Otra reunión, otro discurso sobre el futuro. La Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa volvió a sentar en la misma mesa a comunicadores, académicos y formadores de opinión para hablarles de una reforma educativa que, hasta ahora, existe sobre todo en el lenguaje de los funcionarios. El Decreto 309-26 le dio forma institucional al proceso; la pregunta que Despertar Matinal insiste en hacer es si le dará también forma presupuestaria, temporal y legal. Porque en la República Dominicana, la diferencia entre una consulta que transforma el sistema educativo y una que solo lo retrata en un informe de gestión, casi siempre está en los números que nadie menciona en el evento.
6,000+
participantes en las consultas territoriales, según el MINERD
Cifra oficial no desglosada por presupuesto asignado al proceso
El encuentro con líderes de opinión forma parte de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, un proceso creado mediante el Decreto 309-26 que busca recoger insumos de distintos sectores para diseñar una propuesta de reforma educativa de largo plazo. Según lo informado por el propio Ministerio de Educación (MINERD), la semana pasada concluyeron las consultas territoriales, en las que más de 6,000 participantes expresaron opiniones y sugerencias en distintos puntos del país.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, planteó que la transformación educativa debe partir de una reflexión nacional sobre qué país aspira a construir República Dominicana en las próximas décadas, y sostuvo que el propósito trasciende la reorganización institucional para centrarse en ampliar oportunidades mediante educación de mayor calidad. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badía, complementó el planteamiento al destacar la necesidad de articular la educación preuniversitaria con la superior, la investigación científica y la innovación.
Los objetivos declarados de la consulta incluyen definir los elementos de una educación orientada al futuro, revisar alternativas institucionales para fortalecer el sistema, promover una reforma curricular y organizativa, y elaborar una propuesta de legislación educativa. Son objetivos amplios, correctos en el papel, y comunes a prácticamente todos los procesos de reforma educativa lanzados en el país en las últimas dos décadas.
«Necesitamos materializar esta transformación educativa para que lo que se genere en las personas, además de lo humano, también sea su capacidad de producción.»
— Luis Miguel De Camps, ministro de Educación
El problema no es la existencia de la consulta. El problema es lo que la consulta no contiene. Ni el Decreto 309-26, ni las declaraciones del ministro De Camps, ni el resumen oficial del encuentro con líderes de opinión mencionan una cifra de inversión, un cronograma de implementación o un mecanismo legal que obligue al Estado a ejecutar lo que resulte del proceso. Se habla de «consenso» y «propuesta basada en evidencia», pero no se explica qué ocurre si esa propuesta no se convierte en política pública antes de que termine el actual período de gobierno.
Esta omisión no es menor. La Ley General de Educación 66-97 ya establece que el gasto público en educación debe alcanzar al menos el 4% del PIB, un mandato que sucesivos gobiernos —incluido el actual, en su primer período (2020-2024) y en el segundo, iniciado en agosto de 2024— han cumplido de forma irregular según distintos informes de seguimiento presupuestario. Si la base legal para financiar la educación dominicana ya existe desde 1997 y su cumplimiento ha sido intermitente, cabe preguntar qué garantiza que una nueva reforma, nacida de una consulta sin cifras públicas, correrá una suerte distinta.
Tampoco se abordó en el encuentro un asunto que Despertar Matinal ha documentado en coberturas previas sobre el MINERD: el rezago en infraestructura escolar. Una reforma curricular y organizativa de fondo requiere aulas, conectividad y condiciones físicas mínimas en los centros educativos. Sin ese componente explícito en la hoja de ruta presentada a los comunicadores, la transformación educativa corre el riesgo de quedar reducida a un ejercicio discursivo de participación, más útil como narrativa política que como política de Estado.
Dato clave: la Ley General de Educación 66-97 exige destinar al menos el 4% del PIB a educación desde hace más de dos décadas. Ninguna comunicación oficial sobre la nueva reforma educativa ha vinculado el proceso con ese mandato legal ya existente.
Hay que reconocer el mérito metodológico de haber consultado a más de 6,000 personas en el territorio. Pero la legitimidad de un proceso de consulta no depende solo de cuánta gente participó, sino de si sus aportes tienen algún mecanismo vinculante de retorno. Sobre eso, ni el MINERD ni el MESCYT han ofrecido precisión alguna hasta el cierre de esta nota.
La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana ha logrado, hasta ahora, reunir voces. Lo que todavía no ha logrado —o no ha mostrado públicamente— es traducir esas voces en un compromiso verificable: cuánto costará la reforma educativa, quién la pagará y qué pasa si el próximo cambio de gestión decide archivarla, como ha ocurrido con reformas educativas anteriores en el país. Mientras esa información no se publique, la diferencia entre reformar el sistema educativo dominicano y solo hablar de reformarlo seguirá siendo, sobre todo, una cuestión de fe en la palabra oficial.
Blindaje jurídico
Este análisis se basa en declaraciones oficiales del Ministerio de Educación (MINERD) y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), así como en el contenido público del Decreto 309-26. Las observaciones sobre ausencia de cifras presupuestarias o cronogramas responden a lo no informado hasta la fecha de publicación, sin que ello implique una acusación de incumplimiento, la cual solo podría establecerse con la propuesta final de reforma en mano.
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