, el resultado de protocolos insuficientes, seguimiento inexistente y una arquitectura institucional que recibe las denuncias pero carece de mecanismos eficaces para garantizar que la mujer que sale de esa oficina llegue a su casa con vida.
Lo que la psiquiatría sabe y el sistema judicial ignora
La médico psiquiatra Rosaura Holguín ha señalado que existen factores de riesgo clínicamente identificables que, evaluados de manera profesional y estructurada, pueden anticipar situaciones de peligro extremo en relaciones violentas. No son señales infalibles, advierte ella misma, pero sí constituyen indicadores que deben activar mecanismos de protección inmediata. El problema está en que, según expertos consultados en casos similares, el sistema judicial dominicano carece de un protocolo de valoración del riesgo de feminicidio integrado de forma obligatoria en la atención a víctimas.
«Estos ítems por sí solos no garantizan que se cometerá un feminicidio, pero nos dan pautas sobre los pasos a seguir si identificamos estos factores.» — Dra. Rosaura Holguín, psiquiatra.
☉ 10 señales de alerta identificadas por la especialista
- Historial de violencia previa en la relación o en relaciones anteriores
- Consumo de alcohol o sustancias psicoactivas por parte del agresor
- Trastornos de personalidad como psicopatía o narcisismo maligno, diagnosticados o evidentes en conducta
- Celos patológicos que se expresan como vigilancia, acoso o control obsesivo
- Necesidad de aislar a la pareja de su entorno familiar y social
- Conductas de control sobre el dinero, la movilidad o las decisiones de la víctima
- Porte o acceso a armas de fuego
- Amenazas explícitas o veladas de muerte o daño físico
- Antecedentes de órdenes de alejamiento incumplidas o ignoradas
- Escalada reciente de la violencia, especialmente tras una separación o denuncia formal
Cuatro años y medio de gobierno: ¿qué se construyó?
El gobierno del presidente Luis Abinader cumplirá en agosto de 2024 —según su propio calendario institucional— cuatro años en el poder. Durante ese período, las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones el compromiso de fortalecer los mecanismos de protección a víctimas de violencia de género. Se han anunciado reformas protocolares, ampliaciones presupuestarias en la Procuraduría especializada y campañas de sensibilización. Sin embargo, la pregunta que el caso Moronta vuelve a instalar es la misma de siempre: ¿cuánto de ese discurso se tradujo en procedimientos concretos y medibles?
De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, República Dominicana registró decenas de feminicidios en los últimos años, muchos de ellos precedidos por denuncias formales. El patrón es consistente: la mujer denuncia, recibe una orden de protección, y el Estado no da seguimiento activo al caso. No existe —o no se aplica con carácter universal— un sistema de evaluación de riesgo que obligue a tomar medidas diferenciadas cuando el perfil del agresor presenta indicadores de peligro extremo, como los que describe la psiquiatra Holguín.
De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, República Dominicana registró decenas de feminicidios en los últimos años, muchos de ellos precedidos por denuncias formales. El patrón es consistente: la mujer denuncia, recibe una orden de protección, y el Estado no da seguimiento activo al caso. No existe —o no se aplica con carácter universal— un sistema de evaluación de riesgo que obligue a tomar medidas diferenciadas cuando el perfil del agresor presenta indicadores de peligro extremo, como los que describe la psiquiatra Holguín.
De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, República Dominicana registró decenas de feminicidios en los últimos años, muchos de ellos precedidos por denuncias formales. El patrón es consistente: la mujer denuncia, recibe una orden de protección, y el Estado no da seguimiento activo al caso. No existe —o no se aplica con carácter universal— un sistema de evaluación de riesgo que obligue a tomar medidas diferenciadas cuando el perfil del agresor presenta indicadores de peligro extremo, como los que describe la psiquiatra Holguín.
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⚠ Si usted o alguien que conoce enfrenta una situación de violencia de género, puede contactar la Línea de Orientación y Denuncia: 809-200-1333 (Procuraduría General de la República).
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